Roberto Rincón, José Manuel González Testino y José Luis De Jongh serán sentenciados el 15 de diciembre: Pocas expectativas de aplicación de castigo ejemplar.
Por Maibort Petit
El próximo jueves 15 de diciembre, el Juez Gray Miller del Distrito Sur de Texas en Houston, leerá la sentencia de los corruptos venezolanos: José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y Roberto Enrique Rincón Fernández, culpables de la comisión de delitos de robo al erario público venezolano, a través de negociaciones irregulares en Petróleos de Venezuela (PDVSA) y en la filial estadounidense, CITGO.
Los tres sujetos, cuyas condenas han sido prorrogadas en varias ocasiones por el tribunal, se declararon culpables en casos separados por haber formado parte de esquemas criminales de corrupción, a través de los cuales obtuvieron ganancias ilícitas que fueron lavadas en el sistema financiero y mercado inmobiliario de EE. UU.
A pesar del escandaloso monto esquilmado al patrimonio venezolano y a la desvergonzada trama de lavado de dinero instrumentada, no deben tenerse demasiadas expectativas acerca de la aplicación de castigos ejemplarizantes en razón del carácter que han tenido las penas impuestas hasta ahora a otros protagonistas de esquemas de corrupción similares. Peor aún, la posibilidad que la nación recupere algo, del grosero monto robado al tesoro venezolano, es casi nula.
A pesar de las expectativas creadas al inicio de los casos, las sentencias han sido extremadamente ventajosas para los criminales. En la última sentencia, el juez Miller determinó que Abraham Shiera Bastidas, socio de Rincón Fernández en la trama que supuso solamente en sobornos una suma que superó los USD 1.000 millones, deberá pagar solamente 12 meses y un día de cárcel. La condena incluyó el tiempo servido, lo que redujo el tiempo tras las rejas del convicto a menos de 7 meses. De acuerdo al magistrado, la “colaboración estelar” brindada por Shiera fue fundamental para el desmantelamiento del esquema de corrupción y por ende, se hizo acreedor del premio que se otorga a los delatores, según las leyes norteamericanas.
Por lo general, la declaración de culpabilidad supone la cooperación y el suministro de información que conllevan a la reducción de las penas que, en algunos casos, terminan siendo risibles en comparación con la magnitud de los delitos cometidos y el daño causado. En los tres casos que nos ocupan en esta oportunidad —José Luis De Jongh Atencio, José Manuel González Testino y Roberto Enrique Rincón Fernández— los acusados han admitido la comisión de los delitos y han establecido tratos con la justicia estadounidense.
Solamente en el caso de Alfonzo Eliézer Gravina Muñoz, un exgerente de PDVSA Servicios en Houston, acusado de recibir millonarios sobornos de contratistas corruptos a cambio de la aprobación de contratos con la petrolera venezolana de manera fraudulenta, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, se ha visto la imposición de una condenada más o menos significativa de 70 meses de prisión[1].
La sentencia de De Jongh Atencio
A las 10 y media de la mañana está pautada la lectura de la sentencia en el caso de José Luis De Jongh Atencio, quien se declaró culpable el 22 de marzo de 2021 de conspiración para lavar dinero. Este delito supone una pena máxima legal de prisión de no más de veinte años y una multa de no más de USD 500.000 o el doble del valor de los fondos lavados, lo que sea mayor.
De Jongh Atencio se desempeñó en el área de adquisiciones y como gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO Petroleum Corporation, filial de PDVSA en EE. UU. entre septiembre de 2010 y febrero de 2018, posición desde la cual se involucró en la trama de corrupción instrumentada por los empresarios José Manuel González Testino y Tulio Aníbal Farías Pérez. El alto funcionario de la petrolera estatal venezolana aceptó millonarios sobornos a cambio de la obtención de contratos[2].
