El martes 18 de julio de 2017, un mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del Ministerio Público (@MPvenezolano) fue reproducido en decenas de titulares de medios digitales. Ese día, el órgano oficialmente encargado de conducir las investigaciones penales en el país -a menudo, con sesgo partidista- informó que los directivos de Constructora Conkor, Alejandro Josué Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, debían asistir a la Fiscalía el 25 de ese mes para rendir declaraciones en calidad de imputados, como parte de las investigaciones sobre presuntas contrataciones irregulares en la Faja Petrolífera del Orinoco, la cuenca de crudos pesados y extrapesados sobre la orilla norte del río-padre de Venezuela.
A partir de esa fecha, con la publicación de dos tuits que además incluían las imágenes de las órdenes de citación para los imputados del caso, el interés sobre Constructora Conkor se disparó. Por supuesto, el público quería y tenía el derecho -casi tanto como el morbo- de saber. Pero ese interés, que contrariaba la conveniencia para Ruiz y Koury de pasar inadvertidos mientras amainaba la tormenta mediática, encontraría dos obstáculos formidables para saciar su sed de información: uno, el entorno de censura que rodea a la prensa venezolana; y en segundo lugar, sobre todo, que los directivos de Conkor habían pagado 80.000 euros a Eliminalia, empresa española de gestión de reputación, para que les hiciera una limpieza de imagen en la web, suprimiendo las coberturas y menciones negativas.
Esta confirmación se deriva de la filtración de unos 50.000 documentos internos de Eliminalia recibidos por Forbidden Stories, un consorcio internacional de periodistas de investigación que siguen el trabajo de colegas asesinados o amenazados. El consorcio dirige el proyecto Story Killers, una investigación colaborativa sobre mercenarios de la desinformación en la que participan más de 100 periodistas de 30 medios de comunicación del mundo, incluido Armando.info, que así pudo consultar la documentación filtrada.
Entre esos miles de documentos, procesados por Occrp (siglas en inglés del Proyecto de Reportería del Crimen Organizado y la Corrupción), otro de los socios del proyecto, se encuentran contratos parciales, correos electrónicos, documentos legales y nombres de al menos 1.500 clientes de 54 países, en los cinco continentes, que requirieron los servicios de Eliminalia, bien sea para borrar su pasado o “enterrarlo” en los motores de búsqueda hasta un punto en que sea prácticamente imposible de conseguir. Constructora Conkor era uno de ellos.
Al revisar el legajo queda claro que la persona de contacto entre la constructora y Eliminalia fue Elías Ramón Koury Guevara, director ejecutivo de la empresa. El contrato con la compañía española lo firmó en noviembre de 2018 y meses más tarde, en abril de 2019, hizo lo propio Ruiz Mazzeo, con otro documento. Éste último, además, aparece como contacto de otra empresa venezolana que también requirió sus servicios, que tiene a ambos como socios y que tuvo contratos con la faja: Petrovez.
El número de clientes venezolanos de Eliminalia que se pudieron rastrear a partir de la filtración asciende a 35, aunque no todos aparecen en la lista de Venezuela. Desde Panamá, República Dominicana, España y Estados Unidos, varios venezolanos contactaron a la empresa española, que tiene sedes en República Dominicana, Ecuador, Bolivia y México en el caso de América Latina, además de Estados Unidos, Italia, Suiza, Turquía y otros países.
¿El elemento común entre la mayoría de los venezolanos de la lista? Suelen aparecer implicados en alguna investigación sobre irregularidades y negociados en conexión con la petrolera estatal Pdvsa. Algunos pocos, que no tuvieron relación comercial conocida con Pdvsa, destacan en cambio por sus vínculos con otros casos sonados de corrupción, como los de Odebrecht, los alimentos vencidos de Pdval, los dólares preferenciales de Cadivi, contrataciones irregulares en el sector militar, o por, simplemente, poseer lazos con altos jerarcas del chavismo que prefieren mantener ocultos.
No se trata de una simple limpieza de reputación por una cuestión de honor. Eliminar esos rastros en Internet o, al menos, relegarlos a la tercera página de resultados de búsqueda en Google, se traduce en la posibilidad de borrar pruebas incriminadoras para futuras investigaciones judiciales y periodísticas, o de salir ilesos ante cualquier chequeo de due diligence que lleven a cabo entidades bancarias para seguir haciendo negocios con los señalados.
