Carlos Malpica Flores y «El Niño Guerrero», el funcionario público y el jefe de una megabanda, dos caras de la misma moneda: el estado delincuente de Nicolás Maduro
La acusación por narcoterrorismo presentada en Nueva York contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores no se sostiene únicamente sobre documentos, interceptaciones o movimientos financieros. Como ocurre en los grandes casos de delincuencia organizada, el verdadero peso del expediente podría recaer sobre quienes estuvieron dentro de la estructura y conocen cómo funcionaban las relaciones entre el poder político, los operadores financieros y las organizaciones criminales.
La pregunta central no es si existen suficientes documentos. La pregunta es quién puede explicar al jurado qué significan esos documentos.
Entre los nombres que aparecen alrededor del caso destacan antiguos funcionarios, operadores financieros, militares y jefes criminales que, según distintas investigaciones y expedientes judiciales, ocuparon posiciones estratégicas dentro del ecosistema de poder venezolano.
Uno de los testimonios potencialmente más relevantes sería el de Hugo “El Pollo” Carvajal, también preso en Nueva York, luego de su extradición desde España. Durante años fue considerado una figura clave de la inteligencia venezolana y tuvo acceso privilegiado a operaciones de seguridad, estructuras militares y relaciones con actores armados irregulares. Su capacidad para conectar decisiones políticas con operaciones concretas podría resultar especialmente valiosa para los fiscales. Fuentes judiciales de EEUU señalan que estaría colaborando activamente con las autoridades buscando rebajar su condena.
Otro testimonio estrella sería el de Alex Saab, considerado como el testaferro de la familia Maduro Flores. Su entrega a EEUU por parte del gobierno interino de Delcy Rodríguez formaría parte del acuerdo de colaboración alcanzado entre Saab y la justicia estadounidense. Enfrenta cargos en un tribunal de la Florida en torno a los delitos detectados en el programa de alimentación conocido como CLAP.
Actualmente detenido en Caracas, específicamente en la sede del SEBIN denominada «La Tumba», Raúl Gorrín es otra pieza importante en el juicio contra los Maduro-Flores. Figura central de la denominada boliburguesía, Gorrín se enriqueció en base a préstamos irregulares de PDVSA, estructuras offshore y esquemas de sobornos a altos funcionarios de PDVSA y la Oficina Nacional del Tesoro, principalmente. Estaría iniciando conversaciones con la finalidad de colaborar con las autoridades de EEUU.
Otro grupo de posibles testigos está formado por antiguos funcionarios financieros y administrativos que participaron en la gestión de recursos públicos, contratos estatales y operaciones internacionales. La fiscalía podría intentar demostrar que determinadas estructuras económicas no eran simples redes de corrupción, sino mecanismos que facilitaban el funcionamiento de organizaciones criminales asociadas al poder político.
En ese contexto aparecen nombres vinculados durante años a PDVSA, la Tesorería Nacional y distintas redes empresariales que operaron entre Venezuela, Panamá y otros países de la región. La importancia de estos testimonios no radicaría necesariamente en probar el tráfico de drogas, sino en explicar cómo se financiaban determinadas estructuras de poder. El sujeto con mayor información financiera sobre el régimen cleptocrático de Maduro es Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores.
El sobrino de la esposa de Maduro ingresó en la administración pública en 2011 a través de la Asamblea Nacional, donde Cilia Flores era presidenta. Luego pasó a la Cancillería y a la comisión presidencial para Asuntos Económicos y Financieros, para culminar en los cargos de mayor responsabilidad económica del país: la vicepresidencia de Finanzas de PDVSA y la Oficina Nacional del Tesoro. Desde la petrolera y como tesorero general de la nación, autorizó operaciones financieras con bonos de la República, notas estructuradas, pago de la deuda externa y en especial con préstamos en bolívares que luego eran cancelados en dólares, transacciones que enriquecieron grotescamente a la familia Maduro-Flores, la élite civil y militar del régimen y el círculo de seudo empresarios denominados «boliburgueses». En 2016 salió de la vicepresidencia de Finanzas y de la junta directiva de PDVSA, para convertirse en el hombre fuerte de Miraflores y continuar manejando los negocios petroleros en la sombra junto a socios como el empresario panameño Ramón Carretero. Malpica Flores ha entrado, salido y vuelto a entrar en la lista OFAC. Caído en desgracia luego de la salida de Nicolás Maduro y Cilia Flores del poder, habría manifestado recientemente ante el entorno del gobierno provisional encabezado por Delcy Rodríguez, que tanto su socio José Simón Elarba como él, estarían dispuestos a “entregar todo lo que les sea solicitado” a cambio de evitar consecuencias judiciales, tal como informó recientemente Cuentas Claras Digital en exclusiva.
Carlos Tablante| Venezuela: Estado delincuente y el poder de las megabandas
Si Carlos Malpica Flores puede ayudar a explicar cómo funcionaban los circuitos financieros del poder, «El Niño Guerrero» representa una dimensión distinta del mismo ecosistema. La incorporación de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “El Niño Guerrero”, dentro de la acusación contra Maduro y Flores, amplía el alcance del caso. Si la fiscalía logra demostrar vínculos operativos entre actores estatales y mega bandas criminales, el proceso dejaría de ser únicamente un caso de corrupción o tráfico de drogas para convertirse en una investigación sobre la convergencia entre Estado y delincuencia organizada. Para los investigadores, comprender cómo se movía el dinero resulta tan importante como determinar quién ejercía el control territorial y la capacidad de intimidación en Venezuela. Es precisamente en ese punto donde el expediente financiero comienza a encontrarse con la dimensión criminal representada por el «El Niño Guerrero» y la expansión de los pranes y las megabandas.
Para los fiscales, el desafío será construir una cadena probatoria que conecte órdenes, beneficios económicos y operaciones criminales. Para lograrlo, necesitarán testigos capaces de explicar relaciones que durante años permanecieron ocultas detrás de empresas, intermediarios, organismos de seguridad y estructuras políticas.
La historia de los grandes procesos por crimen organizado demuestra que los expedientes rara vez derriban por sí solos a las estructuras de poder. Son los testigos internos, los operadores que conocen los mecanismos y los antiguos aliados convertidos en colaboradores quienes suelen proporcionar las piezas que faltan para completar el rompecabezas.
Por eso, más allá de los documentos y de las acusaciones públicas, la verdadera batalla judicial probablemente se librará alrededor de quienes estén dispuestos a hablar.
Mucho antes de que estos nombres aparecieran en acusaciones, sanciones e investigaciones internacionales, varios de sus protagonistas y sus métodos de operación ya habían sido descritos en los libros Estado Delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015). Lo que entonces parecía una advertencia, hoy forma parte del expediente histórico de una trama que continúa revelando nuevas piezas.