Los hermanos Ruiz Juárez son empresarios agropecuarios de la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Paramérica SA, su empresa insignia, era desconocida entre los hombres de negocios más importantes de ese país. Pero su nombre comenzó a sonar desde 2014 por su expansión hacia nuevos mercados, sus inversiones agrícolas y hasta una apuesta por el mercado inmobiliario. Lo que se desconocía es que esta expansión económica estuvo sustentada en los millonarios negocios con empresas públicas venezolanas que están siendo investigados por presuntos hechos de corrupción.
Una investigación periodística liderada por Transparencia Venezuela y el CLIP, con el apoyo de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) revela ahora distintas maniobras de los empresarios para el supuesto movimiento de fondos opacos, que terminaron con un sinceramiento fiscal de los Ruiz Juárez ante las autoridades argentinas por US$ 23 millones.
Paramérica tenía una mina de oro: producía frijoles, alubias y garbanzos, indispensables para Venezuela en uno de los peores momentos de la crisis alimentaria, allá por 2014. La empresa argentina aprovechó las facilidades del fideicomiso bilateral firmado por Hugo Chávez y Néstor Kirchner para exportar miles de toneladas de granos. La venta de sus productos con sobreprecios hizo disparar sus ganancias en un 2.000% ese año. Ganaron, en promedio, unos US$ 65 millones por año hasta 2016, cuando se cerró el fideicomiso tras la salida de Cristina Kirchner.
Los hermanos Ruiz Juárez y Roberto Pocaterra, su socio venezolano, compraron desde ese momento al menos siete departamentos, dos yates y tres carros de lujo en Miami. También realizaron otras millonarias inversiones en Estados Unidos, Panamá y Uruguay. Los bienes adquiridos por los empresarios sumaron por lo menos US$ 23 millones, según reconstruyó esta alianza periodística, que analizó informes de inteligencia y registros oficiales.
La vida de lujo que habían encontrado los empresarios por vender con sobreprecios a empresas públicas venezolanas tenía una contracara dramática.
En Venezuela la gente se agolpaba frente a los supermercados, que racionaban la poca comida que había en el país. Los alimentos escaseaban por el declive de la industria nacional mientras el gobierno de Hugo Chávez apostaba a las importaciones, como las de Paramérica, para intentar llenar los anaqueles. A pesar de las circunstancias, tanto los empresarios como los funcionarios se movieron sin pudor para hacer negocios.
Tres documentos de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina reúnen las pruebas que revelan los mecanismos que podrían haberse utilizado para pagar sobornos. Paramérica cobró por lo menos US$ 23,5 millones entre 2012 y 2014 por la prestación de supuestos servicios de consultoría y capacitación para PDVSA. Casi en simultáneo, otras compañías vinculadas a estos empresarios enviaron transferencias bancarias hacia sociedades offshore registradas en paraísos fiscales, cuyos beneficiarios finales se desconocen. Las autoridades argentinas identificaron estos movimientos de dinero como sospechosos de encubrir el pago de coimas.
Las alertas llegaron de todos lados. Primero, la AFIP, el organismo tributario de Argentina, y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) señalaron que había sobreprecios en las ventas realizadas por Paramérica a empresas públicas venezolanas. También la UIF alertó sobre posibles maniobras de lavado de dinero de la familia Ruiz Juárez, que luego reforzaron las autoridades de Estados Unidos, cuando los hermanos se acogieron al sinceramiento fiscal en 2016 con fondos no declarados en el exterior.
El juez argentino Julián Ercolini investiga ahora las maniobras realizadas por los dueños de Paramérica, desde los sobreprecios en las exportaciones a Venezuela hasta los millonarios movimientos de dinero en sus cuentas, indicaron fuentes judiciales.
Contratos bajo la lupa
Paramérica exportó a Venezuela miles de toneladas de frijoles, alubias y garbanzos, que llegaron a representar en 2014 el 75% de las ventas al exterior de la compañía. La Sigen consideró que era extraordinaria la relación que había entre el volumen de las exportaciones y la diferencia de precios con otros destinos a los que también vendía la compañía. Venezuela era su principal cliente pero, contra la lógica del mercado, los precios para ese país eran más caros. La empresa exportó 27.000 toneladas de poroto negro o caraotas a Venezuela en 2014 pero, ese mismo año, la compañía le vendió a Brasil el mismo producto a un precio 35% menor, pese a que la cantidad fue menos de la mitad.