Hay mucho en juego allí. Así que el negocio de Eliminalia ha continuado prosperando con clientes y prospectos dispuestos a pagar miles de euros por sus servicios.
La filtración de documentos internos de Eliminalia muestra pagos de hasta 400.000 euros para esta empresa española. Captura de pantalla del sitio web eliminalia.com
Aunque esta no es la primera investigación internacional que se publica sobre Eliminalia y sus tácticas, ni la primera en revelar algunos nombres de sus clientes, los documentos de la filtración ofrecen una visión más completa sobre sus operaciones y servicios, una lista más amplia de quienes les contrataron, y permite confirmar que en su cada vez más amplio repertorio de recursos figuraban la intimidación de medios y periodistas, con amenazas de acciones legales, o la generación de falsas solicitudes de derechos de autor a Google para activar los mecanismos previstos en la ley estadounidense DMCA, que protege a los propietarios intelectuales de contenidos en soportes electrónicos.
Los usos maliciosos de esos servicios rebasan por mucho a sus potenciales usos honestos. Por eso Eliminalia, que asegura en sus presentaciones que ayuda a eliminar “información no deseada o errónea” para clientes con “derecho al olvido”, a la postre atrajo una clientela a escala global que incluye a estafadores, empresas de software espía, torturadores, criminales convictos, políticos, empresarios corruptos y, en general, gente con reputaciones problemáticas. Venezolanos, entre ellos.
Blancura digital
Los dos trinos de aquel día de julio de 2017, que señalaban a Ruiz Mazzeo y Koury Guevara, hoy no se consiguen en la red social. Solo perdura el texto en algunos medios digitales que lo copiaron como parte de la noticia publicada sobre la investigación contra la constructora.
Eliminalia no los borró; no hizo falta. La cuenta @MPvenezolano dejó de existir después de la destitución de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General en agosto de ese año, 2017, por parte de la írrita Asamblea Constituyente, electa el 30 de julio. La disidente Ortega Díaz terminaría en el exilio, primero en Colombia y hoy en España, mientras Tarek William Saab la sustituía en el cargo, que todavía ostenta.
Meses antes, a comienzos de 2017, la Fiscalía de Ortega Díaz había iniciado la indagación sobre casos de corrupción, contrataciones irregulares y fraude en torno a la Faja Petrolífera del Orinoco, a partir de una investigación mayor que venían realizando sobre Pdvsa y quien fuera su presidente durante 11 años, Rafael Ramírez Carreño, también exministro de Energía. Los fiscales enfocaron sus indagaciones en la gestión de Pedro José León Rodríguez (2010-2016) como director ejecutivo de la Faja y, a medida que avanzaban, surgió el nombre de Constructora Conkor, relataron dos fuentes familiarizadas con el caso.
La Fiscalía identificó, tras el allanamiento a las oficinas de la empresa en Lechería (un suburbio turístico y de clase media de la ciudad de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela), que entre 2004 y 2012 existían contrataciones directas de Conkor con Pdvsa y las empresas mixtas de la faja, como Petrojunín, Petrocedeño, Petroguárico, Petrocarabobo, Petromiranda, Petrovictoria, Petropiar, Petrodelta, Petrolera Sinovensa y otras más, por más de 650 millones de dólares, sin que las acompañaran los debidos soportes sobre la culminación de las obras, de acuerdo con un informe del Ministerio Público obtenido por Armando.info.
Además, entre los más de 80 contratos identificados, había decenas con la gobernación de Anzoátegui durante la gestión del entonces gobernador Tarek William Saab, entre 2004 y 2012. Saab es el mismo funcionario del chavismo que hoy encabeza la Fiscalía General de la República.
La información sobre la constructora, generada a partir de la publicación de las órdenes de imputación y su presunta relación con el actual fiscal general, eran justamente los rastros que sus directivos, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo, solicitaron enterrar en la red. Hicieron solicitudes expresas para buscar y retirar, en Google Venezuela y Google Estados Unidos tanto los nombres de ambos socios como los de sus emprendimientos, así como desindexar y eliminar más de 100 links molestos relacionados con esos nombres.
Los documentos de Eliminalia evidencian que, según se ejecutaba el trabajo solicitado, se posicionaban en los primeros resultados de búsqueda en Google las publicaciones positivas sobre ambos socios, sobre todo de Ruiz Mazzeo. Pero también demuestran que, a pesar de la inversión de miles de euros, el trabajo de Eliminalia no resultaba siempre tan efectivo, pues aún se consiguen varias de esas noticias inconvenientes en Google. En todo caso, las tácticas de Eliminalia no se reducían a desindexar o eliminar links.