José Luis De Jongh Atencio es un abogado egresado de la Universidad del Zulia cuya única credencial para haber ingresado a la industria petrolera, fue haber sido amigo y compañero de estudios de Rosana Elena Delgado (también conocida como Rosana E. Nooney), esposa y socia de Alejandro Granado, expresidente de la corporación quien ordenó su contratación en 2010. Antes de verse involucrado en esta trama de corrupción, se le había señalado de otros manejos irregulares en su desempeñó en el departamento de Procura que solamente le significaron su devolución al departamento legal.
Fue acusado por los hechos sobre los cuales se le dictará sentencia, el 16 de julio de 2020, cuando se imputaron seis cargos de lavado de dinero que el 16 de diciembre del mismo año se elevaron a ocho en una acusación de reemplazo[3].
El pasado 28 de junio del presente 2022, el juez Gray H. Miller emitió una Orden Final de Confiscación de bienes pertenecientes a José Luis De Jongh Atencio que permitió el decomiso definitivo de los bienes inmuebles denominados como Unidades 201, 202, 203, 204, 303 y 304 de Grand Ridge Office Condominiums, ubicado en 440 Cobia Drive en Katy, Texas. Ya anteriormente, el 22 de marzo de 2021, se le había dictado una Orden Preliminar de Confiscación Acordada sobre dichas propiedades[4].
La sentencia de González Testino
Entretanto, a las 11 de la mañana deberá ocurrir la lectura de sentencia de José Manuel González Testino, quien el 28 de mayo de 2019 se declaró culpable de haber cometido delitos de corrupción y lavado de dinero de fondos irregulares, sobornos pagados a funcionarios de PDVSA, que fueron ingresados al sistema financiero e inmobiliario de los Estados Unidos. Las coimas estuvieron destinadas a la obtención de contratos millonarios con la petrolera y su filial en EE. UU, CITGO Petroleum Corporation.
Se espera que, finalmente, en la fecha antes mencionada se conozca la sentencia que ya ha sido pospuesta en varias ocasiones. Además, alegando motivos de seguridad, González Testino ha obtenido otros privilegios, como el sellado de los documentos que informan de los permisos otorgados a su esposa para viajar fuera de los Estados Unidos. También se le otorgó mantener en secreto su lugar de residencia[5].
José Manuel González Testino también está siendo acusado por CITGO por incumplimiento de contrato, fraude y violación a la ley RICO. La demanda incluye a la empresa Petroleum Logistics Service Corp., la cual debía suministrar servicios de adquisición y logística para facilitar la venta y el transporte de equipos, bienes y/o materiales para Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)[6].
La sentencia de Rincón Fernández
Protagonista de una de los más grandes desfalcos de la historia cometidos contra PDVSA, Roberto Enrique Rincón Fernández, conocerá de boca del juez Miller cuál será su pena a las 11 y media de del referido 15 de diciembre de 2022.
El contratista corrupto, propietario de Tradequip, aprovechó el paro petrolero ocurrido entre 2002 y 2003, para convertirse en uno de los principales proveedores de PDVSA. En 2008, el entonces presidente de Bariven, George Kabul, sacó a las empresas de Rincón de la lista de proveedores en razón de las irregularidades detectadas en sus operaciones. Sin embargo, burló esta medida y, en sociedad con Abraham Shiera, logró mantenerse como contratista a través de firmas registradas en el estado de Florida. La investigación de esta sociedad llevó a que un Gran Jurado acusara a los empresarios de 18 cargos lavado de dinero, conspiración para el lavado de dinero, fraude cometido en transferencia electrónica, violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA).
Entre 2009 y 2014, Rincón y Shiera sobornaron a cinco funcionarios de PDVSA a cambio de la obtención de millonarios contratos. Las coimas se enmascaraban bajo la figura de comisiones y pagos por falsas compras de equipos que nunca fueron entregados. Los funcionarios sobornados creaban falsas competencias con otras empresas para darle apariencia de legitimidad a la adjudicación de los contratos otorgados a Rincón y Shiera[7].
También se señala que Rincón facilitó a Hugo “El Pollo” Carvajal un avión de Global Air Services Corp, empresa de la que su hijo, José Roberto Rincón, era el gerente, para trasladarse a Aruba cuando fue arrestado para ser extraditado a Estados Unidos.