Derwick Associates, la empresa energética involucrada en un megaescándalo de corrupción, cobró de más al Estado venezolano hasta $2.933 millones según estimaciones del experto en energía José Aguilar. En una entrevista con INFODIO, Aguilar argumentó que Derwick Associates es la «punta del iceberg» en una estafa considerablemente mayor que podría haberle costado a Venezuela más de $23 mil millones. Aguilar nombró nombres de corporaciones internacionales que participan en el esquema: IMPSA de Argentina, IBERDROLA y Duro Felguera de España, Alstom de Francia, CMEC y Sinohydro de China, Ferroostaal de Alemania, TSK de Tailandia, así como la estadounidense Waller Marine. En todos los proyectos en los que han participado las empresas mencionadas y un sinfín de socios locales, la sobrefacturación pasa de un 48% a un 515% según Aguilar.
Aguilar ha identificado 40 proyectos, que luego se desglosan en: potencia anunciada en megavatios, costos anunciados, precio internacional justo, porcentaje de sobreprecio, fecha prometida de finalización del proyecto, contratista/s, si el proyecto está operando, megavatios disponibles/no disponibles, megavatios pendientes , y retraso en el número de meses desde que se anunció la finalización del proyecto. Hace una copia impactante, desde la tasa de entrega del 0% de IMPSA en Tocoma casi seis años después de que el proyecto debería haberse completado hasta el retraso de 24 meses de CMEC en la Planta Centro en Carabobo.
Aguilar utilizó algunas fuentes oficiales (PDVSA, CORPOELEC, Ministerios de Industrias Básicas y Energía Eléctrica) en sus cálculos. Afirma que el régimen de Chávez implementó una política de secretismo, mediante la cual las estadísticas publicadas son totalmente poco confiables, opacas o, simplemente, inexistentes. A modo de ejemplo, Aguilar mencionó que está al tanto de Planta Centro gracias a las imágenes y documentos filtrados que sus fuentes envían regularmente. Él cree que hay un propósito en tal política, que es evitar la responsabilidad de cualquier tipo, o cualquier contraargumento con el que los expertos en energía puedan confrontar al gobierno. Aguilar continuó diciendo que 2008 fue el último año en el que se pudo tener un informe parcial de la situación energética de Venezuela, mientras que el último informe completo fue publicado en 2007 sin definir, por CAVEINEL, una antigua asociación comercial independiente que fue absorbida por Chávez. régimen.
Además, la Oficina de Operación de Sistemas Interconectados (OPSIS) de Venezuela solía producir un boletín mensual, que era una fuente de lectura obligada para Aguilar y otros expertos, pero eso también se suspendió en 2010, poco después de que Ali Rodríguez Araque asumiera el Ministerio. de Energía Eléctrica. Aguilar explicó además que el art. 108 de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico de Venezuela y tipifica como ilegal -con prisión de 8 a 16 años- revelar información sobre el sistema eléctrico del país. Con respecto a esta ley, Aguilar dijo que un condenado por violación puede recibir un máximo de 14 años, mientras que aquellos que publican asuntos relacionados con la situación del poder pueden recibir un máximo de 16 años.
Aguilar dijo que IMPSA, que estima cobró a Venezuela en más de $7 mil millones solo en Tocoma, logró entrar también en un proyecto en Guri II (Represa Guri). Aguilar duda que IMPSA tenga el conocimiento y la capacidad técnica para realizar tal obra, dijo “Cuestiono que IMPSA tenga la capacidad para ejecutar una obra tan extraordinariamente compleja, como lo requiere Guri, cuyas características son únicas en el mundo”. Otros expertos estuvieron de acuerdo. A pesar de todas las buenas relaciones públicas en torno al jefe de IMPSA, Enrique Pescarmona, la razón por la que IMPSA logró todos estos acuerdos podría ser la amistad de Hugo Chávez con Néstor y Cristina Kirchner. Aguilar cree que las manos de Alí Rodríguez Araque están en todas estas estafas.
Lo impactante es que, a pesar de haber asignado, o ya gastado, más de $23 mil millones, la situación energética no está ni remotamente resuelta. Si bien a Derwick Associates, IPMSA y el resto básicamente se les ha permitido saquear Venezuela, Aguilar concluye que la situación solo puede empeorar, dada la forma irresponsable en que se han adjudicado contratos a equipos dudosos o simplemente incapaces que carecen de conocimientos técnicos. .