La organización sin fines de lucro Qurium, que desde Suecia ofrece servicios de seguridad digital, incluido el alojamiento de medios independientes, y que ha recibido solicitudes de Eliminalia, identificó 622 sitios web que la empresa española creaba y usaba para blanquear la reputación de sus clientes, y la compartió con los socios del proyecto Story Killers. La lista permite ver cómo Eliminalia creó direcciones parecidas a medios de comunicación legítimos y reconocidos: por ejemplo, CNN News Today o lemonde-france.fr. Relacionadas con Venezuela, maneja denominaciones de sitios como El Nacional Actualidad o Noticias 24-7, entre otras. Con esto podía crear contenidos positivos para sus clientes, publicarlos en esas páginas web falsas y manipular los resultados de búsqueda.
Eliminalia guardaba capturas de pantalla de las búsquedas en Google de sus clientes para mostrar links “negativos” y contenidos positivos. Crédito: Story Killers.
Investigación congelada
Conkor sigue activa y habilitada para contratar con el Estado venezolano según el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. De modo que podría decirse que el trabajo de Eliminalia tuvo efectividad, o que los propietarios de Conkor se salieron con la suya.
Además de Conkor, Koury Guevara es socio de otras siete constructoras del estado Anzoátegui, en varias de ellas con Ruiz Mazzeo, con las que tienen contratos con Pdvsa y entes de la gobernación de Anzoátegui, de acuerdo con el Registro Nacional de Contratistas (RNC). Una de esas empresas, llamada Constructora Ingeservice, tuvo un contrato en 2020 para la “remodelación de oficinas” de Conkor en 2020, luego de todo el escándalo.
De sus otras filiales en el exterior, Conkor USA LLC, con sede en Texas, fue disuelta en junio de 2022; Conkor International SAS, ubicada en Cartagena, Colombia, está en proceso de liquidación, y Constructora Conkor CA, sucursal Colombia, permanece “cancelada” desde diciembre de 2018. Koury Guevara compró una propiedad en Key Biscayne, el lujoso sector insular de Miami, junto con su esposa, en septiembre de 2014, por un monto de 1,85 millones de dólares. Hoy, el inmueble está valorado en 3,95 millones de dólares.
La manera como se manejó judicialmente el caso de Constructora Conkor llegó al conocimiento de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que verifica los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela. En específico, mencionó la detención de uno de los fiscales que investigó las irregularidades en las contrataciones de Conkor con Pdvsa, Luis Sánchez.
El informe de la Misión, de septiembre de 2021, resume cronológicamente lo ocurrido con Sánchez, quien estuvo en prisión desde agosto de 2017 hasta finales de 2021, tras ser acusado de pertenecer a una presunta red de extorsión que actuaba desde el Ministerio Público durante la gestión de Ortega Díaz y que habría quedado al descubierto con la llegada de Saab. Diosdado Cabello, convencionalmente considerado el número dos del régimen chavista, fue quien lideró la denuncia. “En noviembre de 2018, el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento y el archivo judicial de una causa en la que estaba implicado el propio Fiscal General”, dice textualmente el informe.
La faja que no aprieta
Los nombres de Nabetse del Valle Vásquez Gómez, Nelson Bustamante Abidar y los hermanos Pérez Abad se cruzan en los documentos internos de Eliminalia. Los tres venezolanos solicitaron los servicios de esta empresa que, por cierto, tiene sus oficinas principales en Barcelona, España, lejos de la Barcelona venezolana que han de conocer mejor, pues es la capital del estado Anzoátegui, donde confluyen sus negocios.
Las publicaciones que Vásquez Gómez quiso limpiar con Eliminalia se refieren, sobre todo, a tuits donde la asocian con los directivos de Conkor, también por presunta corrupción en la Faja Petrolífera del Orinoco. Pero más allá de esa relación, que no pudo ser confirmada de manera independiente por los reporteros de esta historia, Vásquez Gómez formó parte de la directiva de siete compañías inscritas en el Registro Nacional de Contratistas, de las que cinco también tuvieron contratos con las empresas de la faja, como Sinovensa, Petrocedeño, Petromiranda y Petropiar. Además, en cuatro de esas compañías también estuvo como socio Bustamante Abidar.
