PCC, Comando Vermelho, CJNG, Cártel de Sinaloa, Tren de Aragua, Clan del Golfo y las grandes organizaciones criminales latinoamericanas ya no pueden analizarse únicamente desde la perspectiva tradicional del narcotráfico. La expansión hacia minería ilegal, extorsión, tráfico de personas, lavado de dinero y economías legales coincide ahora con un cambio estratégico de Washington: Estados Unidos ha comenzado a tratar a algunas de las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio bajo instrumentos jurídicos tradicionalmente reservados para combatir el terrorismo.
El mapa del crimen organizado transnacional en América Latina y el Caribe atraviesa una transformación histórica. Durante décadas, la cocaína fue el principal elemento utilizado para comprender el poder de los grandes carteles. Hoy esa explicación resulta insuficiente. Las organizaciones criminales se han convertido en redes capaces de combinar narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, tráfico de personas, corrupción, lavado de dinero, control territorial y penetración de actividades económicas legítimas.
Entre las organizaciones de mayor impacto aparecen el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), originarios de Brasil; el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, de México; MS-13 y Barrio 18, con profundas raíces centroamericanas; Los Choneros y Los Lobos, de Ecuador; el Clan del Golfo, el ELN y estructuras disidentes de las antiguas FARC en Colombia; Tren de Aragua, originado en Venezuela; y Viv Ansanm, la coalición criminal haitiana. A este mapa deben añadirse organizaciones internacionales como la ’Ndrangheta italiana y redes criminales albanesas con conexiones con el mercado latinoamericano de cocaína.
No todas estas estructuras son iguales. Algunas funcionan como carteles, otras como pandillas, insurgencias armadas, coaliciones criminales, estructuras carcelarias o redes internacionales de intermediarios. Tampoco existe una clasificación oficial universal que permita afirmar que constituyen, en ese orden, “las 15 organizaciones más poderosas”. Lo que sí permiten observar es un fenómeno común: la evolución desde organizaciones criminales relativamente especializadas hacia ecosistemas transnacionales capaces de conectar mercados ilícitos con la economía formal.
Trump cambia las reglas: de carteles a organizaciones terroristas
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca produjo un cambio sustancial en la manera en que Estados Unidos enfrenta esta amenaza. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14157, estableciendo un proceso para utilizar herramientas antiterroristas contra determinados carteles y organizaciones criminales transnacionales.
Desde entonces, el Departamento de Estado ha incorporado progresivamente organizaciones criminales latinoamericanas a la categoría de Foreign Terrorist Organization (FTO) bajo la sección 219 de la Immigration and Nationality Act.
La primera gran ola incluyó al Cártel de Sinaloa, CJNG, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Tren de Aragua y MS-13. Posteriormente se incorporaron organizaciones de Haití, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil y México.
Entre las nuevas designaciones realizadas durante la segunda administración Trump se encuentran Tren de Aragua, MS-13, Cártel de Sinaloa, CJNG, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Viv Ansanm, Gran Grif, Los Choneros, Los Lobos, Barrio 18, Cártel de los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Cártel de Juárez y Los Viagras.
El proceso continúa evolucionando. En julio de 2026, por ejemplo, el secretario de Estado Marco Rubio formalizó la designación del Cártel de Juárez y Los Viagras como FTO, después de determinar que existía base suficiente bajo la sección 219 de la INA.
Esto significa que al menos 20 organizaciones criminales del hemisferio han recibido nuevas designaciones FTO durante la segunda administración Trump, una cifra que debe distinguirse de la cantidad total de organizaciones terroristas designadas que ya operaban en América Latina antes de su regreso al poder.
ELN, FARC-EP y Segunda Marquetalia
Aquí aparece una distinción fundamental. Trump no comenzó desde cero. Antes de enero de 2025 ya existían organizaciones latinoamericanas dentro de la arquitectura antiterrorista estadounidense. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia figura desde hace décadas entre las organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos. A este grupo se sumaron en 2021 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Segunda Marquetalia, después de que Washington revocara la antigua designación de las FARC desmovilizadas y estableciera nuevas designaciones específicamente dirigidas a estructuras disidentes que continuaron desarrollando actividades armadas.
Los propios informes del Departamento de Estado han identificado al ELN, FARC-EP y Segunda Marquetalia como organizaciones terroristas activas en Colombia y Venezuela, vinculándolas con atentados, secuestros, extorsión y otras actividades ilícitas. En el caso de FARC-EP, Washington ha señalado además el narcotráfico internacional y la minería ilegal entre sus fuentes de financiamiento.
Esto amplía considerablemente el mapa. Si se estudia el universo de organizaciones criminales y armadas latinoamericanas bajo designaciones estadounidenses —y no solamente las nuevas designaciones ordenadas durante la segunda administración Trump— el número supera las 20 organizaciones.
