Así describen el posible destino de los lavadores de dinero venezolanos Roberto Rincón y Abraham Shiera

Por Andrea Aldana
lanuevaprensa.com.co

En los capítulos uno, dos y tres de esta serie hemos contado que cuando Hyundai Motor Company (la casa matriz de Corea) le quitó la concesión de distribución y exclusividad a Hyundai Colombia Automotriz (la empresa de Carlos Mattos) para dársela al grupo económico del multimillonario ecuatoriano Juan Eljuri —quien quedaría como el nuevo distribuidor en el país—,Carlos Mattos decidió buscar asesoría legal. También contamos que en este punto es cuando entra Néstor Humberto Martínez Neira, pues Mattos consolidó un equipo jurídico —de abogados reconocidos— cuyo jefe era Martínez Neira, y le pagó a este último para que su firma, DLA Piper Martínez Neira (Estudio Jurídico MNA LTDA), hiciera un estudio sobre las posibles salidas jurídicas que pudieran existir para evitar la pérdida de la concesión de Hyundai.

El estudio se hizo y se cobró el 1 de octubre de 2015 y, producto de este, la firma de Néstor Humberto Martínez habría diseñado la estrategia para el pleito legal que iba a iniciar Mattos. En consecuencia, DLA Piper Martínez Neira envió tres ofertas de servicios a Mattos (cada una modificando términos de la anterior) para representar judicialmente a Hyundai Colombia en acciones (demandas) por competencia desleal, inducción a ruptura de contrato y uso indebido de la marca Hyundai en Colombia. Oferta en la que el bufete de abogados pactaba más de 700 millones de pesos de honorarios y una “comisión de éxito” que aplicaba “en el evento en el que se dicte medida cautelar contra el demandado”, y que consistía en el diez por ciento (10%) “del valor de los bienes objeto de la misma o el diez por ciento (10%) de la caución requerida”.

En la oferta de servicios que Néstor Humberto Martínez Neira firmó, también pactaba que este diez por ciento podría ser o sobre la indemnización que se lograra o sobre cualquier dinero que recibiera Mattos, “independiente de la fuente donde provenga” (transacción, conciliación, etc.), para terminar el proceso.

En resumen, una vez aceptada la oferta de servicios, los abogados de Mattos emprendieron las acciones legales dirigidas por Néstor Humberto Martínez Neira —quien era el “director del Plan legal y de su estrategia”, según fuentes cercanas a la defensa de Mattos que fueron consultadas por La Nueva Prensa— y, como resultado, dos juzgados de Bogotá decretaron medidas cautelares que favorecieron a Carlos Mattos: el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, y el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, en cabeza de la juez Ligia Hernández Pérez.

Ambos jueces decretaron las medidas por las que hoy son acusados de haber recibido sobornos de Carlos Mattos. Ahora bien, aunque ya lo contamos en el capítulo 2 de esta investigación, es necesario volver a recordarlo porque en el pleito legal conocido como “Caso Hyundai” lo más importante son las cifras: el juez Huertas fijó una caución de 77 mil millones de pesos como garantía ante posibles daños y perjuicios causados por las medidas cautelares que iba a decretar. La caución —garantía bancaria— se estableció con el Banco GNB Sudameris el 30 de marzo de 2016 y Mattos tuvo que consignar el valor para hacer efectivas las medidas cautelares que el juez decretó el 6 de abril de 2016.

Por su lado, la juez Ligia Hernández Pérez también decretó medidas cautelares en favor de Carlos Mattos, luego de adelantar una inspección judicial como prueba anticipada a la empresa del multimillonario ecuatoriano Eljuri, inspección judicial que fue solicitada por el propio Néstor Humberto Martínez Neira, en noviembre de 2015, ante “Juez Civil Municipal Bogotá (Reparto)”.

