Raúl Morodo fue embajador de España en Venezuela, cuando el país suramericano era gobernado por Hugo Chávez. Morodo se ha visto envuelto junto a su hijo en un escándalo de cobros de comisiones millonarias de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Hasta los momentos Morodo se ha negado a revelar ante la justicia española su participación en tramas corruptas, burlándose de algún modo de quienes exigen claridad en su caso, un caso que parece tratar de pasar inadvertido no solo en España, sino también en Venezuela, reseñó en 2019 Marcos García Rey en El Confidencial.
Relación con Venezuela
Raúl Morodo (Ferrol, 1935) ha cultivado una vida rica e intensa en torno a cuatro ejes: el Derecho, la Academia, la política y la diplomacia. Su amplio patrimonio intelectual y vital le llevó a escribir una primera obra autobiográfica (‘Atando cabos: memorias de un conspirador moderado’, 2001) que comienza con una cita extraída de ‘Escuela de mandarines’, de Miguel Espinosa: «Todos los hechos son hijos de la corrupción; fuera de ellos reside lo irreal. De la inocencia surge inocencia; de la corrupción, necesidad. El embozo de la corrupción se llama retórica. Sabedlo para siempre: la corrupción es irremediable. Aprended a corromper y poseeréis la Tierra».
Morodo es conocedor filosófica y teóricamente de la corrupción innata al ser humano. Pero parece que también dominaría la parte práctica de esa lacra. En 2019 declaró ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Se acusa a Morodo de blanquear 4,5 millones de euros originados en el ingente expolio que ha padecido en los últimos años la empresa estatal petrolera PDVSA. Su hijo Alejo, su nuera y un matrimonio de venezolanos afincados en España fueron detenidos el 20 de mayo por la misma causa. Quedaron en libertad bajo medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado y prohibición de salir del país. Morodo, debido a su avanzada edad, no durmió en una celda.
Morodo fue embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007 durante el Gobierno de Hugo Chávez. José Luis Rodríguez Zapatero lo nombró a instancias de su ministro de Defensa, José Bono. No pertenece a la Carrera Diplomática, de modo que fue embajador político designado ‘ad hoc’. Antes había servido igualmente como embajador en Portugal (1995-1999) y ante la Unesco en París (1983-1985), en ambas ocasiones nombrado por Ejecutivos liderados por Felipe González.
La labor mediadora que ha llevado a cabo Zapatero en Venezuela en los últimos años entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y parte de la oposición habría estado bendecida y respaldada por Raúl Morodo, según cuentan fuentes del chavismo. El exembajador español en Caracas hizo grandes amistades con figuras prominentes del chavismo y con el propio Hugo Chávez durante su misión diplomática en Venezuela. Tan cercana era su relación con el presidente venezolano que Zapatero le solicitó que mediara para disminuir la tensión diplomática creada tras el «¿Por qué no te callas?» que le espetó el rey Juan Carlos a Chávez en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de Santiago de Chile en noviembre de 2007. La gestión de Morodo dio como resultado una visita de Chávez al rey en Mallorca en verano de 2008 que puso fin a la crisis.
En su autobiografía se define como «conspirador antifranquista moderado». Desde que estudiara su licenciatura de Derecho en Salamanca en la segunda mitad de los años cincuenta, ese jurista inició una oposición activa contra el franquismo de la mano, principalmente, de Enrique Tierno Galván. Siempre fue un opositor activo desde una posición moderada como miembro de la burguesía urbana ilustrada. Estuvo en la cárcel de Carabanchel apenas unos meses en 1957 por «atentar contra la seguridad del Estado». Junto a Tierno Galván, Morodo lideró el Partido Socialista Popular (1968-1977).
Precisamente, en ese periodo de activismo antifranquista, el exembajador en Venezuela se granjeó amistades como las de José Bono. Morodo constituyó en 1971 un despacho de abogados donde colaborarían letrados socialistas que luego devinieron ilustres políticos, como el propio Bono o Ventura Pérez Mariño, quien se desempeñara como diputado del PSOE, alcalde de Vigo y magistrado de la Audiencia Nacional.
En las memorias de Raúl Morodo se puede leer lo siguiente: «Me considero un partisano en la lucha por las libertades —un partisano progresista— y, como jurista, un defensor del Estado democrático de Derecho». Su lucha antifranquista y su cercanía a los círculos políticos y académicos progresistas le darían suficientes prebendas como para autocondecorarse con esos galones democráticos. Sin embargo, surge una mácula en su brillante currículo cuando cesa al frente de la legación diplomática en Caracas.
