Por Daniel Coronell
La W Radio
Hay una nueva revelación en el escándalo de los carros blindados. Se trata de un proceso distinto al del carrusel de la contratación en el que la Fiscalía tiene un proyecto de principio de oportunidad de dos implicados que ofrecen delatar a los altos oficiales de la policía, funcionarios y empresarios presuntamente vinculados a las contrataciones irregulares y multimillonarias. Ese principio de oportunidad está frenado en el despacho del fiscal Francisco Barbosa.
El caso, del que les hablaré hoy, empezó durante el gobierno de Iván Duque. Una empresa le alquiló a la Unidad Nacional de Protección, UNP, vehículos maquillados como blindados pero que en realidad no cumplían las características técnicas para proteger la vida de las personas a las que estaban asignados.
La empresa que le metió gato por liebre al gobierno se llama Neostar Seguridad de Colombia Limitada y su cabeza visible es el empresario Alan Perlman. Para el momento en el que empezaron las denuncias la empresa del señor Perlman había celebrado 8 contratos de alquiler de vehículos blindados.
El caso se empezó a descubrir porque dos personas bajo protección se dieron cuenta de que los carros que les había asignado la UNP no eran realmente blindados.
El primero de ellos, en 2019, fue un primo del expresidente Álvaro Uribe y el segundo fue el entonces consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín Cotrino. El peso de los carros y unas características del tanque de gasolina fueron las claves para que los protegidos se dieran cuenta del engaño.
Guarín descubrió la irregularidad en 2020 y de inmediato le envió una comunicación al entonces director de protección encargado, Daniel Palacio, quien llegó a ser ministro del interior. La carta, cuya copia tengo, asegura:
“La camioneta asignada para mi protección por la UNP no cuenta con blindaje total. Exclusivamente los vidrios tienen blindaje”.
Cuando el caso llegó a la Fiscalía se encontraron con que uno de los falsos vehículos blindados estaba asignado a Piedad Córdoba y otros a defensores de derechos humanos.
Como ustedes verán el fraude que pone en peligro la vida de personas amenazadas no tenía color político. Los carros estuvieron asignados a un familiar del expresidente Uribe, al consejero de seguridad nacional de Iván Duque, y también a Piedad Córdoba y a defensores de derechos humanos.
La Fiscalía empezó en 2019 a tramitar una denuncia por estos hechos, interpuesta por la abogada Nataly Hernández a nombre de la UNP.
Aunque las señales externas indicaban que las camionetas no cumplían las características de seguridad era necesario demostrarlo técnicamente a través de un análisis balístico a los componentes susceptibles de blindaje. Eso exigía desarmar los vehículos.
El tema es técnicamente complicado porque existen pocas empresas blindadoras en Colombia con la capacidad de desmontar una camioneta para demostrar si realmente es a prueba de balas.
Así es que la Fiscalía acudió ante la propia empresa Neostar, del señor Víctor Perlman, que además de alquilar los vehículos los blindaba.
Así quedó documentado en video, el engaño.
Además el blindaje de varias de esas camionetas no había sido previamente autorizado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, lo cual constituía una irregularidad adicional.
La Fiscalía incautó seis de esas camionetas por un tiempo pero decenas de ellas siguen en la UNP, en teoría protegiendo la vida de personas amenazadas. Uno de los peritos investigadores asegura en un documento que los pretendidos blindados tienen la misma seguridad de un carrito Spark. No resistirían un ataque a bala.
Se supone que los vehículos requeridos por la UNP son mínimo nivel 3NU y de acuerdo con la norma técnica deben soportar disparos repetidos de pistola 9 milímetros, calibre 756.
Los superiores de nivel 4 deben incluso resistir ataques con explosivos.
Pero todo era mentira. Los carros no están realmente blindados.
El caso fue asignado al fiscal ante el CTI, Mario Barahona, el tiempo pasa y no sucede nada. Los investigadores piensan que en los próximos meses será archivado y quedará en la impunidad total.
Para terminar dos curiosidades: El señor Alan Perlman, dueño de la empresa involucrada, aparece en el listado de personas presuntamente implicadas en el carrusel de la contratación de los blindados. Los eventuales declarantes lo mencionan en el proyecto de principio de oportunidad.
Una segunda curiosidad: En este momento está abierto un proceso en la UNP para alquilar más camionetas blindadas y la empresa del señor Perlman está participando sin ningún problema.
Algo más, el abogado que representa esa compañía envío una comunicación a la UNP pidiendo que estuvieran muy pendientes porque de pronto uno de los competidores tratará de hacer pasar carros sin blindar por blindados. Cinismo a prueba de balas.
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