Brasil: el PCC y Comando Vermelho
Brasil representa uno de los ejemplos más importantes de esta transformación. El Primeiro Comando da Capital nació en el sistema penitenciario de São Paulo, pero evolucionó hasta convertirse en una organización criminal transnacional con capacidad para conectar productores, corredores logísticos, puertos y mercados internacionales.
Junto al PCC opera el Comando Vermelho, otra de las estructuras criminales históricas de Brasil. La incorporación de ambas organizaciones al sistema estadounidense de designaciones terroristas demuestra hasta qué punto Washington ha ampliado la frontera conceptual entre narcotráfico, crimen organizado y seguridad nacional.
Ya no se trata exclusivamente de detener cargamentos. Se trata de atacar redes financieras, intermediarios, proveedores, facilitadores y estructuras empresariales que permiten que estas organizaciones funcionen.
México sigue siendo uno de los grandes centros de poder
México concentra una parte significativa de las organizaciones alcanzadas por la nueva estrategia estadounidense. El Cártel de Sinaloa y el CJNG continúan siendo dos de las estructuras criminales mexicanas con mayor proyección internacional, pero el mapa es considerablemente más amplio.
Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos, La Nueva Familia Michoacana, Cártel de Juárez y Los Viagras forman también parte de las organizaciones que Washington ha colocado bajo su arquitectura antiterrorista.
La importancia de esta decisión trasciende México. Las organizaciones mexicanas necesitan proveedores, intermediarios, rutas marítimas, empresas, puertos, sistemas financieros y organizaciones asociadas en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. El crimen organizado moderno funciona cada vez menos como una estructura aislada y cada vez más como una cadena global de suministro ilícito.
Ecuador como escenario de una guerra transnacional
La transformación de Ecuador es especialmente reveladora. Durante años fue considerado fundamentalmente un país de tránsito. Su posición entre Colombia y Perú, dos grandes centros productores de cocaína, y su infraestructura portuaria terminaron convirtiéndolo en un nodo estratégico para las exportaciones hacia Estados Unidos y Europa.
Organizaciones como Los Choneros y Los Lobos evolucionaron hasta convertirse en actores relevantes dentro de esas cadenas internacionales. A ellas se suma ahora Chone Killers dentro de las organizaciones ecuatorianas alcanzadas por designaciones estadounidenses.
El riesgo no se limita a la violencia. Puertos, exportadoras agrícolas, navieras, empresas de transporte, depósitos, operadores aduaneros y compañías logísticas pueden convertirse en objetivos de infiltración o utilización clandestina. Para el sector privado, esto significa que una cadena de suministro aparentemente legítima puede convertirse en infraestructura criminal sin que la empresa situada al final de la cadena conozca inicialmente la penetración.
Colombia y Venezuela como modelo de crimen, insurgencia y economías ilícitas
Colombia presenta un escenario todavía más complejo porque convergen organizaciones puramente criminales con estructuras insurgentes. El Clan del Golfo representa una poderosa estructura vinculada al narcotráfico y al control territorial. Paralelamente operan el ELN, FARC-EP y Segunda Marquetalia, organizaciones que combinan violencia armada con economías ilícitas.
Los informes estadounidenses han documentado durante años la actividad del ELN y de las disidencias de las FARC tanto en Colombia como en Venezuela. El Departamento de Estado señaló que estas organizaciones desarrollaron actividades terroristas que incluyeron atentados, secuestros y ataques contra infraestructura y fuerzas de seguridad.
En Venezuela, el Departamento de Estado documentó además un entorno permisivo para la presencia del ELN, FARC-EP y Segunda Marquetalia, señalando que grupos armados y criminales pudieron beneficiarse de actividades ilícitas y vínculos con elementos del Estado venezolano. A este escenario se suma Tren de Aragua, organización originada en Venezuela que desarrolló una expansión regional y terminó convertida en uno de los primeros grupos criminales incluidos en la nueva estrategia antiterrorista de Trump.
La gobernanza criminal
Haití representa quizás el caso más extremo de otro fenómeno: la gobernanza criminal.
Organizaciones como Viv Ansanm y Gran Grif han demostrado que el crimen organizado puede superar el objetivo tradicional de obtener beneficios económicos y disputar funciones esenciales al propio Estado.
Cuando una organización controla territorios, carreteras, comunidades o infraestructura estratégica, impone reglas, determina quién puede circular, cobra extorsiones y utiliza sistemáticamente la violencia, el problema deja de ser únicamente delincuencial.
La organización comienza a ejercer poder político de facto sobre el territorio.
