La anulación de pasaportes como medida de represión del chavismo a periodistas, defensores de derechos humanos y disidentes, es una de las modalidades implementadas por el régimen de Nicolás Maduro, según refiere un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil y especialistas.
Se trata de una práctica que se ha hecho sistémica en el contexto postelectoral de 2024 —elecciones presidenciales de 28 de julio de 2024 en las que ganó Edmundo González Urrutia y Maduro se atribuyó el triunfo—, la cual tiene como objetivo silenciar la crítica y evitar la participación de las voces opositoras en foros internacionales, al tiempo de limitar el espacio físico de acción de estas personas.
El informe documenta más de 40 casos que dejan al descubierto cómo la dictadura venezolana silencia y ataca a periodistas y defensores de derechos humanos afectados en 2024. Entrevistas, análisis de informes y normativas le dan contexto al reporte.
Refiere que la práctica en muchos casos se extiende a los familiares directos de los afectados. Una práctica no solo ilegal bajo la ley venezolana e internacional, sino que también viola derechos fundamentales como la libertad de circulación, expresión, asociación e integridad personal, lo que genera consecuencias psicológicas, profesionales y económicas devastadoras para las víctimas.
Lea también: Extrabajadores piden suspender la subasta de CITGO entretanto se investigan irregularidades del gobierno interino y la junta ad hoc de PDVSA
Contexto general de represión en Venezuela
En su informe, el CEJIL documenta y analiza la anulación de pasaportes en Venezuela convertida en estrategia de represión y silenciamiento por parte del Estado, la cual está dirigida específicamente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas.
No se trata de una novedad, pero la práctica, aunque preexistente, se intensificó significativamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. El contexto de esta acción es el deterioro del Estado de derecho en Venezuela, donde el poder se concentra en el Ejecutivo desde el cual es práctica el uso sistemático de fuerzas de seguridad y grupos afines al gobierno para reprimir a disidentes.
Los patrones de represión incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, hostigamiento, difamación y el uso indebido de leyes para criminalizar la defensa de derechos humanos y la libertad de prensa. El reporte cita casos paradigmáticos como el Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Kennedy Tejera, Carlos Correa Barros y Julio Balza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) documentó 36 casos de anulación de pasaportes en 2024. Calificó el asunto como «represalia contra la labor de defensa y promoción de los derechos humanos y de la democracia».
Anulación de pasaportes en Venezuela: nueva herramienta represiva
La práctica impacta tanto a quienes están dentro como fuera del país
El informe del CEJIL refiere que la anulación de pasaportes en Venezuela es una «nueva táctica de silenciamiento» para «inhibir la participación ciudadana y el debate público», especialmente en respuesta a la movilización electoral de 2024.
La práctica impacta tanto a quienes están dentro como fuera del país, lo que afecta la movilidad de más de 7 millones de venezolanos en la diáspora. Se indica que el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), es el organismo encargado de las anulaciones. Una instancia del régimen de Maduro que tiene un «protagonismo creciente en las tareas de seguridad e inteligencia, liderando operaciones de represión selectivas y masivas».
Arbitrariedad de las anulaciones
Subraya el estudio que la Ley Orgánica de Identificación no menciona la posibilidad de anulación de pasaportes. El Decreto N° 4.571 de 2021 permite la anulación por robo, hurto, extravío, deterioro, alteración de datos o por orden administrativa o judicial. Ninguno de los casos reportado de anulación de los pasaportes en Venezuela se basó en estas causales.
Es decir, las anulaciones carecen de sustento legal y no cumplen con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad exigidos por el derecho internacional.
Además, no hay justificación ni notificación oficial de las decisiones de anulación a los afectados, quienes se enteran del hecho al intentar viajar o al revisar su estatus en línea. No se garantiza el derecho a la defensa ni la posibilidad de impugnar la decisión.
Perfil de las víctimas de anulación de pasaportes en Venezuela
La anulación de pasaportes en Venezuela se incrementó de manera significa en solo un mes y medio tras las elecciones del 28 de julio de 2024, con 35 de los 40 casos documentados descubiertos en agosto.
Las víctimas incluyen no solo a figuras públicas de alto perfil, sino también a aquellos con «exposición media o baja en el ámbito social y profesional» (75 % de los entrevistados), lo que sugiere una vigilancia más amplia.
El patrón afecta a personas con antecedentes en prensa, defensa de derechos humanos, sindicalismo, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, academia, expresión cultural o artística, así como en denuncias públicas. En algunos casos, la anulación se extiende a familiares directos, tales como parejas e hijos.