La juez inicialmente reconoció a Martínez Neira como apoderado de Hyundai Colombia (ver documentos abajo) pero la inspección judicial –que se llevó a cabo el 29 de abril de 2016— la hizo en compañía de Sergio Alberto Rojas Quiñones, abogado de la firma DLA Piper Martínez Neira que se presentó a esa diligencia con un poder de sustitución por parte de Néstor Humberto Martínez, quien, para entonces, ya andaba en campaña para ser elegido como fiscal general de la nación. Ese mismo día, la juez decretó las medidas cautelares.

Pantallazo de la columna “Justicia por cuotas”, escrita y publicada por el periodista Daniel Coronell en Revista Semana.Como medidas cautelares, el juez Reinaldo Huertas, titular del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, le prohibió a la Hyundai Motor Company promocionar, comercializar o vender vehículos con alguien diferente a la Hyundai Colombia de Mattos. Y la juez Ligia Hernández Pérez, titular del Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, le prohibió a la empresa del grupo económico de Eljuri comercializar vehículos Hyundai en Colombia, así como utilizar signos distintivos de la marca.

Y las dos medidas cautelares significaban dinero para Néstor Humberto Martínez: el juez Reinaldo Huertas determinó una caución de 77 mil millones de pesos, más o menos 26 millones de dólares al cambio de la época; y los bienes objeto de las medidas cautelares que decretó la juez Ligia Hernández Pérez eran, básicamente, 9.143 vehículos que el grupo Eljuri tenía retenidos en zonas francas y que no podía ingresar a Colombia por cuenta de estas medidas, cuyo valor superaba los 30 millones de dólares. Y, según la “comisión de éxito” que pactó con su cliente Carlos Mattos, a Martínez Neira le correspondía el diez por ciento (10%) de alguno de estos montos.

 

“Mattos se sintió engañado y no le pagó a Néstor Humberto Martínez”

Las medidas cautelares —cuya búsqueda era parte de la estrategia legal que trazó el equipo jurídico de Carlos Mattos— se decretaron y en teoría todo iba bien, pero las tensiones detonaron entre abogado y cliente.

Si se sostenían en lo acordado, a Martínez Neira le correspondía el diez por ciento (10%) del dinero que se desprendía de esas medidas cautelares, pero otros abogados especializados en el tema —profesionales a los que Mattos consultó y que no hacían parte de su equipo jurídico— le hicieron ver a Carlos Mattos que la “comisión de éxito” que había pactado con Néstor Humberto Martínez era “abusiva”.

Según estableció La Nueva Prensa con fuentes cercanas a esos abogados que Mattos consultó en aquella época, esta comisión de éxito era “abusiva porque las medidas cautelares no le aseguraban nada al cliente y, en cambio, él (Martínez Neira) sí cobraría por el solo decreto de las mismas. Claramente, quien luego sería Fiscal General de la Nación, tenía un interés económico en las medidas cautelares que fueron decretadas”.

Esto, al parecer, generó desconfianza en Carlos Mattos porque se dio cuenta de que las medidas no solo no le garantizaban ganar el pleito legal, sino que, además, había consignado el valor de la caución requerida que dictaminó el juez Huertas (77 mil millones de pesos, más o menos 26 millones de dólares al cambio de la época) para hacerlas efectivas; es decir, su propio bolsillo era el respaldo de las medidas cautelares decretadas. Así que, sostienen las fuentes cercanas a los abogados de Mattos de la época y que La Nueva Prensa consultó, “Carlos Mattos consideró que Néstor Humberto Martínez en lugar de ayudarle, lo había engañado. Y por eso no le pagó”.

Ahí se generó el primer rifirrafe entre abogado y cliente. El pleito legal ya estaba en los juzgados y Néstor Humberto Martínez ya estaba en campaña para ser elegido Fiscal General de la Nación. El 11 de julio de 2016 fue electo como tal por la Corte Suprema de Justicia y el 1 agosto 2016 se posesionó.

Sin embargo, Martínez Neira no cesó su relación con Carlos Mattos durante esos meses y su firma DLA Piper Martínez Neira (Estudio Jurídico MNA LTDA) continuó enviando facturas por concepto de honorarios fechadas el 17 de enero, el 15 de febrero, el 4 de mayo, el 19 de junio y el 19 de julio de 2016. Y después de electo Fiscal General de la Nación, la representación de Hyundai Colombia quedó en cabeza de su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán y del bufete de abogados, que pasó de llamarse DLA Piper Martínez Beltrán Abogados S.A.S., quienes continuaron enviando facturas incluso un mes después de la posesión de Martínez Neira posesión como Fiscal.