La mitad de las exportaciones a ese país registraron un 70% de sobreprecio, indicó la Sigen. Estas diferencias de precio motivaron que la AFIP abriera su “canal rojo” de la Aduana para observar estas transacciones, indican los documentos oficiales.
La justicia actuó de oficio sobre esa auditoría, pero el caso tuvo una resolución exprés. Los hermanos Ruiz Juárez declararon que vender a Venezuela era más riesgoso que otros mercados y así justificaron la diferencia de precio. La jueza María Verónica Straccia aceptó esa explicación y archivó el expediente. Pero el argumento hubiera podido ser desmontado fácilmente, pues según las normas fijadas para las compañías que operaban bajo el fideicomiso bilateral, estas recibían el 60% de sus ventas por adelantado, incluso antes de que sus productos salieran de los puertos argentinos. El riesgo estaba cubierto.
Los reportes de la UIF, que ahora se hacen públicos con esta investigación, abrieron un segundo capítulo judicial por lo ocurrido específicamente en 2016, cuando Paramérica concentró la mayor cantidad de cobros dentro del fideicomiso bilateral. El juez Ercolini realizó distintas medidas de prueba en los últimos meses para comprobar la información de inteligencia financiera y, así, sumarla como evidencia a la causa, detallaron fuentes judiciales.
Esta alianza periodística intercambió mensajes con Marcelo Ruiz Juárez, pero el socio de Paramérica respondió las preguntas con tres comunicados pre-armados que sostenían que la compañía no había incurrido en irregularidades en sus operaciones con el fideicomiso bilateral y agregaban que la investigación judicial por sobreprecios ya había sido archivada, omitiendo la existencia del nuevo expediente antes mencionado.
Más allá de los sobreprecios, la UIF de Argentina aportó nuevas pruebas sobre posibles irregularidades. Paramérica firmó tres contratos con PDVSA Agrícola, una filial de la petrolera estatal, por un total de US$ 23,5 millones. Las autoridades argentinas se detuvieron en estos acuerdos, firmados entre 2012 y 2014, porque no fueron ventas de alimentos ni de maquinarias agrícolas, sino que la compañía venezolana contrató a los argentinos supuestamente para que enseñaran a usar la maquinaria. Por ejemplo, se firmó un acuerdo en marzo de 2014 para la “asistencia tecnológica para la producción agrícola y servicios de mecanización en el cultivo de caña de azúcar”, que implicaba un “intercambio tecnológico y capacitación de ingenieros y operarios venezolano durante 12 meses” por un total de US$ 9,5 millones.
La UIF remarcó que “resulta de dificultosa comprobación la efectiva prestación” de esos servicios de consultoría, así como advirtió que era la primera vez que Paramérica brindaba este tipo de servicio. Las consultorías representaron un 35% del total de exportaciones facturadas por Paramérica a empresas estatales venezolanas, indica el informe.
Los ingresos de Paramérica nunca dejaron de crecer en los años de estrechas relaciones entre Nicolás Maduro y Cristina Kirchner. Facturó un promedio anual de casi US$ 5 millones entre 2010 y mediados de 2014, aunque ese número se multiplicó en los últimos dos años del fideicomiso, según los movimientos en el sistema bancario. La UIF indicó que la compañía recibió US$ 130 millones entre octubre de 2014 y agosto de 2016 bajo el concepto de “cobro técnico de exportaciones a través del mecanismo financiero con Venezuela”.
La sospecha de sobornos
Mientras las ganancias de Paramérica se acumulaban, la AFIP indicó que sociedades extranjeras vinculadas a los hermanos Ruiz Juárez hicieron desembolsos a empresas relacionadas a los negocios venezolanos sospechosos de encubrir sobornos. La AFIP impugnó pagos por 2,2 millones de dólares en concepto de “comisiones” entre 2013 y 2015, según consta en un informe de la UIF. Los detalles de las transacciones remiten, por ejemplo, a “comisiones por prestación de servicio de asesoramiento para la proyección de proyecto global de producción de caraotas y otros granos en la República de Venezuela”.
