Por Lola Solís
En la madrugada del 1 de agosto de 1980, España se estremeció con la noticia de que el marqués y la marquesa de Urquijo habían sido asesinados a tiros en su cama, en su lujosa residencia de Somosaguas, cerca de Madrid. El crimen, que parecía obra de profesionales, no tenía móvil aparente, pues los asaltantes no se llevaron nada de valor. El caso se convirtió en uno de los más mediáticos y escandalosos de la historia reciente del país, y reveló los secretos y las intrigas de la alta sociedad.
El yerno, el fugitivo y el encubridor
La investigación policial pronto se centró en el yerno de las víctimas, Rafael Escobedo, quien mantenía una relación conflictiva con sus suegros por su matrimonio con Miriam de Urquijo. Escobedo fue detenido y confesó ser el autor material del doble homicidio, junto con un amigo suyo llamado Mauricio López-Roberts y Melgar, marqués de la Torrehermosa. Según su versión, López-Roberts le prestó el arma con silenciador y le facilitó el acceso a la casa. Sin embargo, Escobedo se retractó posteriormente de su declaración y acusó a otro amigo suyo, Javier Anastasio, de ser el verdadero cómplice. Anastasio logró escapar a Brasil antes de ser arrestado, y luego se perdió su rastro hasta que el delito prescribió. López-Roberts fue condenado a 10 años por encubrimiento, pero salió en libertad condicional en 1986, según la estación colombiana La W Radio.
La hija del marqués que «lo perdió todo»
Macarena López-Roberts era una niña de 12 años cuando ocurrió el crimen que cambió su vida para siempre. Hija del marqués de la Torrehermosa y sobrina del presunto coautor del asesinato, Macarena sufrió las consecuencias económicas y sociales de la tragedia. Tuvo que abandonar los colegios más prestigiosos y solicitar becas para continuar sus estudios. Muchos de sus amigos se alejaron de ella por el estigma que pesaba sobre su familia. Además, tuvo que soportar que el caso fuera objeto de películas, series y documentales que la señalaban como la hija del encubridor.
Una vida profesional exitosa y una lucha por el derecho al olvido
A pesar de las adversidades, Macarena López-Roberts logró construir una carrera profesional. Se especializó en marketing y dirección comercial, y trabajó para grandes medios de comunicación y empresas como Google, Microsoft, Disney y 20th Century Fox, entre otras. También escribió un libro junto con la periodista Angie Calero, titulado “Honor: Las otras víctimas del crimen de los marqueses de Urquijo”. En el libro, Macarena reivindica la memoria de su padre y defiende su derecho y el de su familia a no vivir bajo la sombra de un crimen ocurrido hace 43 años. Además, Macarena es socia y vicepresidenta de RepScan, una empresa que usa la tecnología para borrar o sepultar antecedentes de personas en redes sociales y buscadores de internet.
El crimen de los marqueses de Urquijo, 42 años de misterio y polémica
El 1 de agosto de 1980 se cometió uno de los asesinatos más mediáticos y controvertidos de la historia reciente de España: el crimen de los marqueses de Urquijo. Manuel de la Sierra y Torres y María Lourdes de Urquijo y Morenés fueron hallados muertos en su domicilio de Somosaguas, en Madrid, con sendos disparos en la cabeza. El caso, que conmocionó a la sociedad española, sigue rodeado de incógnitas y sospechas, pese a que hubo un único condenado: Rafael Escobedo Alday, el yerno de las víctimas.
Marqueses de Urquijo
Los hechos
Según la versión oficial, la noche del crimen, Rafael Escobedo se presentó en la casa de los marqueses acompañado por su amigo Javier Anastasio de Espona. Escobedo se había separado seis meses antes de Miriam de la Sierra y Urquijo, hija mayor de los marqueses, con quien se había casado en 1978. Miriam había iniciado una relación con Richard Dennis Rew, conocido como Dick el Americano, su jefe en la empresa Golden Paradise.
Rafael Escobedo
Subieron al dormitorio principal, donde dormían los marqueses, y Escobedo habría disparado a sus suegros mientras dormían. Los dos jóvenes habrían huido luego del lugar sin dejar rastro. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por la criada dominicana a las 9 de la mañana.
