Las autoridades españolas preparan la extradición de otro ciudadano venezolano, que supuestamente era funcionario de la Policía Militar de ese país, tras haber sido solicitado por el Gobierno de Venezuela, por la presunta comisión de los delitos de estafa continuada y asociación para delinquir, contra una compañía venezolana identificada como Diagold Overseas.
De acuerdo con información extraoficial obtenida por parte de las autoridades españolas, este ciudadano venezolano tenía una alerta de Interpol desde agosto de 2021, tras una investigación del presunto delito que habría cometido en 2016, contra esta empresa, de la cual obtuvo 53.000 euros que se suponían que iban a ser invertidos en diversos negocios de carácter internacional y que no se llegaron a concretar, reseñó Thábata Molina en Moncloa.com.
De acuerdo con las autoridades españolas, este ciudadano venezolano inicialmente señaló que era un perseguido político, por lo cual su defensa pidió que no se tramitara la orden de extradición, que había sido momentáneamente archivada en octubre de 2021, pero que finalmente se reactivó en marzo de este año y que podría concretarse en las próximas semanas.
La defensa del ex funcionario de la Policía Militar venezolana habría dicho a las autoridades españolas que se oponían a la extradición, bajo el alegato de que los tribunales competentes no tenían potestad para conocer de este caso pues para el momento en que señalan que se habría cometido el delito, esta persona ya residía en España.
Sin embargo, las autoridades españolas señalaron a la defensa que la compañía afectada por el presunto delito de estafa continuada tiene una sede en Venezuela, por lo que los juzgados del país suramericano tienen competencia para investigar y juzgar lo sucedido.
Otro de los argumentos utilizados por la defensa para tratar de salvar a esta persona de la extradición, ha sido decir que es un perseguido político, debido a que según el investigado, ejerció funciones dentro de la Policía Militar venezolana. Sin embargo, las autoridades españolas hicieron dos advertencias muy claras para combatir este argumento esgrimido por los abogados defensores.
En primer lugar, esta persona no ha podido comprobar ante los juzgados españoles que realmente era funcionario de la Policía Militar venezolana, y en segundo lugar, los delitos por los cuales lo están solicitando desde el país suramericano nada tienen que ver con hechos políticos, dice el escrito del los juzgados locales.
Esta persona, de quien no ha trascendido el nombre, podría ser enviada a Venezuela en cualquier momento, una vez que el país caribeño y las autoridades españolas coordinen la logística para su entrega.
El pasado 7 de octubre de 2021 se iba a concretar la extradición, pero en ese momento el investigado se opuso y no renunció al principio de especialidad, que no es más que una figura utilizada en los procesos de extradición, donde el Estado solicitante no lo puede juzgar por otro delito diferente al que esté mencionado en el trámite por el cual lo requieren.
Hay que recordar que el pasado 14 de julio las autoridades españolas entregaron a Venezuela a Ernesto Luis Quintero, que estaba solicitado por las autoridades de ese país, por su presunta vinculación con un caso de estafa a través de la compañía ABA Mercado de Capitales Casa de Bolsa. Los delitos imputados son estafa, apropiación de fondos o valores y legitimación de capitales.
Quintero estuvo detenido en España por más de año y medio, mientras se resolvía su situación de extradición, que finalmente accedieron a entregarlo a las autoridades de Venezuela.
Más detalles
España había recibido una orden procedente de la Interpol en agosto de 2021 explicando que contra el reclamado existía una orden internacional de detención expedida por las autoridades judiciales de Venezuela por haber cometido, presuntamente, un delito de estafa continuada y asociación para delinquir en 2016.
En agosto de 2016, presuntamente, el reclamado contactó con el representante de la empresa Diagold Overseas. Le ofreció una propuesta de inversión internacional de diversas cantidades en bolívares con un grupo de empresas tanto nacionales como extranjeras, las cuales pertenecen a una figura denominada “La Plataforma”.
Estos negocios supuestamente generarían dinero debido a las inversiones que generarían en España. La labor de dicha empresa era la de captar clientes con una alta capacidad económica para llevar a cabo el tipo de inversión que les ofrecía, reseñó Blanca Valdés Mañas en Confidencial Digital.
Pero según explica la Orden de Aprehensión procedente de la Fiscalía de Venezuela el ciudadano engañó a Diagold con el objetivo de apropiarse indebidamente de una cantidad aproximada de 53.000 euros.
Tras celebrarse la comparecencia prevista, se decretó la libertad provisional del reclamado, pero con limitaciones: tuvo que comunicar su lugar de domicilio y teléfono de contacto, comparecer siempre que sea llamado y comunicar cualquier cambio de casa que se produzca durante la tramitación de la causa.
Pero al no disponer de toda la documentación extradicional necesaria para llevar a cabo el proceso, el 7 de octubre de 2021 el Juzgado Central de Instrucción nº1 archivó provisionalmente el procedimiento, que fue reabierto en marzo de 2022. Ese día el reclamado no aceptó su extradición y no renunció al principio de especialidad, por lo que se acordó elevar las actuaciones a la Audiencia Nacional.
La defensa del reclamado se opuso a la demanda de extradición al considerar que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer los hechos al no haber ocurrido en el país. A ello añade que el acusado residía en España en el momento de los hechos por lo que tendrían que ser los tribunales españoles los que deberían juzgar.
En cambio, la Audiencia Nacional considera que sí tiene competencia el tribunal latinoamericano de juzgar porque la empresa tiene sede en Venezuela, por tanto, parte del delito se ha cometido allí.
Por otro lado, para esquivar la extradición, el reclamado manifiesta que, en su país, es perseguido políticamente debido al trabajo que desempeñó como comisario de la Policía Militar, por lo que podrían verse vulnerados sus derechos humanos. Sin embargo, la Audiencia Nacional explica que esta profesión no ha quedado acreditada puesto que no ha presentado pruebas. Además, alega que los delitos investigados no tienen carácter político.
En el caso de que hubiese podido demostrarlo, se hubiese denegado la entrega al país de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre el Reino de España y la República de Venezuela.
Pues bien, en otras ocasiones la Audiencia Nacional sí ha rechazado la entrega de persona reclamadas por Venezuela, incluso por delitos que no tenían una connotación política directa, pero se tuvo en cuenta la relación de la persona reclamada con el Gobierno venezolano.