Vista de la planta cementera de San Sebastián de los Reyes, estado Aragua, una de las instalaciones de la industria cementera venezolana afectada por la caída de la producción y las denuncias de incumplimientos laborales. Imagen de archivo.
La industria cementera venezolana atraviesa una de las etapas más críticas de su historia. Plantas paralizadas, maquinaria deteriorada, trabajadores con salarios atrasados, jubilados sin recibir sus pagos y ausencia de equipos básicos de protección forman parte de las condiciones denunciadas por fuentes del sector. La situación contrasta con la ostentosa boda del empresario turco Turhan Mildon, responsable de Vencement, compañía que recibió durante el régimen de Nicolás Maduro la operación de diez plantas de la Corporación Socialista del Cemento (CSC). Su presencia empresarial en Venezuela también se extiende a Grupo Lamar, una de las principales productoras y exportadoras de camarón del país, confiscada por las autoridades venezolanas.
Promesas de Inversión y Denuncias de Incumplimientos
El contrato de las cementeras fue adjudicado en marzo de 2025 por Alex Saab, entonces ministro de Industria del régimen de Nicolás Maduro. El acuerdo contemplaba inversiones de cientos de millones de dólares para recuperar la capacidad productiva de las instalaciones. Sin embargo, fuentes vinculadas al sector cementero aseguran que los recursos prometidos no se han materializado en mejoras significativas y que Vencement mantiene el control de los ingresos de la operación, mientras la Corporación enfrenta dificultades para cumplir sus obligaciones.
Los trabajadores son uno de los sectores más afectados. De acuerdo con testimonios recogidos para esta investigación, existen retrasos salariales, remuneraciones insuficientes, jubilados que no reciben sus pagos y ausencia de dotación de guantes, mascarillas y otros equipos indispensables para trabajar en instalaciones industriales. También se denuncian deficiencias en los sistemas de control de emisiones y falta de mantenimiento de hornos, molinos, oficinas y áreas sanitarias. Pese a estas condiciones, trabajadores con décadas de experiencia continúan sosteniendo las operaciones mediante reparaciones improvisadas y esfuerzos para mantener funcionando los equipos disponibles.
La crisis también se refleja en los niveles de producción. Orlando Chirinos, presidente de la Federación Única de Trabajadores Cementeros de Venezuela, advirtió en julio de 2026 que la industria producía alrededor de un millón de toneladas anuales, frente a una capacidad instalada de aproximadamente nueve millones. Esto representa una utilización cercana al 11 % de su capacidad. El dirigente sindical también alertó sobre la calidad del cemento disponible para la reconstrucción de viviendas y edificaciones, particularmente después de los terremotos registrados en junio de este año.
Entre las instalaciones que forman parte de la red cementera estatal se encuentra la planta de San Sebastián de los Reyes, en el estado Aragua, perteneciente a Invecem.
Trabajadores de la planta Invecem de San Sebastián de los Reyes, estado Aragua, denunciaron la paralización del 80 % de la producción de cemento debido a fallas en las maquinarias y escasez de materia prima. Fuente: Runrunes.
El Control de los Ingresos y un Contrato Cuestionado
Las denuncias también alcanzan el manejo financiero del convenio. Fuentes del sector sostienen que Vencement cobra anticipadamente el cemento comercializado, no ha transferido a la CSC los recursos que le corresponderían y mantiene el control de los ingresos bajo el argumento de que estos son reinvertidos. Las mismas fuentes aseguran que parte del dinero sale de Venezuela mediante criptomonedas.
En junio de 2026, el gobierno interino de Delcy Rodríguez ordenó revisar y revocar el contrato de Vencement por incumplimientos relacionados con las inversiones comprometidas. Sin embargo, la decisión quedó sin ejecutarse. Ese mismo mes, Rodríguez viajó a Turquía por invitación del presidente Recep Tayyip Erdoğan, con quien se reunió el 8 de junio en el palacio de Dolmabahçe, en Estambul. El encuentro cobra relevancia por los vínculos políticos y empresariales de Turhan Mildon con el mandatario turco, quien anteriormente facilitó su acercamiento al presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, país donde el empresario obtuvo contratos millonarios.
Pese a la orden de revocación, Vencement continuó operando las cementeras venezolanas. Posteriormente, informaciones publicadas por la prensa estadounidense señalaron que el gobierno interino de Delcy Rodríguez reconsideró la cancelación al conocer la relación sentimental de Mildon con Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump.