La investigación
La investigación del crimen estuvo plagada de irregularidades y contradicciones desde el principio. Los casquillos de las balas desaparecieron misteriosamente. El arma homicida nunca fue encontrada. Los sospechosos viajaron a Londres al día siguiente del crimen.
El principal sospechoso desde el primer momento fue Rafael Escobedo, quien tenía un móvil evidente: el odio hacia sus suegros, que se habían opuesto a su matrimonio con Miriam. Escobedo fue detenido el 8 de abril de 1981, tras encontrarse unos casquillos en una propiedad de su padre que parecían coincidir con los del crimen.
El juicio
El juicio por el crimen se celebró entre junio y julio de 1983. La fiscalía pidió 53 años de prisión para Rafael Escobedo como autor material del doble asesinato, y 26 años para Javier Anastasio como cómplice necesario. La defensa alegó que Escobedo era inocente y que había sido víctima de una conspiración urdida por el entorno financiero y político de los marqueses. La defensa también cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la acusación, como los casquillos o las huellas dactilares.
Javier Anastasio de Espona
El jurado popular declaró culpable a Rafael Escobedo por unanimidad, y lo condenó a 53 años de cárcel. Javier Anastasio fue absuelto por falta de pruebas. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 1985. Escobedo mantuvo siempre su inocencia.
El final
Rafael Escobedo se suicidó en la cárcel de El Dueso el 27 de julio de 1988, a los 33 años de edad. Se colgó con unas sábanas a los barrotes de la ventana de su celda. En la autopsia se detectó la presencia de cianuro puro en sus pulmones, lo que hizo sospechar que fue envenenado antes de ser ahorcado. Dos semanas antes de su muerte, había concedido una entrevista al periodista Jesús Quintero para el programa El perro verde de Televisión Española, en la que reiteró su inocencia y acusó a Javier Anastasio y a otras personas de estar implicadas en el crimen.
Rafael Escobedo
El crimen de los marqueses de Urquijo sigue siendo un caso abierto para muchos, que creen que hay más responsables que no han sido juzgados ni identificados. Algunas teorías apuntan a que el crimen fue un ajuste de cuentas por motivos económicos o políticos, relacionado con el Banco Urquijo o con la Transición española. Otras teorías señalan a otros posibles autores o cómplices del crimen. Todas estas teorías carecen de pruebas concluyentes y se basan en especulaciones o testimonios poco fiables.
López-Roberts, el encubridor del crimen de los marqueses de Urquijo
Uno de los implicados en el caso fue Mauricio López-Roberts y Melgar, marqués de Torrehermosa, que fue condenado en 1990 a 10 años y un día de prisión como encubridor del doble asesinato. López-Roberts murió en 2014 a los 72 años.
Mauricio López-Roberts y Melgar
La confesión que reabrió el caso
López-Roberts fue amigo y socio de Rafael «Rafi» Escobedo, ex marido de Miriam de la Sierra, hija de los marqueses. Escobedo fue detenido en 1981 como autor material del crimen y condenado en 1984 a 53 años de cárcel. En 1988, Escobedo apareció ahorcado en su celda del penal de El Dueso (Cantabria), donde cumplía condena.
López-Roberts le había prestado 25.000 pesetas a Javier Anastasio, otro amigo de Escobedo implicado en el crimen, para que viajara a Londres el día en que fue detenido Escobedo.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada el 26 de febrero de 1990, consideró probado que López-Roberts supo del crimen por boca de Escobedo y Anastasio, pero no lo denunció a la justicia. Además, le impuso una indemnización de 10 millones de pesetas a cada uno de los hijos de los marqueses.
La fuga y el indulto parcial
Tras su ser imputado, López-Roberts quedó en libertad provisional bajo fianza y obligado a pagar medio millón de pesetas, mientras que Anastasio, quien ingresó en la prisión de Carabanchel. En marzo de 1987, Anastasio fue puesto en libertad provisional y aprovechó para huir de España. En 1990, concedió una entrevista televisiva desde Brasil en la que negó su participación en el crimen. Nunca fue juzgado y la justicia retiró los cargos contra él en 2010 al cumplirse 30 años del crimen.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de López-Roberts el 18 de febrero de 1991. La sentencia señalaba que López-Roberts sabía del crimen de los Urquijo porque se lo habían contado Escobedo y Anastasio, pero no denunció los hechos a la justicia.