Vino entonces el que sería el segundo desencuentro entre el abogado y el cliente. Según fuentes cercanas a los abogados de Carlos Mattos que participaban del caso en esa época y que consultó La Nueva Prensa, “el hijo del Fiscal General Martínez y su oficina de abogados intentaron hasta el último momento lograr una transacción entre las partes enfrentadas en el litigio”. Incluso, informaron que Néstor Camilo Martínez Beltrán, representando a Hyundai Colombia Automotriz, se habría reunido con representantes de la firma multinacional de abogados DLA Piper, quienes habrían viajado a Bogotá para tratar de llegar a un arreglo negociado.

¿Por qué se habría dado esta reunión? Porque DLA Piper Martínez Beltrán Abogados S.A.S., la filial local de la firma multinacional de abogados DLA Piper, representaba los intereses de Hyundai Colombia Automotriz —la empresa de Carlos Mattos— pero, al parecer, para la misma época la multinacional DLA Piper representaba los intereses de Hyundai Motor Company —la casa matriz de la empresa coreana— a nivel global (dato que también publicó la revista Semana el 29 de septiembre de 2016. Ver pantallazo abajo). De haberse dado esta reunión, la firma DLA Piper habría representado al mismo tiempo intereses jurídicos y económicos contrarios y se habría presentado, posiblemente, un conflicto de intereses legales que podría desatar consecuencias jurídicas.

Sin embargo, aseguran las fuentes antes mencionadas y que consultó La Nueva Prensa, “la transacción no se logró y DLA Piper Martínez Beltrán, junto a los otros abogados del equipo jurídico que inicialmente dirigía Néstor Humberto Martínez, decidieron renunciar a continuar con la asesoría”. Decisión de la que Carlos Mattos se habría enterado.

Posteriormente se presentaron una serie de hechos determinantes en el pleito legal conocido como “Caso Hyundai”.

Primero: el 23 de septiembre de 2016, el periodista Daniel Coronell publicó una columna titulada “Sobre ruedas” en la que denunció que el juez Reinaldo Huertas, titular entonces del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, compró un vehículo Mazda 3, modelo 2017, por el que pagó “casi 73 millones de pesos” en efectivo, “menos de una semana después [el 12 de abril de 2016] de haber entrado en vigencia la medida cautelar que favorece los intereses de Mattos”y que Huertas decreto el 6 de 2016. También mencionó que Néstor Humberto Martínez figuraba como abogado “de Mattos en varios de estos pleitos contra Hyundai” y que ahora su hijo, Néstor Camilo Martínez Beltrán, era quien acompañaba a Carlos Mattos en “su litigio”.

Segundo: el 24 de septiembre de 2016, un día después de publicada la columna de Coronell, la Fiscalía General de la Nación emitió el “Comunicado de prensa 183” en el que se afirmó:

«En relación con la columna “Sobre Ruedas”, publicada en la revista SEMANA de la fecha, la Fiscalía se permite manifestar:

1. Ni el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, ni la firma de abogados a la que estuvo vinculado con anterioridad a su posesión como Fiscal General de la Nación, han tenido actuaciones judiciales ante el juzgado del circuito de Bogotá al que se alude en la columna, en representación del empresario Carlos Mattos o de sus empresas vinculadas. Dicha representación fue confiada desde un inicio a otra oficina de abogados […] A propósito de la columna referida, el Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira manifestó en la tarde de hoy que “durante su gestion al frente de la Fiscalía no habrá ni un solo caso en el que reine el tapen…tapen” (sic)».

Néstor Humberto Martínez Neira, entonces fiscal general de la nación, hizo que la Fiscalía de Colombia destinara recursos públicos para resolver asuntos de índole personal, en otras palabras, utilizó indebidamente la Oficina de Divulgación y Prensa de la entidad al ponerla al servicio de sus intereses privados a la hora de responder sobre su propia conducta.

