En la orilla colombiana del gasoducto de 224 kilómetros entre Maracaibo, Venezuela y La Guajira, Colombia, con la que los mandatarios Gustavo Petro y Nicolás Maduro pretenden poner en marcha la importación de gas venezolano a Colombia, está Energy Transitions S.A.S. ESP que opera bajo la sigla ETSAS.
Se trata de una incipiente empresa constituida mediante documento privado el 7 de marzo de 2019 con un capital suscrito de apenas $10 millones, uno pagado de $5 millones y uno de autorizado de $500 millones, reseñó Norbey Quevedo en la Agencia De Periodismo Investigativo (API).
Sus socios fundadores son David Ángel Becerra y Alejandro Navas Ramírez, hijo del general en retiro Alejandro Navas Ramos y quien llegara a la cresta de la carrera militar en 2011, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos lo nombró como comandante de las Fuerzas Militares, cargo que ocupó hasta el 17 de agosto de 2013 cuando fue designado como embajador en Argentina.
La empresa del hijo del general Navas aspira a quedarse con el lucrativo negocio de importar gas desde Venezuela, lo que marchitaría la producción nacional ante el anuncio reiterado de la ministra de Minas, Irene Vélez de que Colombia se abstendrá de firmar nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, a pesar de la prospectividad de gas de al menos 30 años.
El objeto social de ETSAS es la comercialización de energía eléctrica y gas natural, así como las actividades asociadas a la distribución, generación y comercialización en el país y el extranjero.
En agosto de ese mismo año Navas Ramírez en su calidad de socio y representante legal de la firma cambió su actividad principal a comercialización de energía eléctrica y así quedó consignado en los registros.
Luego, en marzo de 2022 se realizó una asamblea ordinaria de socios en la que decidieron aumentar el capital suscrito y pagado a $200 millones.
En cuanto a los estados financieros la sociedad reportó que el primer año de funcionamiento, es decir, 2019 tuvo un activo corriente de $484’971.469,. A su vez, un patrimonio de $12’643.081 y los ingresos de actividad ordinaria fueron de $18’356.271. Con respecto a los gastos operacionales fueron de $10’458.786 y las utilidades fueron de $2’643.061 con un registró dos empleados.
Con el Estado la empresa apenas ha suscrito dos contratos. Uno en agosto de 2020 por $24’380.720 con la alcaldía de Cáqueza para el diagnóstico, levantamiento, georeferenciacion y la actualización de tecnología LED de la infraestructura de alumbrado público.
El otro contrato también fue con la alcaldía de Càqueza para cambiar unos bombillos del municipio por $13’633.104, éste se suscribió el 12 de agosto de 2020.
Alejandro Navas, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia
No obstante, aunque los socios de ETSAS no se quisieron pronunciar oficialmente sobre la experiencia y actividades de la compañía, esta Agencia conoció sus argumentos para participar en el negocio con Venezuela. La empresa argumenta que fue creada para contribuir con la transición energética y asegura ademàs que tiene con aval y registro ante el Gestor del Mercado de Gas como agente importador de gas natural.
Con respecto a su experiencia para hacer un negocio de tal magnitud, la fundamentan en que sus únicos socios Alejandro Navas y David Àngel cuentan con más de 26 años de experiencia en companías del sector manejando proyectos relevantes desde el ámbito técnico y comercial.
En el caso de Navas de 42 años de edad, fue vicepresidente comercial de Gas en Canacol Energy, uno de los productores más grandes de Colombia; periodo en el cual se argumenta que se logró posicionar a Canacol como uno de los principales productores comercializadores del mercado.
Su socio David Ángel, a sus 38 años, expone dentro de su experiencia, el liderazgo en procesos de comercialización en Ecopetrol, el productor más grande del país, por más de 350.000 MBTUD, unidad térmica británica, en contratos de largo plazo.