Los fondos salieron de distintas cuentas bancarias que la UIF vinculó a los hermanos Ruiz Juárez. Servicios Agrícolas de Venezuela CA Corp, registrada en Panamá, emitió transferencias por 4610 millones de pesos; Suministros Agrarios Orinoco CA, radicada en Venezuela, pagó 8714 millones de pesos; Agro DB Inc Geo AC facturó otros 4258 millones. La UIF no contó con información sobre los destinatarios de esos pagos que salieron desde estas sociedades.
Desde la compañía aclararon a Infobae en 2021 que nunca pagaron comisiones y dijeron que solían hacer desembolsos desde esas firmas antes mencionadas para pagar la prestación de servicios de profesionales como ingenieros y de compañías que se dedicaban a tareas topográficas durante su operatoria en Venezuela. “Hoy te diría que no le volveríamos a vender a Venezuela porque todo lo que se ha generado después nos perjudicó mucho. La exposición que hemos tenido ha sido tan negativa como injusta”, aseguraron.
El negocio de Paramérica con Venezuela se terminó cuando Macri, opositor a los Kirchner, cerró el fideicomiso. Pero el expresidente tomó otra decisión que favoreció a los empresarios: promovió en 2017 un sinceramiento fiscal para aquellos argentinos que tuvieran activos sin declarar fuera del país. Así, los hermanos Carlos, Diego y Marcelo Alejandro Ruiz Juárez se acogieron al blanqueo, y a cambio de una multa baja, volvieron legítimos los bienes que habían sido adquiridos durante su luna de miel con el chavismo.
Condos de lujo y Porsches
La fortuna que sinceraron los hermanos Ruiz Juárez ascendía a los US$ 23 millones entre propiedades, inversiones financieras, cuentas bancarias, coches de lujos y yates, según detalla la UIF en el reporte escrito en 2018. La mayoría de los bienes estaba a nombre de Diego Ruiz Juárez. Esta investigación periodística reconstruyó el detalle de esos bienes, que se ramifican por un puñado de países, a través de documentos públicos y de filtraciones periodísticas.
La sucursal de Paramérica SA en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal, declaró activos por US$ 10 millones en el sinceramiento fiscal abierto por las autoridades argentinas. Otra firma que recibió la mayor parte de su capital es la panameña Grupoagro Trading Corp, que blanqueó US$ 9,2 millones. Diego Ruiz Juárez compartía la sociedad con los venezolanos Tulio Hinestrosa y Roberto Pocaterra, empresarios ya conocidos para el chavismo porque hicieron negocios con la exportación de alimentos a través de la utilización de sociedades offshore que solían inflar precios para venderle al Estado venezolano, tal como reveló Armando.info en los Panama Papers. Esta empresa, que ya no está activa, fue propietaria de dos apartamentos en Panamá, según documentos oficiales.
Los Ruiz Juárez habían manejado, además, unos US$ 7 millones en Panamá a través de distintas sociedades. Las autoridades argentinas advirtieron a ese país y a Estados Unidos sobre los movimientos financieros de este grupo. La UIF indicó que esos activos se podrían haber adquirido con fondos sospechados de corrupción en Venezuela y que, dichos contratos, habían sido firmados por Rodolfo Marco Torres, entonces ministro de Alimentación de ese país, un funcionario que había sido incorporado a la lista OFAC del Departamento del Tesoro “justamente por encontrarse vinculado a esquemas de corrupción en la importación de alimentos”. Torres continúa en funciones, ahora como ministro de Atención a las Aguas, pese al intento de la oposición de acusarlo en la Asamblea Nacional por la crisis alimentaria en 2016.
La huella de los Ruiz Juárez en Miami sigue intacta. Las sociedades vinculadas a Diego Ruiz Juárez se expanden por otros países, como Panamá o Belice, y también por otros distritos de Estados Unidos, como Delaware, pero suelen terminar en esas playas. Como puede verse con el apartamento de lujo de 250 m2 que compró en Sunny Isles, cotizado en US$ 1,7 millones en los portales inmobiliarios. El piso está a nombre de Pidol Investments LLC, una de las sociedades del empresario, tal como consta en el registro del estado de Florida. Es apenas uno de los inmuebles que adquirió en estos últimos años.