El contrato de Vásquez Gómez con Eliminalia, incluido en la filtración, tiene fecha de octubre de 2018. Allí declaró como lugar de residencia Santo Domingo, República Dominicana, país donde también tiene empresas registradas: Mendiri-Vasquez Petroleo RD e Inversiones Mendiri Vasquez, ambas creadas en 2015 junto con Gustavo Mendiri Borges, un abogado ligado al deporte bien conocido en el oriente venezolano, pues ha pasado por las directivas de Caribes de Anzoátegui (béisbol), Marinos de Anzoátegui (básquet) y los clubes de fútbol Deportivo Anzoátegui y Monagas Sport Club.
Vásquez Gómez también figura como directora de la empresa panameña Energy Processing & Recycling Inc. en la que entró junto a Gassan Salama Ibrahim en abril de 2013, cuando las compañías de la venezolana obtenían cuantiosos contratos con Pdvsa. Gassan Salama es un empresario de nacionalidad panameña que fue beneficiado por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), holding encargado de centralizar las importaciones públicas para la importación de comida para los Comité Locales de Abastecimiento Producción (CLAP), un programa estatal de alimentos subsidiados.
Un trabajo de Armando.info sobre Salama Ibrahim, detalló que el comerciante reprodujo en sus redes sociales una foto de 2016 en la que aparecían el entonces ministro de Comercio venezolano, Miguel Pérez Abad, junto al presidente de Corpovex, Giuseppe Yoffreda, en el momento que pactaron la compra de alimentos para los CLAP con autoridades panameñas.
En junio de 2016, Vásquez Gómez fue detenida bajo cargos de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y legitimación de capitales, de acuerdo con una sentencia de la Corte de Apelaciones de Anzoátegui. Sin embargo, pocos días después fue puesta en libertad, ante la falta de pruebas en su contra. En el caso investigado entonces, Vásquez Gómez había hecho dos pagos para la estadía de una embarcación, de nombre Open Bar, en la que se encontraron dos envoltorios con cocaína. En esa oportunidad, Mendiri Borges fue uno de sus abogados.
Bustamante Abidar, en cambio, contactó a Eliminalia desde Estados Unidos, al igual que Juan Carlos Pérez Abad, uno de los hermanos del exministro Miguel Pérez Abad, actual presidente del Banco Bicentenario.
Doce empresas inscritas en Anzoátegui y en el Registro Nacional de Contratistas tuvieron como socio a Bustamante Abidar. Su historia con Pdvsa es similar a la de su socia Vásquez Gómez: al menos cinco de esas compañías prestaron sus servicios en la faja y otras para la gobernación de Anzoátegui. Los artículos “negativos” que Eliminalia detectó para este venezolano en 2018 (hay registro de cuatro contratos firmados en distintos meses de ese año) hacían referencia a la detención del exdirector ejecutivo de la faja, a una presunta investigación en su contra en Estados Unidos y República Dominicana por sus negocios con la estatal petrolera venezolana, y a una denuncia presentada ese mismo año contra los hermanos Pérez Abad, en la que también se mencionaba a Bustamante Abidar.
En esa oportunidad, la Fundación para la Defensa, Protección y Reparación de la Patria Venezolana (Fundeproredive) consignó ante el Ministerio Público un documento donde solicitaba investigar a los hermanos Pérez Abad y su entorno cercano por presuntos delitos relacionados con una red de empresas.
Aunque en la lista de clientes de Eliminalia solo aparece Juan Carlos Pérez Abad, en realidad los tres hermanos (Teodoro y Miguel Ángel completan la tríada) firmaron cada uno un poder o contrato con Eliminalia, y casi todos los 20 links que pidieron desindexar o borrar se referían a esa denuncia.
En mayo de 2007 Hugo Chávez nacionalizó la Faja Petrolífera del Orinoco. 15 años después abundan las investigaciones por corrupción y desfalco. Crédito: Juan Barreto / AFP
Algo curioso dentro de la lista de documentos relacionados con los Pérez Abad es el contrato firmado por Milagros del Carmen Vizcaíno Villalba con Eliminalia -en la misma fecha que los hermanos empresarios- y las búsquedas que hizo la empresa española con las palabras claves “Mayor Integral de Procura”, compañía donde Vizcaíno Villalba tuvo un cargo directivo. Ninguno de los Pérez Abad aparece como socio de esta empresa que, de acuerdo con el RNC, tuvo contratos con empresas de la faja y, a su vez, tuvo entre sus clientes a Empire Oriente y N&G Ingenieria CA, dos empresas de los hermanos Pérez Abad.