Entonces, su hijo Alejo comenzó a viajar a Venezuela de forma recurrente a partir de finales de 2007. De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, desde entonces y hasta al menos 2013, la familia Morodo y sus cómplices habrían montado una estructura ‘offshore’ para cobrar honorarios a través de cuentas en Suiza a cambio de servicios ficticios de asesoría para PDVSA. Una gran parte de los 4,5 millones de euros cobrados de caudales públicos venezolanos habría sido blanqueada posteriormente en España mediante adquisiciones inmobiliarias. La Audiencia Nacional investiga a Raúl Morodo y a los otros cuatro imputados por corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y delito fiscal.
Alejo Morodo, quien cursó su primaria y secundaria en el Colegio Estudio —el centro escolar por excelencia al que la burguesía progresista urbana afincada en Madrid enviaba a sus hijos—, habría urdido junto a su padre el entramado empresarial internacional para malversar el dinero público del Estado venezolano y trasladarlo a Europa. Para ello, también contó con la complicidad de su esposa portuguesa, Catarina Loureiro, su amigo venezolano Carlos Prada y la mujer de éste. De acuerdo con lo que manifestó a ‘El Español’ en 2016, el motivo de esos pagos tenía que ver con ayudar a PDVSA a «implantarse en Europa».
Las sucesivas facturas pagadas por PDVSA fueron canalizadas a través de la sociedad panameña Furnival Barristers Corporation, creada en abril de 2008 con «hombres de paja» y mediante acciones al portador, una forma para ocultar a los últimos beneficiarios de las compañías en los paraísos fiscales. Hasta octubre de 2016, no apareció en el Registro Público de Panamá el nombre de Alejo Morodo Cañeque como presidente de la sociedad ni las acciones pasaron a ser nominativas en lugar de permanecer anonimizadas al portador. En esa fecha, la Fiscalía Anticorrupción ya había iniciado las pesquisas.
Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, de la que es administrador único Alejo Morodo, también expidió facturas de entre 80.000 y 160.000 euros mensuales a PDVSA. Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, en 2013 Aequitas Abogados tuvo un beneficio neto de 609.480 euros; en 2012, solo ganó 191.000. Los pagos librados a los Morodo llevaban la firma autorizada de Rafael Ramírez, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de la estatal petrolera PDVSA entre 2004 y 2013. Ramírez, el hombre más poderoso de la economía chavista en ese periodo, está involucrado (‘Official B’) por un tribunal de Houston de haber colaborado en sustraer unos 11.000 millones de dólares de la estatal petrolera venezolana. Un agente de Inteligencia consultado por El Confidencial eleva la cifra hasta los 12.000 millones. Ahora vive en Italia protegido por sus servicios policiales.
El esquema diseñado de malversación de PDVSA, empresa que ha aportado el 95% de los ingresos de divisas de Venezuela en lo que llevamos de siglo XXI, fue cifrado en 2018 en 20.000 millones de dólares anuales. La estimación la realizó un experto estadounidense del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para una investigación que sirvió a un tribunal de Florida para acusar a varios próceres del chavismo. Siempre según la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, los Morodo y sus cómplices habrían colaborado con el régimen cleptocrático que ha saqueado los recursos públicos del país caribeño.
Raúl Morodo llegó a ser embajador político en Caracas con la venia de Rodríguez Zapatero y José Bono. Ambos sabían que un socialista del siglo XX podía congeniar con el fundador del «socialismo del siglo XXI», Hugo Chávez. Además, Morodo conocía el país por su continuas visitas anteriores y era buen amigo de dos expresidentes venezolanos, Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez.
Durante el periodo de su misión diplomática (2004-2007), PDVSA era la gallina de los huevos de oro de toda América Latina: producía tres millones de barriles de crudo diarios y los ingresos de divisas excedían la capacidad de gestión de los recursos del Ejecutivo de Chávez. Una parte importante de sus altos funcionarios y militares eligieron bancos estadounidenses, portugueses, andorranos, españoles y suizos para gestionar esos excedentes enriqueciéndose personalmente. Según la investigación judicial en marcha, el jurista español vio también una ventana de oportunidad en la coyuntura favorable de la economía venezolana.
Tanto llegó a congeniar Morodo con Chávez que el presidente venezolano lo veía asiduamente y lo citaba a menudo en sus discursos. En su programa ‘Aló Presidente’ del 12 de abril de 2007, Chávez decía de Morodo: «Hace poco tuve una interesante reunión con el embajador del Reino de España en Venezuela, es un excelente amigo, es un hombre socialista Raúl Morodo, escritor, intelectual, buen amigo y el exministro de Defensa del Gobierno de España, don Pepe Bono nos visitaba y vino también y vino también don Mário Soares, expresidente de Portugal, tuvimos una conversación maravillosa». Morodo era muy amigo del político socialista portugués, a quien frecuentó desde los años sesenta.