Una actividad comercial que aseguran cercanos a la compañía, surgió en el año 2020, cuando Prodata Energy estaba buscando en Colombia una compañía que les ayudara a entender el mercado colombiano, pues en ese momento acababan de gestionar un permiso de exportación de gas asignado por el Ministerio del Poder Popular de Petróleo del vecino país.
Según archivos de ETSAS, Prodata le compra a campos privados en Venezuela con la opción de monetizar en mercados internacionales. En este contexto, teniendo en cuenta la infraestructura existente, le interesaba analizar la viabilidad de una exportación hacia Colombia. El consultor que Prodata ha tenido para asesorarlo en estos temas, conocía a la firma colombiana por la labor que en su momento se había hecho en las exportaciones de gas hacia Venezuela.
Sin embargo, la compañía local ha precisado que el proyecto de importación de gas de Venezuela a Colombia es un proyecto entre privados, y ratifica que en ningún momento PDVSA le vende el gas a Prodata para que este se lo venda a Energy Transitions; la estatal venezolana otorgó un permiso de exportación a Prodata y este compra el gas a productores privados para su posterior comercialización.
Destaca además la firma colombiana que es contraparte de Prodata en un contrato de suministro de gas y que el marco regulatorio para la importación de gas a Colombia no requiere aval por parte del gobierno.
El negocio entre los dos países se evidenció a mediados de febrero de este año. El medio de comunicación nativo digital, Armando Info reveló la relación que existe entre la sociedad colombiana incipiente Energy Transitions, ETSAS y la empresa venezolana Prodata Energy.
Esta, como lo informó Blomberg, en noviembre de 2022, suscribió un contrato con la estatal venezolana PDVSA por 30 años para suministrarle a la empresa colombiana 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios a través del gasoducto Antonio Ricaurte.
Así mismo, el medio reveló que Prodata Energy es el nuevo nombre de Production Dará Acquisitiin Wire Line, una empresa de hidrocarburos creada en 1971 en el estado Zulia.
Con otro detalle. Detrás de esta firma que habría resurgido de las cenizas en los últimos meses estarían Bernardo Arosio Hobaica proveniente del sector de la construcción y Jorge Miroslav Jara Salas, un peruano venezolano que trabajó en Petroalianza, la otrora contratista de PDVSA registrada en Barbados y Chipre, según Armando Info.
Estos nombres detrás de la sociedad venezolana se habrían fortalecido a medida que Gustavo Petro avanzaba en la intención de voto en Colombia, es decir, entre la primera vuelta en mayo de 2022 y su posesión el pasado 7 de agosto.
Diecinueve días después de la elección de Gustavo Petro como presidente, Bernardo Arosio y Jorge Jara registraron en Caracas, la firma Investment Holding Corp cuyo objeto social es la tenencia y administración de toda clase de acciones o participaciones en sociedades mercantiles.
Luego, dos días antes de la posesión de Petro Holding Corp adquirió las acciones de Prodata Energy. La investigación de Armando Info reveló que aunque en el sitio web de la empresa se establecía como fecha de constitución en el año 2020, oficialmente se realizó en febrero de 2022 cuando entre otros se registró el cambio de nombre de Production Data Acquisition Wire Line a Prodata Energy.
A comienzos de marzo de 2022 la firma encuestadora Invamer reveló los resultados de una encuesta realizada a 1504 personas, en esta Gustavo Petro encabezaba la intención de voto con 55.8%, seguido por Sergio Fajardo con 40.2% en el escenario de que ambos pasaran a la segunda vuelta.
Para esa misma fecha, Prodata Energy mudó su domicilio del estado de Zulia a la capital Caracas, en una oficina del Centro Lido establecieron su domicilio tanto Prodata como Holding Corp.
Según lo reveló el medio, ni Arosio ni Jara figuran en la constitución del documento de compra de Prodata porque está se realizó a través de apoderados. Uno de estos Roberto Villalba Rincón, un ingeniero que ocupó altos cargos en PDVSA hasta julio de 2021 y quien ahora figura como presidente de Prodata.
