“En Latinoamérica matan a la gente, pero no matan las ideas” dice el maestro Rubén Blades en su extraordinaria canción dedicada al execrable episodio del asesinato del sacerdote Oscar Arnulfo Romero, postulado al Premio Nobel de la Paz en 1979, y quien desde 2018 es formalmente un santo de la Iglesia católica, luego de su exaltación a los altares por decisión comunicada por el Papa. Se le recuerda por su cuestionamiento a la violencia y a los abusos contra los Derechos Humanos en su natal El Salvador y en toda Centroamérica, postura bastante arriesgada en ese momento, que motivó su asesinato en 1980. Más de 40 años han pasado de ese terrible episodio, pero las muertes, encarcelamientos, persecuciones, amenazas y desapariciones de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos siguen ocurriendo, aunque ninguno de ellos logre el reconocimiento de la santidad.
El anonimato pareciera ser una constante en torno a las víctimas actuales, lo que podría explicarse posiblemente por nuestra tendencia de exponer la realidad a través de estadísticas, o tal vez por la natural predisposición a protegernos de las historias que nos causan dolor o sufrimiento. Sin embargo, esta invisibilidad es conveniente a los asesinos y persecutores, pues en la medida en que la sociedad no los percibe como personas que sufren, no hay mayor empatía y visibilidad a esta realidad. Todo esfuerzo dirigido a ponerle rostro a esta realidad es loable en favor de posicionar el tema en la agenda de debate y procurar soluciones.
“En la medida en que la sociedad no los percibe como personas que sufren, no hay mayor empatía y visibilidad a esta realidad”
En días recientes estuve invitado al encuentro “InspiraPaz” en Bogotá, en el que se abordaron varios temas, entre los que resaltó el de los asesinatos y persecución de líderes sociales en Colombia y en toda la región. Desde líderes locales que promueven el deporte entre los niños como alternativa a la adhesión a grupos delincuenciales, hasta personas que reclaman el uso de la tierra, así como activistas de contra el armamentismo o a favor de los derechos de la población sexodiversa, han sido asesinados, desaparecidos o perseguidos. La ONG Indepaz contabiliza, hasta el momento en que redacto este artículo, 179 líderes sociales asesinados en Colombia, sus nombres y el área de defensa de derechos que ejercían pueden ser revisados en la página oficial de dicha entidad. En Venezuela, cientos de estudiantes, jóvenes y trabajadores han sido asesinados por el régimen venezolano en el contexto de manifestaciones públicas, más de 300 personas permanecen tras las rejas como presos de consciencia. Sus nombres e historias también están reseñados por ONG de derechos humanos como Justicia Encuentro y Perdón, PROVEA, Foro Penal, Justicia y Proceso, entre otras.
Pero por más romanticismo que pretendamos imprimir a la imagen de que las ideas no mueren con quienes la enarbolan, hay una verdad indiscutible, y es que la muerte o encarcelamiento de los líderes deja inmensos vacíos en la sociedad. La muerte y la cárcel aterrorizan a gran parte de quienes pueden dar continuidad a la tarea de defensa de los derechos de los ciudadanos. La realización de los derechos retrocede y empieza a normalizarse la ausencia de éstos y el control del espacio cívico, ya sea por parte del poder o por los grupos armados al margen de la ley que ejercen control territorial. Los movimientos civiles que se articulan a favor de las libertades públicas pasan a ser el enemigo, son estigmatizados y perseguidos. Donde esto ocurre, cada vez hay menos ejercicio de la ciudadanía.
La democracia plena y la paz tienen muchos enemigos, el ejercicio del poder sin control como lo viene ejerciendo el régimen venezolano, así como el dominio territorial que imponen grupos delincuenciales tanto en Venezuela como en Colombia, requieren de una sociedad civil desarticulada, sumisa, sujeta al mando de la violencia real o simbólica, que no reclame ni exija. En ese plano, la lucha por los Derechos Humanos pone en peligro la hegemonía que ejercen, de ahí que matar tiene justificación para quienes no desean paz ni democracia.
Con la muerte, el encarcelamiento y la persecución, se pretende apagar cualquier atisbo de esperanza; se quieren extinguir las pequeñas luces que se encienden en torno a sociedades más justas, integradas por personas que logren la realización de su proyecto de vida y el de su entorno. Para ello las instituciones deben cumplir con los postulados que les dan sentido y razón de ser, los Estados deben tener la materialización de los derechos como principal premisa, ya que la defensa de los individuos implica la defensa de las ideas.
La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.