En otro discurso, con motivo de la inauguración de un tramo del metro de Caracas en octubre de 2006, con su habitual prosopopeya, Chávez se refirió al embajador español con estas palabras: «Acompañamos espiritualmente al embajador Raúl Morodo en el Panteón Nacional, gracias embajador por su ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos de Bolívar en el Día de la Hispanidad. Queremos la hispanidad, queremos a España, la de García Lorca, la de Zapatero, la de Morodo, la España, nuestra madre España».
El periodista venezolano Nelson Bocaranda, ha escrito varias veces sobre esa relación de cercanía entre Chávez y Morodo. Cuenta Bocaranda que Morodo era el único diplomático, junto al embajador cubano, que tenía línea telefónica directa con el comandante en jefe. También ha narrado el periodista cómo un día Chávez, sin previo aviso, convocó a Morodo al palacio presidencial de Miraflores. Allí acudió de inmediato el político español.
Lo que sucedió a continuación fue una sorpresa para el embajador y ofrece pistas al lector sobre cómo se fueron labrando ‘a posteriori’ los vínculos entre los Morodo y la estatal petrolera que están siendo hoy investigados. Escribe Bocaranda: «El caudillo lo invitó a viajar con él en su avión presidencial para ‘un viajecito de ida y vuelta de unas dos horas al interior del país’. Cuando aterrizó la aeronave estaban en La Habana. Chávez le presentó a los hermanos Castro y el viaje duró hasta el otro día. Morodo no tenía más ropa con él y así terminó el viaje de unas 30 horas. Tal fue la relación, que de allí vino la presentación del hijo a Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, antes de que terminara su cargo en Venezuela en 2007. Ramírez fue en ese mismo viaje a Cuba».
Santiago Pedraz tiene entre sus manos la memoria de la reputación o el desprestigio de una figura importante del antifranquismo y de la Transición. Por su lado, su hijo Alejo, quien en época juvenil escuchaba música de bandas de rock vasco radical y hoy estudia con pasión ‘La divina comedia’, podría haber sido víctima de la devoción por el chavismo (a menudo cleptócrata) de su padre.
Dinero venezolano
El que fuera embajador de España en Venezuela entre 2004 y 2007, Raúl Morodo, y su círculo familiar más íntimo recibieron entre 2011 y 2015 más de 4,5 millones de euros procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz, investiga esos fondos porque «carecen de justificación real y lógica comercial», reseñó EUROPA PRESS.
En concreto, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella ante la Audiencia Nacional en enero de 2019 señalando en la misma que los hechos investigados –desde 2017– podían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, delitos de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública, tal como consta en el sumario al que ha tenido acceso Europa Press.
En el ‘caso Morodo’ se investiga, además de al que fuera embajador en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer Cristina Cañeque, a su hijo Alejo Morodo, a la esposa de éste Ana Catarina Varandas, a Ana Korina Ulloa Marsicobetre, a Carlos Adolfo Prada Gómez y a Marisol Varela Ledo. Asimismo, la Fiscalía se querella contra nueve mercantiles, entre las que se encuentra Aequitas Abogados y Consultores Asociados, Furnival Barrister Corp y Morodo Abogados y Asociados SL.
Otro de los investigados inicialmente, Juan Carlos Márquez Cabrera (esposo de Ana Korina Ulloa), que era el cargo dentro de PDVSA que firmaba los contratos con los Morodo, se suicidó en julio de 2019 tras haber declarado como investigado ante la Audiencia Nacional.
Al igual que Márquez, el resto de investigados declararon en la Audiencia Nacional en mayo de 2019 tras su detención. Entonces, el exembajador, de 84 años, quedó en libertad con medidas cautelares.
Según apunta en su escrito la Fiscalía española, la investigación practicada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) de España evidencia «que los contratos que intentan amparar la recepción de estos fondos y las facturas derivadas de los mismos, adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces».
El informe policial describe la existencia de una serie de operaciones «sospechosas» realizadas por el entorno familiar y profesional de Morodo que consistía en la recepción «de importantes cantidades de dinero desde Venezuela» y que se justificaban como supuestos honorarios de asesoramiento a la petrolera. Apuntan que para recibir esos fondos se usaba un entramado societario y bancario residenciado principalmente «en territorios considerados off shore como Panamá y Suiza».
