Un nuevo acuerdo firmado entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la empresa estadounidense Erepla ha reavivado el debate sobre la opacidad, los riesgos y las implicaciones geopolíticas que rodean a la industria petrolera venezolana. Aunque se presenta como una apuesta para revitalizar la producción nacional, el pacto plantea serias interrogantes sobre su legalidad, transparencia y beneficios reales para el país.
Una sociedad inesperada
En diciembre, Pdvsa anunció un acuerdo con Erepla Services LLC, una empresa con apenas dos meses de existencia, registrada en el estado de Delaware y vinculada a Harry Sargeant III, empresario ligado al Partido Republicano de Florida. A través del convenio, Erepla planea invertir hasta 500 millones de dólares para operar tres campos petroleros estratégicos: Tía Juana Lago y Rosa Mediano (ubicados en el Lago de Maracaibo), y Ayacucho 5, en la Faja del Orinoco. La agencia Reuters reveló la noticia y dio detalles sobre
El potencial de producción combinado de estos yacimientos supera los 240.000 barriles diarios, una cifra que podría aportar algo de oxígeno a una industria colapsada por años de mala gestión, sanciones internacionales y fuga de talento.
Un modelo que rompe esquemas
A diferencia de los esquemas tradicionales de empresas mixtas, donde Pdvsa retiene el control operativo, Erepla asumirá lo que se ha denominado una “participación gerencial” junto con una estructura de pago innovadora, cuyos detalles no han sido divulgados públicamente. La compañía también será responsable de las adquisiciones necesarias para operar los campos, informó Reuters.
Inversión sin trayectoria
El punto más controvertido es la propia naturaleza de Erepla. A pesar de su compromiso financiero, no existe evidencia pública de que la empresa tenga experiencia en operaciones petroleras de gran escala. La empresa afirma tener “serias y significativas capacidades” en la producción y refinación de crudo pesado, pero su creación reciente y la falta de antecedentes la convierten en un actor desconocido en un sector de alta complejidad técnica.
Analistas energéticos y fuentes del sector advierten que este vacío de experiencia, sumado al deterioro de la infraestructura petrolera venezolana, podría comprometer la viabilidad del proyecto.
Sanciones y conexiones políticas
Otro escollo importante es el marco legal. Desde 2017, las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prohíben a empresas norteamericanas realizar negocios con entidades estatales venezolanas sin una licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Erepla ha solicitado esta autorización, pero hasta ahora su aprobación no ha sido confirmada.
La conexión política del empresario Harry Sargeant III con figuras del Partido Republicano genera suspicacias adicionales. Algunos observadores ven en esta operación un intento de aprovechar vínculos partidistas para sortear las restricciones legales, o incluso influir en decisiones regulatorias clave.
El acuerdo es interpretado como un intento de tender puentes entre intereses económicos estadounidenses y el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto donde las sanciones no han logrado un cambio político significativo.
Tomado de El polémico acuerdo entre Pdvsa y Erepla: inversión millonaria y opacidad