Una investigación de Armando.Info, realizada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Transparencia Venezuela en el Exilio, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba, reveló que sociedades registradas en Asia y presuntamente controladas por el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano comercializaron buena parte del petróleo exportado por Pdvsa durante 2025. De acuerdo con la investigación, estas operaciones involucraron alrededor de 47 millones de barriles de crudo, con un valor estimado en unos 2.600 millones de dólares.
Los documentos internos de Pdvsa revisados por la alianza periodística muestran que los cargamentos fueron enviados principalmente a Malasia, mientras que otros aparecían con destino al puerto de Matanzas, en Cuba, como parte del suministro energético que Venezuela mantenía hacia la isla. Sin embargo, los investigadores señalaron que varios de esos embarques no figuran como recibidos en los registros marítimos internacionales, por lo que su destino final permanece sin esclarecer.
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La investigación identifica a las empresas Hangzhou Energy, Shineful Energy y Forever Energy Trading como las sociedades utilizadas para comercializar el crudo venezolano. Aunque Ramón Carretero Napolitano y Carlos Malpica Flores no aparecen formalmente como propietarios de estas compañías, diversas fuentes internas de Pdvsa consultadas por los periodistas aseguraron que ambos ejercían el control de las operaciones. El reportaje también recuerda que ambos fueron objeto de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El trabajo periodístico también explica que parte del esquema habría utilizado una denominada “flota fantasma” de tanqueros y operaciones de transferencia de carga entre buques en alta mar para dificultar el rastreo del petróleo venezolano. Según los documentos analizados, este mecanismo permitió mover cargamentos hacia Asia y otros destinos mientras se reducían las posibilidades de identificar el origen del crudo, en un contexto marcado por las sanciones internacionales impuestas al sector petrolero venezolano.
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