A esos 4,5 millones, se suman otros fondos que recibió la familia entre 2008 y 2011 provenientes de PDVSA (819.032) y de otra mercantil denominada PDVSA IBÉRICA SA (117.360). Los investigados usaban «una compleja estructura societaria» para introducir esas cantidades en España.
La operativa estaba montada con el objetivo de dificultar el seguimiento del dinero gracias a que tenían una sociedad de nacionalidad panameña y diversas cuentas bancarias en entidades radicadas en Portugal, Suiza y España. Además, traspasaban el dinero entre distintas cuentas bancarias abiertas en entidades españolas y disponían de fondos mediante cheques al portador y con extracciones en efectivo.
Usaban asimismo las diferentes mercantiles vinculadas a la familia Morodo para realizar pagos carentes de lógica comercial a personas jurídicas y físicas portuguesas –Morodo fue también embajador de España en Portugal–, algunas de ellas «cargos políticos relevantes en Portugal».
Además, los acusados ocultaron parte de los fondos percibidos por PDVSA a la Hacienda pública española, y los saldos reflejados en sus cuentas bancarias no coincidían con las cantidades realmente declaradas.
La investigación da por probado además que la mercantil Aequitas –cuyo administrador único era Alejo Morodo– era una sociedad instrumental que se creó «con la finalidad de canalizar los fondos aparentemente ilícitos recibidos por PDVSA». Indican que entre noviembre de 2011 y octubre de 2014 esta empresa recibió en su cuenta abierta en Banco Sabadell un total de 2,7 millones procedentes directamente de la petrolera venezolana a través de diferentes transferencias realizadas desde «cuentas puente» que esta petrolera tiene abiertas en la entidad Banco Espíritu Santo de Portugal.
A esos 2,7 millones, hay que sumar los 600.000 euros que recibió Aequitas de la mercantil panameña Furnival Barrister desde la cuenta que esta instrumental tiene en el Credit Suisse. La policía constató que esa cantidad era parte de los fondos que la sociedad panameña habría recibido también de PDVSA.
Según el escrito de Fiscalía, para intentar justificar parte de los ingresos, desde Aequitas emitieron diversas facturas a PDVSA bajo el concepto genérico de «Prestación de servicios de asesoramiento jurídico, estudio y consultoría internacional en la República Bolivariana de Venezuela», constando en todas ellas el mismo contenido salvo en lo relativo al importe y la fecha de emisión.
La investigación de la UDEF evidencia que esas facturas eran creadas ad hoc «con la única finalidad de intentar dar cobertura legal a los fondos ilícitamente percibidos». Y los dos contratos originarios de esas facturas –firmados por Alejo Morodo y Juan Carlos Márquez Cabrera en nombre de PDVSA– habrían sido creados como soporte de las mismas.
Esta operativa realizada a través de la mercantil Aequitas fue reproducida en la sociedad Furnival Barrister, con la que también se firmaron contratos y se emitieron facturas a cuenta de la petrolera venezolana.
De la información tributaria comprendida entre 2008 y 2015 del exembajador Morodo, la Fiscalía señala que queda acreditado que de los más de 400.000 euros que recibió de Aequitas, dejó sin declarar 335.000 euros. Mientras que su mujer, Cristina Cañeque, «pese a no realizar actividad laboral alguna» consta como administradora de diversas sociedades usadas por su marido y su hijo para canalizar sus bienes y su patrimonio.
Asimismo, Cañeque consta como titular de tres cuentas bancarias abiertas en Suiza en la entidad Credit Suisse en fechas próximas al cese de su marido como embajador en Venezuela. El cese como embajador (2007) coincide con el momento en el que se iniciaron las relaciones con PDVSA.
De Alejo Morodo –quien parece ser el ‘cerebro’ del entramado societario– se apunta que quedan por esclarecer los motivos por los que percibió fondos de la petrolera, el destino que dio a los cheques al portador y el origen de los fondos con que adquirió en el año 2016 fondos de inversión por importe de 1.359.499 euros.
Añaden que de los 335.000 que recibió de la mercantil Aequitas entre 2013 y 2014, y de los 27.000 que recibió de Furnival, ocultó a la Hacienda española más de 292.000 euros.
Juan Carlos Márquez –quien tenía cargo en la petrolera y firmaba los contratos supuestamente fraudulentos con los Morodo– y Carlos Adolfo Prada también se beneficiaron de las fondos de PDVSA a través de las empresas Marpra Asesores y Consultores SL y Ahedo Asesores SL.
