El periodista venezolano Roland Carreño lleva casi tres años detenido en Venezuela, acusado de varios delitos por el régimen, sin que se haya celebrado su juicio ni se haya respetado su derecho a la defensa. Su caso ha sido ignorado por la oposición, especialmente por el partido Voluntad Popular (VP), al que pertenecía como coordinador operativo, y por el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, que manejaba fondos de la ayuda humanitaria que supuestamente fueron desviados por Carreño para su beneficio personal.
Una detención escandalosa
Carreño fue arrestado el 26 de octubre de 2020, en medio de una situación bochornosa que fue difundida por el ministro de Comunicaciones del régimen, Freddy Ñañez. Según una minuta policial que circuló en redes sociales, Carreño fue sorprendido en un vehículo junto a otro hombre, identificado como Yefferson Aguada, practicando actos indecentes en la vía pública, bajo los efectos del alcohol y de una sustancia estimulante sexual utilizada por personas gay conocida como «popper». Al ser abordados por una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Carreño intentó sobornar a los funcionarios con un billete de 50 dólares, pero al revisar el vehículo le encontraron un fusil y 12.000 dólares en efectivo.
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El régimen de Maduro afirmó que Carreño confesó su participación en delitos contra el orden constitucional para alterar la paz de la república y que el dinero y el arma eran parte de un plan para financiar acciones violentas en el país. Además, mostró un video en el que Carreño admitía su rol en una trama para desfalcar a Venezuela con millones y millones de dólares, a través de un organismo creado inicialmente para ayudar a personas con problemas de salud.
Una acusación sin pruebas
El abogado defensor de Carreño, Joel García, denunció que su cliente fue víctima de una detención arbitraria y que el fusil le fue sembrado por agentes policiales, que se lo llevaron al comando de la PNB. García aseguró que Carreño es inocente y que su arresto se debió a un acta firmada por un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, en un procedimiento irregular y sin testigos.
En diciembre de 2020, el Ministerio Público presentó formalmente una acusación contra Carreño por cuatro presuntos delitos: conspiración, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de guerra y asociación para delinquir. Sin embargo, hasta la fecha no se ha celebrado su juicio ni se han presentado las pruebas que sustenten los cargos. Por el contrario, se ha producido una serie de retardos y aplazamientos procesales que han impedido el acceso a la justicia y han prolongado la situación de reclusión del periodista.
Una indiferencia cómplice
Lo más lamentable del caso de Carreño es la indiferencia y el silencio cómplice que ha mostrado la oposición venezolana, especialmente el partido VP y el llamado gobierno interino de Guaidó. A diferencia del partido chavista PSUV, que ha defendido con vehemencia a su «enviado especial», el colombiano Alex Saab y lo ha puesto como condición en cualquier mesa de negociación, la oposición ha dejado solo a Carreño y no ha hecho ningún esfuerzo por exigir o negociar su liberación.
Carreño no era cualquier persona dentro de VP. Era secretario nacional de la organización y uno de los principales operadores financieros del partido. Era íntimo del exdiputado Marco Aurelio Quiñones – alfil de Guaidó – y del hermano chef de este, con quienes participó en veladas gastronómicas gourmet y en actividades en Puerto Cabello destinadas a la recepción de la ayuda humanitaria. Era también el «ministro de alcoba» de Guaidó y de Leopoldo López. Carreño también se encargó varias veces de acompañar y asesorar en materia de etiqueta y protocolo a Fabiana Rosales, la pareja de Guaidó, en sus viajes internacionales como «primera dama» interina. Mucho antes, al menos desde el año 2015, entrevistaba a Fabiana Rosales en el espacio de televisión que mantenía junto a Kiko Bautista.
En unas conversaciones, reveladas por el régimen, sostenidas entre Carreño y su supuesta pareja, alias «Reinaldo Cielo», se evidenciaba cómo Carreño gastaba para beneficio propio el dinero de la ayuda humanitaria manejada por el gobierno interino y cómo le prometía a «Reinaldo Cielo» regalarle un vehículo con dinero proveniente de Citgo.
Los periodistas, los gremios periodísticos y los supuestos amigos y compañeros de trabajo de Carreño también han guardado silencio o han hecho chistes al respecto. Los también comunicadores Kiko Bautista y Vladimir Villegas, que trabajaron con Carreño en el canal Globovisión, le pidieron a Maduro, a manera de burla, intercambiar a Carreño por Kiko. Ninguno ha alzado su voz con vehemencia para denunciar la violación de los derechos humanos de Carreño ni para exigir su libertad.
Un caso emblemático
El caso de Carreño es emblemático de la crisis política, social y moral que vive Venezuela. Por un lado, muestra la arbitrariedad del régimen, que utiliza el sistema judicial como un instrumento de persecución y chantaje contra sus adversarios. Por otro lado, evidencia la hipocresía y la corrupción de la oposición, que se ha enriquecido con los recursos del pueblo venezolano y que ha abandonado a sus propios militantes cuando les resultan incómodos o inconvenientes.
Carreño merece un juicio justo y una defensa adecuada. Merece que se respete su presunción de inocencia y su dignidad como ser humano. Merece que se le reconozca su labor como periodista y como activista político. Merece que se le dé una oportunidad de defenderse de las acusaciones que pesan sobre él y de demostrar su verdad. Pero sobre todo, merece que no se le olvide ni se le abandone.
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