Una empresa capaz de «borrar» la verdad de internet
¿Qué pasaría si una empresa pudiera eliminar o esconder de internet cualquier contenido que perjudique la reputación de sus clientes? ¿Qué consecuencias tendría para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Qué tipo de personas y empresas estarían dispuestas a pagar por este servicio? Estas son algunas de las preguntas que surgen al conocer el trabajo que realiza RepScan, una tecnológica española que se dedica a “eliminar o mitigar la reputación negativa y el acoso en el ámbito digital”.
Un negocio basado en la censura
Según una entrevista concedida a EFE por Macarena López-Roberts, socia y vicepresidenta senior de la firma, RepScan cuenta con tecnología propia para detectar y eliminar contenidos negativos en las redes sociales, los motores de búsqueda y los medios de comunicación. La empresa, que en 2022 atendió 700 casos de clientes de 36 países, dice tener un índice de éxito del 89,9 % y un costo accesible.
Macarena López-Roberts
Pero ¿qué criterios utiliza RepScan para determinar qué contenidos son negativos y merecen ser eliminados o relegados? ¿Qué garantías hay de que no se esté vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de quienes publican esos contenidos? ¿Qué mecanismos de control y transparencia existen para evitar abusos y arbitrariedades?
López-Roberts afirma que “nosotros no tapamos los contenidos. No somos hackers, tratamos de ayudar a que la reputación negativa no impida tener una vida normal”. Sin embargo, su argumento se contradice con el hecho de que su empresa ofrece un servicio para retirar o relegar en internet contenidos que hablan de cosas negativas de una persona o una empresa, lo cual implica una forma de censura y manipulación de la información.
Una ética cuestionable
Otro aspecto preocupante del trabajo de RepScan es la ética de defender en algunos casos a personas posiblemente vinculadas a delitos a cambio de dinero. La empresa dice que solo excluye como clientes a los políticos y cargos públicos y a las personas relacionadas con delitos de carácter sexual, racista, xenófobo o religioso (sí a las víctimas). Pero ¿Qué pasa con las personas involucradas en otros tipos de delitos, como corrupción, fraude, evasión fiscal, violencia doméstica o ambiental? ¿No merecen también ser expuestos públicamente sus actos? Se han documentos casos sobre personas que habían estado implicadas en delitos, quienes contrataron a empresas para borrar su pasado de internet y posteriormente continuaron delinquiendo. ¿No es entonces eso una forma de encubrimiento?
López-Roberts defiende que el derecho a la reinserción se debe aplicar también al ámbito digital. Pero este argumento ignora que la reinserción no implica borrar el pasado ni ocultar la verdad, sino asumir las consecuencias y reparar el daño causado. Además, la reinserción debe ser un proceso judicial y social, no un servicio privado y mercantil.
Una generación de contenidos basura
Finalmente, otro efecto negativo del trabajo de RepScan es la generación de contenidos basura en internet. La empresa reconoce que cuando no puede eliminar automáticamente los contenidos negativos con su tecnología, recurre a un “hundimiento”, que consiste en generar contenidos para desplazarlos a las páginas dos y tres de los motores de búsqueda, donde apenas llega el 3 % de la población.
Pero ¿qué tipo de contenidos genera RepScan para lograr este objetivo? ¿Qué calidad y veracidad tienen? ¿Qué fuentes y criterios utiliza? ¿No está contribuyendo así a saturar y contaminar internet con información irrelevante, falsa o manipulada?
Regulación necesaria
A juicio de expertos en comunicación consultados, el servicio ofrecido por RepScan pudiera atentar contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información de los ciudadanos. Recordaron que el trabajo de la empresa se basa en la censura, la ética cuestionable y la generación de contenidos basura. Consideraron que su actividad debería ser regulada y fiscalizada por las autoridades competentes para evitar abusos y arbitrariedades que perjudiquen el interés público y el bien común.
Semanario El Venezolano. Madrid, del 03 al 16 de agosto de 2022