Los ingresos fueron canalizados mediante la utilización de distintas sociedades instrumentales y cuentas bancarias, lo que les permitió su afloramiento mediante la adquisición de numerosos bienes inmuebles y fondos de inversión. El fiscal sostiene que para tal propósito, ambos contaron con la participación activa de sus parejas, Ana Korina Ulloa y Marisol Valera Ledo.
Reactivación del caso en España
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el dinero que el ex embajador español en Caracas Raúl Morodo y su entorno habrían recibido de la petrolera venezolana PDVSA, acordando más de una veintena de declaraciones para este mes de septiembre, incluida la del diplomático y su hijo, reseñó HuffPost.
El responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ya acordó esta ronda de comparecencias en un auto del pasado 8 de julio pero aún estaba pendiente de poner fecha, algo que ha hecho en una providencia del 14 de julio.
Las declaraciones comenzaron el 20 de septiembre con Morodo y su hijo Alejo, a los que sigueron la ex mujer del primero Cristina Cañeque y la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados. Al día siguiente comparecerán los también imputados Carlos Adolfo Prada Gómez, Marisol Varela y Ana Korina Ulloa.
El 21 de septiembre, Abascal preguntó asimismo a Villalobos, ex viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 que fue detenido en Madrid en 2017 a petición de Estados Unidos por su presunta implicación en una trama de corrupción vinculada a PDVSA, si bien ya se encuentra libre.
Del 22 al 24 de septiembre, ambos inclusive, Abascal tomará declaración a otras quince personas, todas como testigos, entre ellas Guillermo Morodo, hermano del otrora embajador.
Abascal ha aceptado así las diligencias propuestas por la Fiscalía Anticorrupción al considerarlas “pertinentes, necesarias y proporcionadas” para esclarecer “definitivamente los hechos y presuntos culpables”.
Anticorrupción de España esgrimió que era necesario volver a escuchar a Morodo, así como a otros investigados y a los testigos, en relación con la documentación bancaria que se ha obtenido tanto de entidades españolas como de otros países y con los archivos incautados en algunos registros.
En el mismo escrito, el Ministerio Público pidió prorrogar la instrucción seis meses aludiendo a la “imposibilidad” de concluir las pesquisas a tiempo, dado que están pendientes de contestación varias comisiones rogatorias.
El juez instructor accedió a volverlos a escuchar a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras detectar que Morodo y su familia realizaron transferencias desde cuentas bancarias en Suiza a René Arreaza, que fue coordinador general de Vicepresidencia en el gobierno de Hugo Chávez.
En esta causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de Pdvsa por parte del hijo de Morodo, mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada en Venezuela, reseñó EFE.
El dinero presuntamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la mujer de Morodo, y dos socios venezolanos.
Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, se suicidó en 2019 tras declarar ante el juez, y el otro, Carlos Prada, ha sido llamado también a declarar.
Tanto el exembajador como su familia lo han negado todo y sostienen que el patrimonio a nombre de su mujer procede de una herencia.
El juez prevé tomar declaración a 16 testigos, entre los que destaca Guillermo Morodo, hermano del exdiplomático, y Nervis Villalobos, viceministro de Energía del gobierno de Chávez y quien, tras su detención en España en 2017, figura como investigado en otra causa que se instruye también en la Audiencia Nacional, sobre el presunto desfalco de Pdvsa.
Negativa a declarar
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo (2004-2007) se negó a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal por los más de 4,5 millones de euros que él y su círculo más íntimo habrían recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana PDVSA, reseñó EUROPA PRESS.
El nuevo responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 había citado para este lunes a Morodo y su hijo Alejo, así como a la ex mujer del primero Cristina Cañeque y a la esposa del segundo, Ana Catarina Varandas, todos como investigados.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, padre e hijo se han acogido a su derecho a no declarar, mientras que Cañeque y Varandas solo han contestado a las preguntas de sus abogados para desvincular su situación económica de los Morodo.
Abascal volvió a convocar al ex embajador, junto a otra veintena de personas, entre imputados y testigos, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que quería interrogarles sobre la documentación bancaria obtenida tanto de entidades españolas como extranjeras y sobre los archivos incautados en algunos registros.
El anterior instructor de la causa, Santiago Pedraz, seguía el rastro del dinero. Así pidió a Estados Unidos que aportara información sobre movimientos en cuentas bancarias de PDVSA y del hijo de Morodo, algunos de los cuales se justificaron con una factura firmada por René Arreaza, quien fuera coordinador general de la Vicepresidencia venezolana de José Vicente Rangel.
Los investigadores señalan que los Morodo habrían recibido más de 4,5 millones de euros de PDVSA «carentes de justificación real y lógica comercial». La Fiscalía apuntó que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, corrupción en las transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.