Grupo Lamar: La Camaronera Confiscada que También Terminó Bajo la Operación de Mildon
Los negocios de Turhan Mildon en Venezuela no se limitan a la industria cementera. Meses después de recibir la operación de las diez plantas estatales, el empresario turco también obtuvo el control operativo de Grupo Lamar, considerada una de las mayores productoras y exportadoras de camarón del país, con instalaciones en el estado Zulia y un valor estimado de 700 millones de dólares.
La empresa había sido confiscada a finales de 2024, cuando organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro ocuparon sus oficinas, plantas procesadoras y terrenos sin presentar una orden judicial, según las denuncias recogidas en investigaciones periodísticas. Diosdado Cabello acusó públicamente a su propietario, el empresario José Enrique Rincón, conocido como el «rey del camarón», de financiar a la oposición venezolana, sin presentar pruebas que respaldaran esos señalamientos.
En junio de 2026, Rincón regresó a Venezuela desde Panamá con la intención de recuperar su empresa. Sin embargo, fue detenido a su llegada al aeropuerto internacional La Chinita, en Maracaibo, bajo acusaciones de traición y terrorismo. Según la información recogida en el informe, permanece recluido en la cárcel de Rodeo I. Sus familiares han denunciado un deterioro de su estado de salud, una pérdida de aproximadamente 11 kilogramos de peso y la falta de tratamiento médico para sus problemas cardíacos.
Tras asumir la operación de Grupo Lamar, Mildon anunció planes para generar 20.000 empleos y alcanzar ingresos de 500 millones de dólares en dos años. No obstante, registros empresariales citados en investigaciones periodísticas indican que, durante los primeros ocho meses de 2026, las instalaciones registraron ventas equivalentes, en promedio, a apenas el 5 % de las alcanzadas antes de la confiscación.
El caso de la camaronera amplía los interrogantes sobre los negocios del empresario turco en Venezuela. Tanto en la industria cementera como en Grupo Lamar, Mildon recibió la operación de activos de considerable valor económico durante el período en que Alex Saab ejercía funciones dentro del régimen de Nicolás Maduro. En ambos casos existen cuestionamientos sobre los resultados de las inversiones y el desempeño de las instalaciones, aunque se trata de operaciones distintas, cuyas condiciones contractuales y responsabilidades deben examinarse por separado.
Una Boda de USD 10 Millones Mientras los Trabajadores Resisten con Sueldos de Hambre
Mientras las cementeras venezolanas enfrentaban estas dificultades, Mildon celebraba una boda estimada en USD 10 millones. El 26 de septiembre de 2026 contrajo matrimonio con Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump, en el hotel Waldorf Astoria de Nueva York.
Decoración floral de la boda de Turhan Mildon, una celebración estimada en USD 10 millones. Fuente: The New York Times
La celebración incluyó aproximadamente 900.000 flores frescas, caviar para los invitados, champán Dom Pérignon, una orquesta de 30 músicos y actuaciones musicales. Entre los asistentes estuvieron figuras cercanas a la administración estadounidense, incluido el director del FBI, Kash Patel, y el alto funcionario del Departamento de Justicia Todd Blanche.
De izquierda a derecha: Ali Abdelaziz, Turhan Mildon, Sigal Chattah, Alina Habba y el director del FBI, Kash Patel, durante la boda celebrada en Nueva York. Fuente: Sigal Chattah / X
Los Vínculos de Alina Habba y el Contrato de USD 50 Millones
La controversia en torno a Turhan Mildon también alcanza a su esposa, Alina Habba. Una investigación publicada el 30 de octubre de 2026 reveló que Habba suscribió un contrato por más de 50 millones de dólares con Concord Partners, empresa creada por Isabela Herrera, hija del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien recibió un indulto presidencial a comienzos de este año.
Según la información divulgada, Trump expresó su malestar por la magnitud del acuerdo y habría exigido que parte de esos recursos se destinara a su futura biblioteca presidencial. El contrato, que contempla pagos anuales de 10 millones de dólares durante cuatro años, además de bonificaciones, ha generado interrogantes por su coincidencia temporal con las gestiones para obtener el indulto.
Contratos Millonarios y Trabajadores sin Respuestas
A más de un año y medio de la adjudicación del contrato cementero, siguen sin conocerse públicamente los resultados completos de la auditoría, los montos efectivamente invertidos en la recuperación de las plantas y el destino de los ingresos generados por la comercialización del cemento.
La situación de Grupo Lamar plantea interrogantes adicionales sobre las condiciones en que el régimen de Nicolás Maduro transfirió la operación de una empresa privada confiscada, el desempeño económico posterior y las circunstancias que mantienen a su propietario privado de libertad.
Entretanto, los trabajadores de las cementeras continúan enfrentando las consecuencias de una industria deteriorada, cuya recuperación resulta fundamental para la infraestructura y la reconstrucción de Venezuela.