Además, no solo no se declaró impedido frente al caso en mención sino que, en la Fiscalía que llegó a dirigir y en la que no iba a haber “ni un solo caso en el que reine el tapen, tapen”, Martínez Neira deliberadamente omitió que su firma de abogados, ahora en cabeza de su hijo Néstor Camilo Martínez Beltrán, adelantaba actuaciones judiciales de la misma índole ante el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, cuya juez titular era Ligia Hernández Pérez.

Tercero: el jueves 29 de septiembre de 2016, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira —inaugurando lo que después se conocería mediáticamente como “Caso Hyundai”—afirmó en rueda de prensa que: “La Fiscalía tiene evidencia documental de que fue manipulado el reparto de asignación de denuncias y de demandas y que, en tres casos, según la evidencia documental que poseemos, fueron enrutadas esas demandas hacia el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá”».

Todo lo anterior, haciendo referencia a la asignación de la demanda de Carlos Mattos contra Hyundai Motor Company, que fue asignada al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, en cabeza del juez Reinaldo Huertas, quien decretó las medidas cautelares que favorecieron a Mattos el 6 de abril de 2016.

El 23 de septiembre —mismo día que Coronell publicó su columna “Sobre ruedas”— y según Caracol Radio, “luego de reconocer que su firma de abogados representó una de las partes en esa disputa [la de Carlos Mattos y Hyundai Motor Company], Martínez Neira afirmó que: “Si el caso trasciende a la justicia penal y particularmente llega a la Fiscalía, yo tendré que declararme impedido de manera inmediata, pero personalmente no conozco que se esté atendiendo un caso relacionado, por lo menos no en mi despacho”. Sin embargo, seis días después, y sin declararse impedido, anunció la evidencia de manipulación en el reparto de la demanda. Es decir, la Fiscalía actuó bajo su dirección sin que éste declarara el impedimento al que se debía “de manera inmediata” por su cercanía con el caso.

Y Cuarto: un día después de las declaraciones de Néstor Humberto Martínez Neira —actuando ya como fiscal general de la nación—, el 30 de septiembre de 2016, los abogados Carlos Ignacio Jaramillo, Gabriel Ibarra, Jaime Granados y Juan Ignacio Gamboa —integrantes del equipo jurídico que había conformado Mattos y que inicialmente dirigió Martínez Neira—, le renunciaron a Carlos Mattos. Lo mismo hizo el hijo del fiscal, el abogado Néstor Camilo Martínez Beltrán, quien además emitió el siguiente comunicado:

«Néstor Camilo Martínez Beltrán, en relación con la disputa entre Hyundai Colombia y Hyundai Corea, informa: 1. Que no soy ni he sido apoderado de Hyundai Colombia, ni de sus accionistas o partes relacionadas, ante alguna instancia judicial o administrativa. 2. Que como consecuencia de la información comunicada por la Fiscalía General de la Nación el día de ayer, 29 de septiembre de 2016, le he informado a Hyundai Colombia y a Hyundai Corea que no continuaré en la labor que se me había encomendado dirigida a buscar un arreglo amigable de la controversia entre las partes, hasta tanto no se aclaren los hechos divulgados por la Fiscalía General de la Nación».

Esos cuatro hechos, o cuatro días son determinantes en el pleito legal conocido como “Caso Hyundai”. Así que, volvemos a retomar: según fuentes cercanas a los abogados de Carlos Mattos que participaron del caso en esa época y que consultó La Nueva Prensa, “el hijo del fiscal general Martínez y su oficina de abogados intentaron hasta el último momento lograr una transacción entre las partes enfrentadas en el litigio”. Esas fuentes agregaron que Néstor Camilo Martínez Beltrán, representando a Hyundai Colombia Automotriz, se habría reunido con representantes de la firma multinacional de abogados DLA Piper, quienes habrían viajado a Bogotá para tratar de llegar a un “arreglo negociado”.

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