El mapa criminal latinoamericano tampoco termina en el continente. La cocaína conecta productores sudamericanos con intermediarios y organizaciones criminales europeas. La ’Ndrangheta italiana posee una extensa trayectoria en el tráfico internacional de cocaína y mantiene conexiones con proveedores y operadores latinoamericanos. Redes criminales albanesas también han avanzado dentro de la cadena logística, estableciendo contactos con proveedores sudamericanos y desarrollando mecanismos para introducir grandes cargamentos en Europa.
Sin embargo, debe hacerse una distinción jurídica importante: tener presencia transnacional, estar sometido a investigaciones criminales o participar en narcotráfico internacional no equivale automáticamente a tener una designación FTO del Departamento de Estado. Confundir esas categorías puede conducir a errores en análisis de inteligencia, compliance y evaluación de riesgo.
Del narcotráfico al ecosistema criminal
La cocaína continúa siendo uno de los motores económicos fundamentales del crimen organizado latinoamericano, desde las zonas productoras de Colombia, Perú y Bolivia hasta los grandes mercados internacionales. Pero alrededor de esa economía se han desarrollado actividades complementarias: minería ilegal de oro, extorsión, tráfico y trata de personas, contrabando, delitos ambientales, falsificación, robo de combustible y corrupción.
El elemento verdaderamente estratégico es que estos mercados pueden compartir la misma infraestructura. Una ruta utilizada para transportar cocaína puede servir para movilizar personas, oro ilegal o mercancías de contrabando. Una empresa utilizada para lavar dinero puede prestar servicios a distintas organizaciones. Un funcionario corrupto puede facilitar simultáneamente operaciones legales e ilegales. Surge así una especie de infraestructura criminal compartida.
El objetivo final
El narcotráfico genera enormes cantidades de efectivo, pero la acumulación de capital ilícito crea otro problema para las organizaciones: necesitan introducir ese dinero en circuitos económicos donde pueda utilizarse sin revelar su verdadero origen. Por eso el lavado de dinero constituye una fase crítica del ecosistema.
Empresas de fachada, bienes raíces, comercio internacional, criptomonedas, minería, construcción, importaciones y exportaciones pueden convertirse en mecanismos utilizados para mover, ocultar o legitimar capitales. La organización criminal alcanza un nivel superior de sofisticación cuando ya no depende exclusivamente de mercados clandestinos y consigue penetrar sectores de la economía formal.
La nueva amenaza para las empresas
Este cambio tiene enormes consecuencias para las compañías que operan en América Latina. El riesgo ya no puede medirse exclusivamente preguntando si un país es peligroso o si existe narcotráfico en determinado territorio. Una empresa puede no mantener conscientemente ninguna relación con un cartel y aun así quedar expuesta a través de proveedores, contratistas, intermediarios, transportistas, beneficiarios finales ocultos, puertos, empresas de seguridad, operadores mineros o instituciones financieras.
Y las nuevas designaciones estadounidenses aumentan considerablemente esa exposición. Cuando una contraparte está relacionada con una organización designada como terrorista, el problema puede trascender los tradicionales controles contra corrupción y lavado de dinero. Dependiendo de los hechos y la jurisdicción aplicable, pueden entrar en juego sanciones, financiamiento del terrorismo y las severas disposiciones estadounidenses relacionadas con material support.
Esto obliga a multinacionales, bancos, compañías energéticas, mineras, petroleras, navieras, aseguradoras y operadores logísticos a elevar sus procedimientos de due diligence. Conocer al cliente ya no es suficiente. Hay que conocer también al proveedor, al contratista, al beneficiario final y, en determinadas operaciones, quién controla realmente el territorio y la cadena logística por donde circula la mercancía.
El nuevo mapa criminal de América Latina
El gran cambio no consiste únicamente en que las organizaciones criminales se hayan vuelto más violentas. Consiste en que se han vuelto más flexibles, más internacionales y económicamente más sofisticadas. PCC, Comando Vermelho, Sinaloa, CJNG, Tren de Aragua, Clan del Golfo, Los Choneros, Los Lobos, MS-13, Barrio 18, Viv Ansanm y las organizaciones insurgentes colombianas representan modelos diferentes, pero participan de un ecosistema regional donde convergen drogas, territorio, logística, corrupción y dinero.
Washington también modificó la manera de interpretar esa amenaza. La expansión de las designaciones FTO durante la segunda administración Trump ha comenzado a borrar una frontera jurídica que durante décadas separó claramente terrorismo y crimen organizado transnacional. Para América Latina, el desafío ya no consiste solamente en detener narcotraficantes.
Consiste en impedir que las organizaciones criminales controlen territorios, puertos, rutas, economías, empresas, instituciones y flujos financieros. Y para el sector privado aparece una advertencia igualmente importante: el crimen organizado ya no necesita permanecer fuera de la economía legal para prosperar. Su mayor victoria puede producirse precisamente cuando consigue entrar en ella.