También solicitaron eliminar información sobre otra compañía llamada Global Óleos, donde tampoco tienen participación societaria, y que también se benefició con contratos de la faja. La sociedad, además, tuvo entre sus clientes a dos compañías pertenecientes a Bustamante Abidar, llamadas Acero Mall y Contractors.
Juan Carlos Pérez Abad no respondió a las solicitudes de entrevista enviadas por Armando.info el pasado 14 de febrero. Tampoco dieron respuesta Bustamante Abidar, Vasquez Gómez ni los socios de Constructora Conkor, Koury Guevara y Ruiz Mazzeo.
Profesionales del escondite
Los miles de documentos filtrados permiten observar en profundidad el abanico de servicios ofrecidos por Eliminalia. Se trata de sus primeras acciones implementadas hace más de cinco años, consistentes en enviar correos electrónicos solicitando, en nombre de leyes de la Unión Europea, borrar nombres o tumbar una historia completa de la web por afectar a un cliente. A esto se suma la eliminación de links y desindexación apoyándose en la creación de más de 600 sitios web para publicar y compartir material entre ellos, hasta llegar a una manera más sofisticada de censurar: llenar ellos mismos los formularios de reclamación de derechos de autor para Google y asegurar, de esa manera, la remoción de una información de interés público.
“Manipulan los resultados de las búsquedas. Esa es la palabra clave”, señaló Tord Lundström, director técnico de la organización Qurium, a los periodistas del proyecto Story Killers, liderado por Forbidden Stories.
“Esta es una nueva definición agradable de la censura”
“No se trata de no existir, se trata de no ser encontrado. No se trata de eliminar cosas, se trata de no ser capaz de encontrarlas. Y esta es una nueva definición agradable de la censura. Funciona con la desinformación, con noticias falsas, con la política. Internet es un lugar fantástico, definitivamente puedes encontrar cualquier cosa si sabes cómo, pero para la gente normal si la forma predeterminada de encontrar cosas no deja ver, eso significa que las cosas no se pueden encontrar. Son profesionales de esconder cosas”, continuó explicando en referencia a Eliminalia.
La empresa no respondió las solicitudes de comentarios enviadas por el consorcio.
Otro cliente venezolano se desprende de los documentos asociados a María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro Haiman El Troudi, que muestran el uso de todas las estrategias de Eliminalia para desaparecer información, desde los correos amenazantes hasta la más sofisticada manipulación a su antojo de la ley norteamericana DMCA. En representación de El Troudi, como queda reflejado en las comunicaciones internas de Eliminalia, Baptista Zacarías pidió eliminar al menos 61 links de medios venezolanos como Tal Cual, Efecto Cocuyo, Runrun.es, El Pitazo, El Impulso, La Gran Aldea, Punto de Corte, Armando.info, así como de los internacionales DW, Reuters, Nuevo Herald y AP, entre otros. La “limpieza” no fue solo para artículos referidos a El Troudi, sino también a su suegra, Elita Zacarías, y a la propia María Eugenia Baptista.
Tanto Baptista como su madre fueron imputadas por el Ministerio Público (en 2017, antes de la salida de Ortega Díaz), por hechos de corrupción relacionados con Odebrecht, otra decisión sorpresiva para el chavismo, que respondió con una sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, la número 537, que limitó la potestad del Ministerio Público de imputar a personas acusadas de cometer algún delito. A partir de esa sentencia solo se puede imputar a alguien con la presencia de un juez. La decisión, de acuerdo con la organización Acceso a la Justicia, promueve la impunidad. Algo que también promueve Eliminalia.
Por todas las solicitudes de limpieza en Internet, Baptista Zacarías pagó 30.000 euros, apenas un pequeño monto, ínfimo, si se compara con los 1,5 millones de euros que el matrimonio invirtió en la compra de un inmueble en la zona más cara de la capital de Portugal, y con los 90 millones de dólares que, según investigaciones internacionales, la brasilera Odebrecht depositó al entorno cercano de El Troudi.
Tomado de Con Eliminalia sacas las manchas más rebeldes de tus negocios con Pdvsa