El gobierno anunció el viernes la “intervención a puertas abiertas” de los bancos Canarias, Confederado, Bolívar y ProVivienda (Banpro), luego de determinar que esas entidades incumplieron una serie de normativas.
El ministro de Economía y Finanzas, Alí Rodríguez, dijo en conferencia de prensa que las autoridades decidieron la “intervención a puertas abiertas” de los cuatro bancos por “un conjunto de incumplimientos” relacionados con el “aumento de capital sin especificar el origen de los fondos”, el incumplimiento de los “indices de solvencia” y de “carteras dirigidas”, y la “prohibición de realizar operaciones con empresas vinculadas”.
Al explicar las razones que llevaron al gobierno al intervenir las cuatro entidades, el ministro indicó que es “obligatorio para las instituciones del Estado garantizar el origen de esos fondos” cuando se compran bancos y afirmó que en los casos de bancos Canarias, Confederado, Bolívar y Banpro, esa exigencia no se cumplió.
Las cuatro entidades fueron adquiridas entre septiembre y octubre por un grupo de inversionistas encabezados por el empresario local Ricardo Fernández, quien mantiene negocios en el área de alimentos y vende productos a la red de mercados estatales Mercal.
“Las autoridades dictaron un conjunto de orientaciones, de medidas, de exigencias, que fueron sistemáticamente incumplidas”, señaló el ministro al justificar las intervenciones, y agregó que el pase de estos bancos a manos del Estado permitirá “corregir los problemas que han presentado”.
Rodríguez aseguró que a pesar de las intervenciones “las operaciones se mantienen normalmente” en los bancos.
El superintendente de Bancos, Edgar Hernández, dijo a la prensa estatal que las instituciones intervenidas “desde finales del año 2008 tenían impuestas medidas administrativas por el incumplimiento de algunos de los indicadores” que implicaban prohibiciones para “distribuir dividendos entre los accionistas, darse créditos entre empresas relacionadas”, y aseguró que las regulaciones fueron incumplidas.
Las intervenciones de los bancos y las designaciones de las juntas interventoras entraron en vigencia el viernes luego de su publicación en la Gaceta Oficial.
En el caso del Confederado, la Superintendencia de Bancos informó, a través de la Gaceta, que esa institución incumplió las regulaciones al “conceder financiamiento con sobregiro” a Ricardo Fernández, accionista del banco, y adquirir certificados de participación por unos 283,7 millones de dólares de las empresas Inverfactoring C.A. y Activos Corporativos AG.
Bolívar y Banpro también desacataron la regulación al financiar con sobregiros a Fernández y comprar certificados de Inverfactoring y Activos Corporativos AG por unos 269,76 millones de dólares y 289,76 millones de dólares, respectivamente.
Asimismo, Banpro incumplió una medida administrativa que tenía desde el 2008 y que le impedía comprar Canarias mientras resolvía sus problemas patrimoniales.
De igual forma Canarias desobedeció una orden de la Superintendencia al celebrar un fideicomiso con la firma Total Venezuela y ejecutar operaciones bursátiles con U21 Casa de Bolsa, empresa relacionada con el banco.
Los cuatro bancos intervenidos son de tamaño pequeño y apenas manejan en su conjunto 5,74% del total de depósitos del sistema, y 5,27% de los créditos totales, según balances de la Superintendencia de Bancos.
El Banco Canarias posee un plantel de 1.386 empleados y 92 oficinas, BanPro tiene 837 trabajadores y 59 oficinas, Confederado dispone de 773 empleados y 53 agencias, y Bolívar tiene 283 trabajadores y 22 oficinas.
El presidente del Consejo Bancario Nacional, el banquero Víctor Gill, manifestó el viernes el respaldo de la banca local a las intervenciones, y expresó que el gobierno tomó la medida para proteger a los depositantes.
Durante este año el gobierno del presidente Hugo Chávez realizó las intervenciones de Stanford Bank S.A. y del estatal Banco Industrial de Venezuela, y compró el Banco de Venezuela al grupo español Santander por 1.050 millones de dólares.
Luego de su intervención en febrero pasado Stanford Bank S.A., que pertenecía al banquero tejano Robert Allen Stanford, que resultó implicado en un caso de fraude, fue vendido tres meses después a la entidad local Banco Nacional de Crédito por unos 111,6 millones de dólares.