La Policía Federal de Brasil emitió el jueves una orden de deportación contra Manuel Antonio Barroso Alberto, exrepresentante diplomático de Nicolás Maduro, por no regularizar su estatus migratorio en el país.
El general chavista está acusado de corrupción, por lo que se encuentra atrincherado en la embajada de Venezuela en Brasil desde hace dos años.
Barroso no siempre se dedicó a las actividades diplomáticas. Entre 2006 y 2013, es decir durante siete años, fue presidente de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), el organismo responsable del robo de 25 mil millones de dólares, de acuerdo a lo denunciado por el ex ministro de Hugo Chávez, Jorge Giordani, reseñó Infobae.
El también ex ministro y militar venezolano, Hebert García Plaza, quien rompió con el chavismo en 2015 y denunció crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano, acusó en 2018 a Barroso de ser “el protegido de Diosdado Cabello”. El ex funcionario señaló también que como consecuencia de las maniobras oscuras de Barroso durante sus años en la administración pública “el clan de Cabello escondió en Brasil, como agregado militar desde 2015″.
En marzo de 2020, el gobierno de Jair Bolsonaro ordenó el retiro de “todos” sus diplomáticos y funcionarios del servicio exterior en Venezuela, al tiempo que notificó al régimen de Maduro que retire a sus representantes en territorio brasileño.
Sin embargo, el régimen venezolano se negó a hacerlo, alegando que las negociaciones al respecto en las que Brasilia fundamentaba su reclamo nunca habían tenido lugar. Además de su embajada, Venezuela tiene seis consulados en el gigante sudamericano.
Meses después, en septiembre de ese año, Brasilia declaró “persona non grata” al personal diplomático del régimen venezolano en el país. En la comunicación emitida por las autoridades en ese entonces se aclara que la declaración de persona no grata es un instrumento jurídico ampliamente utilizado por las relaciones internacionales, y que aplicarla le confiere al país extranjero la posibilidad de retirar a dicho personal, o bien, que el mismo permanezca pero sin estatus diplomático.
El 1 de mayo de este año el juez Luís Roberto Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, suspendió la orden del gobierno de Bolsonaro que obligaba a los representantes diplomáticos del régimen chavista a salir del país. El magistrado aceptó un recurso presentado por un diputado del Partido de los Trabajadores (PT), en el que denunciaba que la medida violaba la legislación brasileña y tratados internacionales sobre derechos humanos y relaciones diplomáticas.
Ese mismo mes, la Superintendencia del Distrito Federal abrió investigaciones para deportar a cinco representantes de Maduro: Barroso, María del Pilar García, Ángel Gustavo Rodríguez, Freddy Efraín Meregote e Irene Auxiliadora Rondón. La misión de Maduro en suelo brasileño está encabezada por Rondón, quien este año mantuvo una reunión en Brasilia con el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Brasil forma parte de los más de cincuenta países que consideran ilegítimo al gobierno de Maduro y reconocen al opositor Juan Guaidó como mandatario encargado de Venezuela. El gobierno brasileño también reconoce a la embajadora designada por Guaidó en Brasil, María Teresa Belandria.
Las relaciones entre Brasil y Venezuela atraviesan una etapa de tensiones desde que Brasil impulsó la suspensión de Caracas del Mercosur, en agosto de 2017, durante el gobierno de Michel Temer. El mismo año, el régimen venezolano expulsó al entonces embajador brasileño, Rui Pereira.
Desde entonces, Maduro y Bolsonaro han cruzado fuertes críticas y denuncias de uno contra otro.
Brasil es desde hace unos dos años el destino de decenas de miles de venezolanos que escapan de la crisis económica, política y social de su país.
La administración de Bolsonaro es una de las voces regionales más enfáticas a la hora de condenar al régimen venezolano. Tras la publicación años atrás por parte de la ONU del informe que denunció graves violaciones de derechos humanos en el país, el mandatario pidió trabajar para “extinguir” al régimen de Maduro.
La policía de Brasil comenzó el jueves, 14 de octubre un operativo para dar captura al general Manuel Antonio Barroso, con el fin de deportarlo.
¿Quién es Manuel Barroso?
Ex presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), cargo que desempeñó entre 2006 y 2013. Es licenciado en Ciencias y Artes Militares, egresado de la Academia Militar en 1990 de la promoción General José Trinidad Morán.
Laboró desde 2001 junto a Diosdado Cabello -actual presidente de la Asamblea Nacional- en la Secretaría de Despacho de la Presidencia, en la Vicepresidencia de la República y como director general del despacho en el Ministerio de Infraestructura. Más adelante, se desempeñó como director de Control de Gestión y director del Despacho de la Presidencia de la República.
Fue presidente del Banco del Pueblo Soberano entre 2004 y 2006, y en noviembre de 2005 fue nombrado director principal del Banco del Tesoro.
Un perfil de El Mundo Economía y Negocios señala que fue profesor de la cátedra de Venezuela Contemporánea en la Academia Militar, tiene una especialización en Gerencia Empresarial de la Universidad José María Vargas y una maestría sin terminar en Administración del Trabajo y Relaciones Laborales de la Universidad de Carabobo.
El 5 de julio de 2015, fue ascendido a general de División del Ejército por el presidente Nicolás Maduro, pese a que el mismo mandatario lo destituyó de la presidente de Cadivi en marzo de 2013 y desde entonces estaba en el ostracismo.
La periodista Sebastiana Barráez, en su columna en el semanario Quinto Día, afirma que Barroso debe tener un influyente amigo en el poder. “Sólo así podría explicarse que durante 7 años estuvo al frente del organismo encargado de la administración de las divisas en el país. Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia, en marzo 2013, lo destituyó.
De ahí en adelante estalló un escándalo que dio cuenta de la existencia de numerosas empresas de maletín a las que se le asignaron millones de dólares y las cuales han terminado protegidas por muchos silencios”. Además, su nombre se ha vinculado con la entrega de pasaportes diplomáticos a dos venezolanos que luego aparecieron involucrados por la justicia del Principado de Andorra por lavado de dólares a través del Banco Privado de Andorra: Tulio Hernández y Gabriel Gil.
Por otra parte, un reportaje de El Nacional publicado en agosto de 2014, dice que Barroso era presidente de Cadivi cuando empresas de dos de sus ex compañeros de la Academia Militar recibieron divisas para importar alimentos. El coronel Manuel Barroso era presidente de la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi, cuando esa institución aprobó en 2012 más de 23,5 millones de dólares a 2 importadoras con apenas meses de existencia: “Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, constituidas en junio y diciembre de 2010.
Ambas empresas, de acuerdo con sus expedientes mercantiles, eran propiedad de un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar: el teniente coronel Carlos Arias Delgado.
La primera de las compañías no sólo obtuvo divisas preferenciales, sino que también logró 16 contratos para proveer atún ecuatoriano a la red gubernamental Mercados de Alimentos, Mercal, presidida por el entonces coronel Félix Osorio, quien egresó en la misma promoción que los otros 2 y para la época era integrante de la directiva del organismo cambiario, instancia colegiada que decidía sobre las entregas de moneda extranjera a empresas solicitantes.
Un cuarto oficial retirado se asoció con Arias Delgado en la segunda de las firmas antes de finalizar ese año de aprobaciones millonarias de dólares: fue el teniente coronel Eduardo Escalante Pérez. Casualidad o no, igualmente se graduó con los demás y antes de sumarse al mundo empresarial fue gerente de Importaciones y Seguimiento y vicepresidente de Administración y Control en Cadivi a la orden de sus compañeros de armas”.