VenePirámides
La reforma de la Ley del Mercado de Valores se ha convertido en una fuerte preocupación para la nueva Superintendencia Nacional de Valores y para el Ministerio de Planificación y Finanzas que no han logrado reorganizar el sistema en vista de las lagunas legales que la normativa presenta; situación que ha retardado la elaboración del reglamento.
Las casas de bolsa y sociedades de corretaje que siguen intervenidas no tienen conocimiento formal de cuál será su destino. Extraoficialmente se supo que Tomás Sánchez, Superintendente Nacional de Valores, aseguró que serían liquidadas aún cuando no se les encontrara ninguna irregularidad, lo que ha motivado que las demás empresas que prestaban funciones en el desaparecido Mercado de Capitales sospechen que ese también será su destino.
En el caso de Econoinvest, la casa de bolsa más grande que había en el país, la junta interventora finalmente autorizó la semana pasada el traslado de los títulos a la Caja Venezolana de Valores, pero los clientes todavía no saben con exactitud cuál es el mecanismo para recuperar sus inversiones. También debido a la lentitud del proceso a los ex empleados de la institución no les han cancelado los compromisos laborales.
Muchas licencias para operar casas de bolsa y sociedades de corretaje continúan vigentes, pero al parecer estas instituciones no tienen interés en continuar operando bajo el nuevo régimen legal, el cual estipula que en caso de que el Ejecutivo decida intervenirla, el directivo es el responsable (aún cuando no sea el dueño) y debe responder con su patrimonio.
Trascendió que las únicas casas de bolsa que quedarán en funcionamiento serán las de la banca, pues el Gobierno, incluso con la reforma de la ley, necesita dejar una ventana abierta para que estas entidades puedan colaborar con ellos en la colocación de bonos; de eliminarse los bancos se quedarían sin la estructura y el personal requerido para llevar a cabo estas operaciones, según reportó el diario El Nacional (por suscripción).
Una fuente del sector, que pidió no mencionar su nombre, dijo que existen «algunos baches» dentro de la legislación, pues la ley excluye los papeles del Estado. De manera que cuando se cree la esperada Bolsa Pública cualquier institución financiera puede venderle un título de la República a otra sin tener que pasar por el corro estatal.
Esto beneficia los bancos, porque a fin de mes podrían colocar en sus balances los precios de los bonos. Esto indica que para poder poner en funcionamiento la normativa se debe reformar otra vez, agregó.
El proceso ha reflejado un gran desorden en los organismos encargados de liderar los cambios. La papelería y los funcionarios que acuden a las casas de bolsa y sociedades de corretaje siguen haciéndolo a nombre de la extinta Comisión Nacional de Valores. Su portal en Internet también continúa sin variante alguna.