Un mes antes Jorge Jara hizo una declaración para el portal El Mercurio Web qué pasó desapercibida en Colombia a pesar de la trascendencia de la misma. “Las condiciones están dadas para que un privado entre en el acuerdo de manera que PDVSA sólo facilitaría la infraestructura que tiene, no manejada por ellos sino por el privado, y se pueda exportar el gas de Venezuela a Colombia”, señaló el ingeniero de petroleos y socio de Holding, Jorge Jara.
Una aseveración extraña si se tiene en cuenta que seis meses atrás, en agosto de 2021 la Contraloría General de la Republica, emitió el primer control de advertencia de su historia sobre la Regasificadora del Pacífico, un negocio para entonces de 2.7 billones que sería entregado en concesión perpetua por el gobierno nacional a unos privados.
Técnicamente el organismo de control demostró que la construcción de esa Regasificadora afectaría la operación del Puerto de Buenaventura, según concepto de la Dirección General Marítima, Dimar y el gasoducto que se requería construir atravesarà asentamientos indígenas y selvas protegidas en el Pacifico. A ello se suma que se financiaría vía tarifas por los usuarios que en la factura tendrían el incremento desde el momento de la adjudicación de la obra.
El portazo técnico del entonces contralor Carlos Felipe Cordoba al gobierno de Iván Duque en ese proyecto cuestionado técnica y ambientalmente fue lo último que se conoció en cuanto importación de gas natural, pues, entre otros, las cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, revelaban que el país tenía una prospectividad de gas de al menos 30 años y realmente lo que se requería era la eficacia en el transporte.
Lo cierto es que uno de los ministerios más polémicos de la era Petro ha sido justamente el de Minas y Energía en cabeza de Irene Vélez. Sus múltiples salidas en falso, pero sobre todo el juego de palabras respecto a la suscripción de nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país y los recursos que obtiene el país de este sector y que representan el 5% del Producto Interno Bruto, PIB.
Precisamente por evidenciar la inconveniencia de que Colombia renuncia a la suscripción de nuevos contratos de hidrocarburos, es que cobró la cabeza de los viceministros Belliza Ruiz y recientemente de Giovanny Franco Sepulveda.
También le costó al cargo a uno de los expertos de este sector el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón quien impuso récord histórico. En el más reciente informe la estatal colombiana registró ingresos por $159,5 billones al cierre de 2022 que representan el 10.9% del PIB del año pasado de $2.463 billones.
La empresa en cabeza de Bayón dejó dividendos por $42.4 billones el equivalente a más de dos reformas tributarias. Un directivo que estará en el cargo hasta el próximo 31 de diciembre. Su reemplazo aún no esta nombrado por el presidente Gustavo Petro.
Otro funcionario que no resistió que primara la discusión ideológica sobre la técnica fue el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Carlos Gustavo Cano quien renunció a través de una carta en donde plasmó la incertidumbre que ronda al sector.
Lo cierto es que en las dos orillas del negocio de la importación de gas natural está el hijo del general Navas, Alejandro Navas Ramírez y su socio David Ángel Becerra, quien a su vez hace parte de la junta directiva de Integral Plus Energy, una sociedad constituida en 2021 propiedad del venezolano y aliado del régimen de Maduro, Jorge Jara.
Energy Transition, ETSAS la empresa que ha suscrito dos contratos con la alcaldía de Caqueza, Cundinamarca por alrededor de $40 millones aproximadamente US$8.333 y que no registra bienes inmuebles a nombre de la sociedad y tampoco su representante legal, es la llamada a del lado colombiano en el Campo Ballena, en La Guajira a manejar los 25 millones de pies cúbicos de gas natural diarios que aspira a enviar Venezuela.
En noviembre pasado el embajador Armando Benedetti aseguró que lo relacionado al transporte de gas estático a cargo de Transportadora de Gas Natural, TGI, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo o Ecopetrol. Sin embargo, todos los caminos conducen a Navas, Becerra y los cercanos al régimen o al ministro venezolano Tareck El Aissami.
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