Por Roberto Deniz | Opinión
The Washington Post
Venezuela parece transitar su propia perestroika, una reestructura económica aplicada por el entonces presidente ruso Mijail Gorvachov que abrió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) al mercado occidental y que después llevó a la caída del sistema socialista.
A su manera y tras consolidar su poder político, Nicolás Maduro torea el dogma del llamado “socialismo del Siglo XXI”, donde el Estado tomó el control de muchas empresas y gestionaba los beneficios de estas en favor de la sociedad. Un modelo abanderado durante años por su predecesor, Hugo Chávez, y que a la postre provocó un colapso económico del que Venezuela aún no se recupera.
En mayo pasado, Nicolás Maduro anunció que pondría a la venta entre 5% y 10% de las acciones de compañías públicas otrora nacionalizadas por Chávez como la empresa de telecomunicaciones Cantv o el Banco de Venezuela.
Ya no solo se trata de la circulación de facto del dólar como moneda corriente allí donde, durante más de una década, imperó un férreo cepo cambiario o de la flexibilización del control de precios que imponía el gobierno. Tampoco es la proliferación de los llamados “bodegones”, surtidos con toda clase de productos importados en las mismas calles donde hace pocos años se repetían las interminables colas para comprar lo básico, o del resurgir de los casinos clausurados en su momento por el propio Chávez.
Maduro ahora también le abre la puerta al capital. “Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas, necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados”, dijo hace pocas semanas al anunciar la apertura de las empresas.
Cantv y el Banco de Venezuela fueron, precisamente, dos de las estatizaciones más emblemáticas en 2007, año en el que Chávez comenzó una frenética política de expropiaciones. También fueron dos de las más costosas para el país: por la empresa telefónica Cantv Venezuela pagó a la norteamericana Verizon, que tenía el mayor paquete de acciones, 572 millones de dólares, mientras que, por el Banco de Venezuela, el desembolso ascendió a 1,050 millones de dólares al español Grupo Santander.
Tras la muerte de Chávez, en marzo de 2013, Maduro se proclamó defensor del “legado” del comandante. Incluso, en plena campaña electoral contra Henrique Capriles, puso como ejemplo del “socialismo chavista” a la propia Cantv. “Él (Hugo Chávez) fue el creador, el recuperador de Cantv (…) Puro socialismo bolivariano, puro socialismo chavista”, dijo mientras los trabajadores de la compañía elevaban al cielo con globos rojos un cheque simbólico con los dividendos de 2012 en homenaje a Chávez.
15 años después, y tras siete años consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto, aquellos globos y el propio modelo se desinflaron. Buena parte de esas compañías son ineficientes, tienen nóminas abultadas tras años de politización y acumulan pérdidas económicas que hacen imposible cualquier reinversión, tal y como Cantv, que a diario es noticia por las fallas en sus servicios de telefonía e internet.
Es en ese contexto, agravado por la presión de las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos contra el régimen de Caracas, y después de años de hostilidad contra el sector privado, que Maduro llama al capital. Para algunos su frase anuncia, incluso, una especie de cisma. “Ha muerto definitivamente el socialismo del siglo XXI”, sentenció José Guerra, académico, economista y exdiputado de oposición.
Aunque es pronto para ese decreto, la frase de Maduro llamando a los inversionistas es la declaración formal sobre algo que viene ocurriendo de forma discrecional y en total opacidad: el reparto de activos estatales quebrados a empresarios cercanos al poder político.
Uno de los primeros ejemplos ocurrió con la red estatal de Abastos Bicentenario, surgida de una expropiación en 2010 de los activos en Venezuela del francés Grupo Casino, que poseía las tiendas Éxito y una de las cadenas de supermercados más importantes del país. En 2016, Maduro afirmó que la compañía se “pudrió” por la corrupción y un año después buena parte de los establecimientos pasaron a manos privadas. En esa oportunidad el beneficiario fue el empresario colombiano y gran contratista Alex Saab, en espera de juicio en un tribunal de Florida por una acusación de lavado de dinero en 2019, pero a quien el gobierno de Maduro defiende como “diplomático venezolano” tras su detención en Cabo Verde hace exactamente dos años.
Los hermanos Majed y Khaled Khalil, otros viejos contratistas del chavismo, también han recibido bajo la figura de “alianza estratégica” activos industriales como el de Lácteos Los Andes, compañía expropiada por Chávez en 2008. En los sueños estatistas del comandante, allí debieron producirse los famosos helados de la marca cubana Coppelia, algo que nunca ocurrió.
Los años de hostilidad al sector privado, más esos antecedentes inmediatos, hacen sospechar a algunas voces que detrás de la oferta de acciones de las compañías estatales hay un plan para ahora repartir activos a precios de “gallina flaca” a los amigos del poder, como alertó el dirigente opositor Julio Borges en una columna de opinión en el diario colombiano El Espectador. “Lo más seguro es que quienes terminen adquiriendo estas empresas sean miembros de la nueva élite empresarial creada por el régimen de Maduro. Sujetos que poseen una silueta similar a los oligarcas rusos y son manifestación nítida de lo que llamaría capitalismo mafioso y salvaje”, advirtió Borges.
Recientemente el gobierno ha tenido guiños con sectores empresariales tradicionales como a la constructora del grupo Cohen, al que devolvieron un inacabado centro comercial en el centro de Caracas que Chávez también expropió en su momento, y que constituye hasta ahora el único caso en que han devuelto activos a sus dueños originales. A la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, también se le ha visto en eventos de gremios empresariales tradicionales como Fedecámaras y Consecomercio, los cuales han suavizado el tono de sus críticas al gobierno, pero nada hace suponer que esté planteado un amplio plan de reformas económicas, un verdadero cambio en el marco regulatorio o que Maduro vaya más allá de ese capitalismo de amigos o de tolerancia económica que ha puesto en práctica.
Eso sí, siempre en nombre del “legado” de Hugo Chávez.