El caso del excongresista, David Rivera, no deja de arrojar sorpresas, entre ellas la especie de que habría instruido al empresario venezolano ligado al chavismo, Raúl Gorrín, para que mintiera a la prensa sobre sus reuniones con altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al exvicepresidente Mike Pence.
Rivera, quien enfrenta un juicio federal por actuar presuntamente como un agente extranjero no registrado a favor del régimen de Nicolás Maduro, por lo cual recibió millones de dólares a través de un contrato con una filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), para influir secretamente en la política de Washington.
Pero el cabildeo y los encuentros con senadores como Marco Rubio, no cumplieron dicho objetivo, toda vez que las gestiones de Rivera no lograron normalizar las relaciones entre EE. UU. y la dictadura venezolana.
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Juicio a David Rivera y el cabildeo a favor del régimen chavista
El juicio contra el excongresista David Rivera en el Tribunal del Distrito Sur de Florida por supuestamente actuar como agente extranjero no registrado en favor del régimen de Nicolás Maduro en 2017 dejó ver, como señaló la fiscalía, que el acusado Rivera realizó esfuerzos para ocultar actividades de cabildeo de alto nivel, que incluyeron reuniones privadas con el entonces vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio.
De acuerdo a la evidencia presentada por el gobierno, David Rivera, junto con la consultora política y socia, Esther Nuhfer, se valió de un contrato con un precio de USD 50 millones suscrito con PDV USA —filial em Estados Unidos de PDVSA— como tratar de cubrir y normalizar las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.
Se ha podido conocer que el caso envuelve una compleja red de pagos multimillonarios a intermediarios y una estrategia deliberada para engañar a la prensa sobre la naturaleza de estas interacciones diplomáticas «por canales secundarios».
Detalles del caso
David Rivera y Esther Nuhfer enfrentan cargos por conspirar contra los Estados Unidos al no registrarse como agentes de Venezuela, una violación a las leyes de transparencia de cabildeo extranjero.
Rivera firmó un contrato de USD 50 millones con PDV USA, la filial de PDVSA que opera como CITGO en EE. UU., monto del cual el acusado recibió aproximadamente USD 20 millones antes de que el régimen de gobierno venezolano cancelara el acuerdo.
La defensa sostiene que David Rivera y Esther Nuhfer no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros en razón de que su trabajo era para una filial estadounidense y no directamente para el régimen de Maduro.
Estrategia de desinformación
Entre la evidencia presentada por la fiscalía, se encuentra un correo electrónico fechado el 18 de diciembre de 2017, en el que Rivera instruyó al empresario Raúl Gorrín sobre cómo responder a las indagaciones de la prensa.
David Rivera aconsejó a Raúl Gorrín negar cualquier «esfuerzo de cabildeo» y ocultar reuniones clave para evitar la obligación legal de registrarse como agente extranjero.
La instrucción del excongresista a Raúl Gorrín fue que debía negar la reunión privada con Mike Pence y decir que el encuentro fue solo en un evento público en la Universidad de la Florida cuando en realidad hubo una reunión privada en un desayuno en el Hilton organizada por Ballard Partners.
Asimismo, de ser interrogado Gorrín sobre su contrato con Rivera, el primero debía sostener que dicho contrato nunca existió, aun el empresario chavista ayudó a Rivera a obtener el contrato de USD 50 millones y Rivera le pagó USD 4 millones por ello.
Gorrín también debía negar que intentó organizar una reunión con el presidente Donald Trump, cuando en realidad existió un borrador de carta del empresario para el presidente y un intento de entrega en un evento de victoria en Washington.
Igualmente, Raúl Gorrín debía negar que contactó al entonces senador, Marco Rubio, cuando la verdad fue que Rivera y Gorrín se reunieron con Rubio al menos dos veces en julio de 2017.
Cronología de reuniones y gestiones diplomáticas
Las evidencias presentadas por el gobierno detallan una serie de encuentros destinados a mediar en una «estrategia de salida» para Nicolás Maduro o para aliviar las sanciones impuestas por EE. UU.
Abril de 2017: Rivera se reúne con el congresista Pete Sessions y la entonces canciller Delcy Rodríguez en Nueva York.
15 de junio de 2017: desayuno privado entre Mike Pence y Raúl Gorrín en el Hotel Hilton de Biscayne Boulevard. La firma Ballard Partners organizó el encuentro.
9 de julio de 2017: reunión en la residencia de Marco Rubio en Washington. Rivera y Rubio discutieron cómo Gorrín podría facilitar la salida de Maduro.
12 de julio de 2017: segunda reunión con Rubio en el Hotel Marriott. Rubio testificó que no confiaba en Raúl Gorrín y que desconocía el contrato millonario de Rivera con PDV USA.
Abril de 2018: Rivera, Pete Sessions y otros viajan a Caracas para reunirse con Nicolás Maduro en la propiedad de Gorrín. El intento de mejorar las relaciones fracasó.
2019-2020: Rivera habría intentado presionar a funcionarios de la administración Trump para eliminar a Gorrín de una lista de sanciones, recibiendo un pago adicional de 5.5 millones de dólares por estas gestiones.
Estructura financiera y distribución de fondos
El flujo de dinero derivado del contrato con PDV USA involucró a múltiples actores clave dentro del círculo de influencia de David Rivera, estableciéndose que Raúl Gorrín recibió USD 4 millones del acusado por su ayuda para asegurar el contrato de consultoría.
Igualmente, Esther Nuhfer recibió USD 4 millones por facilitar las introducciones que llevaron a la alianza con Gorrín, mientras que el desarrollador inmobiliario, Hugo Perera, recibió USD 5 millones por conectar a Rivera con Gorrín.
El panorama político y legal cambió drásticamente desde los eventos de 2017 y Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026; Delcy Rodríguez, excanciller y vicepresidenta, ahora reemplazó a Maduro en el poder como encargada, habiendo sido ella quien ordenó a PDV USA firmar el contrato con Rivera en 2017.
Por su parte, Raúl Gorrín, considerado prófugo de la justicia estadounidense, enfrenta cargos por corrupción extranjera y lavado de dinero desde 2018 y nuevos cargos desde finales de 2024; y el propio David Rivera, además del juicio en Florida, enfrenta nuevos cargos en Washington por sus actividades de cabildeo entre 2019 y 2020.
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