Se reportan detenciones arbitrarias, retenciones sin acceso a abogados, desapariciones forzadas de corta duración e interrogatorios severos que incluyen preguntas no relacionadas con la anulación. Funcionarios de la DGCIM, algunos encapuchados, realizan interrogatorios y revisan celulares en una oficina del SAIME.
Las autoridades no ofrecen explicación de las anulaciones y cesaron los pronunciamientos públicos de alto nivel sobre estas anulaciones, a diferencia de períodos anteriores. La diputada Iris Varela propuso la anulación de documentos de empresarios «que traicionen a la patria».
Consecuencias de hecho de la anulación de pasaportes
Las consecuencias de la anulación de pasaportes en Venezuela se hacen sentir en:
Movilidad: evitar aeropuertos, suspensión de vuelos internacionales y nacionales, y en 4 casos, abandono del país por «vías alternativas a la aérea». Quienes están fuera no pueden regresar.
Psicoemocionales y físicas: 100 % de los entrevistados reportan «temor, estrés, rabia, angustia, ansiedad, depresión e, incluso en un caso, ideación suicida». Esto se vincula a una «sensación de inseguridad, encierro y vigilancia». Las afectaciones psicológicas han derivado en problemas de salud física.
Sociales y comunitarias: ruptura del tejido social, con creciente desconfianza y la decisión de algunos de «distanciarse de sus familiares para evitar ponerlos en riesgo».
Profesionales: reducción o modificación del 86 % de las actividades de incidencia y comunicación. Se cancelan contratos, planes de conferencias, becas, y labores de incidencia internacional.
Económicas: pérdida de la inversión en el pasaporte, gastos de pasajes, costos por salida rápida del país, dificultades para recaudar fondos para la defensa de derechos humanos y medios independientes.
Administrativas y migratorias: dificultad para realizar trámites en el extranjero (visados, documentos apostillados), dejando a los exiliados en extrema vulnerabilidad.
Consecuencias jurídicas y violación de Derechos Humanos
En lo jurídico y en materia de DD. HH. las consecuencias son:
Libertad de circulación y residencia: vulneración al restringir la movilidad dentro y fuera del país, lo que afecta la capacidad de viajar, reunirse con familiares y acceder a servicios.
Derechos económicos, sociales y culturales: afectados por la reducción de oportunidades profesionales y pérdidas económicas.
Integridad personal: amenaza constante y la sensación de vigilancia comprometen la salud mental y física.
Protección de la familia: obstaculiza la reunificación familiar y causa daño emocional.
Libertad de expresión, asociación y defensa de Derechos Humanos: la anulación se usa para silenciar a periodistas y activistas, fomenta la autocensura y debilita aún más la estructura democrática del país.
Debido proceso y protección judicial: no hay un proceso para decidir sobre la anulación, la decisión no está motivada ni notificada, no existen recursos efectivos de tutela.
Recomendaciones
Al Estado venezolano: eliminar medidas administrativas y judiciales que afecten derechos fundamentales; detener intimidaciones y represalias; asegurar el respeto a los derechos constitucionales e internacionales; garantizar acceso expedito y transparente a los trámites de documentos de identidad.
A la comunidad internacional: condenar la anulación de pasaportes en Venezuela en foros como la ONU y la OEA; promover acuerdos regionales para reconocer documentos vencidos/anulados; y solicitar a órganos como la CIDH y la CPI que incluyan esta práctica en sus mecanismos de monitoreo.
Al ACNUR y la OIM: promover medidas excepcionales para reconocer documentos vencidos/anulados; facilitar la regularización migratoria; desarrollar programas de apoyo (documentos temporales, ayuda humanitaria, acceso a refugio/asilo); y coordinar con el CICR la emisión de títulos de viaje humanitarios.
A los Estados (receptores): reconocer documentos vencidos/anulados para trámites legales; agilizar procesos de refugio; ampliar mecanismos de regularización temporal; colaborar con agencias para acceso a servicios esenciales y regularización; coordinar políticas regionales para facilitar la movilidad y respetar los derechos humanos.
A empresas e instituciones financieras internacionales: crear fondos de apoyo para afectados; financiar traslados seguros de personas en riesgo; proveer apoyo técnico y logístico a organizaciones de derechos humanos; promover que ACNUR, en coordinación con el CICR, facilite la emisión de títulos de viaje por razones humanitarias.
Vea en Sin Filtros “Diosdado Cabello se impone en el poder: narcotráfico, petróleo y represión”: