Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, está acusado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el sur de Florida, junto a un grupo de chavistas —José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis— por delitos de corrupción y lavado de dinero.
La acusación contra ellos —y que por mampuesto podría vincular también al socio de Pulidio, Álex Saab, aunque no figura en este libelo— señala que los demandados conspiraron para pagar sobornos a funcionarios venezolanos con el fin de obtener contratos gubernamentales inflados para la importación de alimentos y medicinas. Se trata del programa social de alimentación chavista conocido como CLAP —Comités Locales de Abastecimiento y Producción— del cual habrían desviado cientos de millones de dólares utilizando una red internacional de cuentas bancarias y empresas fachada.
El documento especifica que el grupo lavó las ganancias ilícitas mediante transferencias bancarias que pasaron por territorio estadounidense, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La fiscalía busca el decomiso de activos por un valor superior a los USD 1 600 millones.
Álvaro Pulido Vargas —quien está prenso en Venezuela por su participación en el esquema corrupto PDVSA-Cripto— es el nuevo nombre de Germán Enrique Rubio Salas —su nombre de pila— para evitar ser recordado por su relación con hechos de narcotráfico (1). Los negocios de Pulido y Saab siempre han estado en la mira de las autoridades estadounidenses, aunque insisten en negar su sociedad. Sin embargo, investigaciones periodísticas refieren que la relación de ambos tiene su génesis en Dubai a través de sus negocios con el venezolano Jean Paul Rivas Guanipa en el área farmacéutica de medicamentos de la India (2).
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La acusación formal contra Álvaro Pulido Vargas socio de Álex Saab
El 7 de octubre de 2021, ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación contra Álvaro Pulido Vargas, socio de Álex Saab, así como contra otros cuatro acusados, a saber, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis.
La acusación describe una sofisticada red de corrupción y lavado de dinero que operó entre 2015 y 2020, centrada en la obtención de contratos estatales venezolanos para la importación y distribución de alimentos y medicinas a través del programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Se señala la existencia de un esquema de soborno, consistente en el pago a funcionarios venezolanos de alto nivel para asegurar contratos con precios inflados. Se habrían valido del sistema bancario internacional —lo que incluye cuentas en EE. UU., Panamá, Antigua y Barbuda, y los Emiratos Árabes Unidos— con el fin de ocultar el origen y destino de los fondos ilícitos.
Se destaca un contrato de USD 340 millones por 10 millones de cajas de alimentos a un precio de USD 34 por caja, monto significativamente superior al costo real de producción.
Los acusados
La demanda señala que los acusados, individuos y organizaciones, que facilitaron o se beneficiaron del esquema de corrupción, son:
Álvaro Pulido Vargas (alias «German Enrique Rubio Salas», alias «Cuchi»): ciudadano colombiano que controlaba empresas como Group Grand Limited y Asasi Food, utilizadas para obtener contratos estatales.
José Gregorio Vielma-Mora: ciudadano venezolano y exgobernador del Estado Táchira (2012-2017). Supervisó los procesos de contratación de COBISERTA y recibió sobornos a cambio de adjudicaciones.
Emmanuel Enrique Rubio González: ciudadano colombiano e hijo de Álvaro Pulido Vargas.
Carlos Rolando Lizcano Manrique: ciudadano colombiano encargado de la logística y distribución de las cajas de alimentos en Táchira.
Ana Guillermo Luis: ciudadana de Venezuela y España. Facilitó la creación de empresas de fachada y cuentas bancarias, además de generar contratos fraudulentos para justificar transferencias de fondos.
CLAP: programa estatal de distribución de alimentos y medicinas.
COBISERTA: empresa propiedad del Estado Táchira encargada de la compra de alimentos.
CORPOVEX: entidad estatal que gestionaba las importaciones y exportaciones de Venezuela.
FONDEN, BANDES y Ministerio de Finanzas: organismos financieros estatales desde donde se emitieron pagos millonarios hacia las empresas controladas por los conspiradores.
La conspiración
Refiere la acusación que el propósito central de la conspiración era el enriquecimiento ilícito de los acusados mediante la manipulación de contratos gubernamentales.
Los conspiradores se reunieron con José Gregario Vielma Mora para discutir propuestas de cajas de alimentos CLAP. A pesar de saber que el costo de producción era mucho menor, Vielma Mora acordó un precio inflado de USD 34 por caja.
A cambio de la adjudicación, se acordó el pago de sobornos a Vielma-Mora y otros funcionarios. Es así que, entre diciembre de 2016 y abril de 2018, el exgobernador y un coconspirador recibieron aproximadamente USD 17 256 935 en pagos corruptos.
En octubre de 2016 se suscribió un contrato con COBISERTA por USD 340 000 000 por 10 millones de cajas de alimentos.
En febrero de 2017 se firmó el segundo contrato con COBISERTA por USD 369 900 000, igualmente por 10 millones de cajas de comida.
Entre marzo y mayo de su suscribieron dos contratos con CORPOVEX para medicinas por un total combinado de aproximadamente USD 145 880 176.
La acusación establece que los acusados organizaron la compra de alimentos en México y medicinas en diversos países, así como su empaque en cajas y su exportación hacia Venezuela, donde Lizcano Manrique coordinaba la recepción y distribución en el estado Táchira.
El esquema de lavado de dinero y flujos financieros
Indica la acusación que, para ocultar la naturaleza de los fondos, los acusados utilizaron una compleja estructura financiera internacional, específicamente, crearon una red de docenas de cuentas bancarias personales y corporativas en múltiples jurisdicciones.
La acusación detalla que desde Venezuela se efectuaron pagos emitidos por FONDEN y BANDES hacia cuentas de Group Grand Limited y Asasi Food en Antigua y los Emiratos Árabes Unidos.
Entretanto, a través de EE. UU. se utilizaron bancos corresponsales para transferir al menos USD 170 000 000 a favor de coconspiradores, proveedores de alimentos y empresas de logística.
Asimismo, hacia el Distrito Sur de Florida se realizaron transferencias directas por más de USD 5.5 millones a cuentas en Florida controladas por los conspiradores.
Agrega la demanda que, debido a la escasez de dólares estadounidenses en Venezuela, Álvaro Pulido Vargas y sus socios participaron en el negocio de refinar y vender oro en nombre del gobierno venezolano para obtener divisas —dólares o euros— y así pagar a las empresas extranjeras involucradas en el esquema.
Los cargos
La acusación formal presenta los siguientes cargos contra todos los acusados:
CargoDescripción legalPena máximaCargo 1Conspiración para cometer lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956(h))20 añosCargos 2-5Lavado de instrumentos monetarios (18 U.S.C. § 1956(a)(2)(A))20 años
De ser declarados culpables, los acusados deberán entregar al gobierno de los Estados Unidos cualquier propiedad derivada de estos delitos. La suma de dinero buscada por la fiscalía asciende a USD 1 607 626 307,19, representando el monto total de los fondos involucrados en las violaciones a la ley de lavado de dinero citadas en la acusación.
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