La ONG, American Oversight, ligada al Partido Demócrata, demandó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ante el envío de miembros del Tren de Aragua a prisión de El Salvador. La acción accionada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), procura una orden para obligar al despacho de gobierno a liberar fotografías, videos y grabaciones de audio relacionadas con la remoción de personas a la nación centroamericana el 15 y 16 de marzo de 2025.
La demanda alega que el DOJ no cumplió con los plazos de la FOIA ni con la solicitud de procesamiento acelerado de American Oversight. La acción se centra en la actividad gubernamental que presuntamente implicó la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, específicamente miembros del grupo Tren de Aragua, e incluye acusaciones de que funcionarios federales ignoraron órdenes judiciales para detener dichas remociones.
American Oversight solicita al tribunal que obligue al DOJ a producir los registros no exentos y a procesar la solicitud de forma expedita.
Ahora bien, ¿están las acciones de American Oversight están dirigidas a promover “la verdad, la rendición de cuentas y la democracia” como lo refiere su misión o solo a torpedera el gobierno de Donald Trump en sus dos ediciones? ¿Exhibe el mismo interés en el caso de las administraciones demócratas?
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Sobre American Oversight
En su página web, American Oversight se define como un “organismo de control independiente y sin fines de lucro que promueve la verdad, la rendición de cuentas y la democracia, haciendo cumplir el derecho del público a acceder a los registros gubernamentales”.
Admite que su fundación en marzo de 2017, responde “a los desafíos sin precedentes que la administración Trump planteó a los ideales e instituciones democráticas de nuestra nación”.
Un artículo de Político lo define como un “grupo de vigilancia de izquierda” cuyo propósito es hacer que los demócratas recobren la mayoría en la Cámara de Representantes o el Senado en los comicios parciales de 2026, “lo que dará al partido la capacidad de emitir citaciones, programar audiencias del comité y lanzar sondas de agencias”.
Es decir, el objetivo de American Oversight (AO) es netamente partidista y, en tal sentido, desde su fundación comenzó investigaciones contra la Administración Trump que sustenta sus solicitudes y demandas en la Ley de Libertad de Información (FOIA). Nada más en 2018, presentó más de 1000 solicitudes amparadas en la FOIA y 56 demandas por registros abiertos contra la administración Trump.
Es de señalar que, orquestadamente, a las acciones de American Oversight se unen las de otras organizaciones también surgidas en 2018, como Restore Public Trust (RPT) —conformado por exfuncionarios y agentes de la administración de Barack Obama, afiliados al Partido Demócrata— y Democracy Forward. Ambas vinculadas a importantes donantes demócratas de izquierda y constituidas por personal con historial laboral en partidos de izquierda.
Estas organizaciones habrían surgido a la luz de una reunión ocurrida en enero de 2017 en un resort de Florida, en la que varios donantes de partidos de centro-izquierda acordaron generar una cobertura mediática anti-Trump a partir de solicitudes y demandas contra el presidente, su administración y su familia.
La demanda de American Oversight contra el DOJ de EE. UU.
El 10 de julio de 2025, interpuso una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia y solicitó información sobre las actividades del fiscal general adjunto principal, Emil Bove.
Se describe a Bove como un alto funcionario del DOJ que anteriormente se desempeñó como principal abogado defensor del presidente Trump y es el candidato del presidente estadounidense para servir como juez en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito.
Con base en la Ley de Libertad de Información (FOIA), American Oversight busca obligar al DOJ a entregar todas las grabaciones de video, audio y fotografías relacionadas con la expulsión de personas a El Salvador los días 15 y 16 de marzo de 2025.
Refiere la demanda que estos eventos ocurrieron después de que el presidente, Donald Trump, invocara la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA) de 1798 contra el Tren de Aragua —designado como organización terrorista— a la que declaró como una amenaza de «invasión o incursión depredadora». Se alega que altos funcionarios del DOJ —notablemente Emil Bove— instruyeron a los abogados a prepararse para ignorar órdenes judiciales que pudieran detener las expulsiones.
En este sentido, se asegura que una orden de emergencia emitida por el juez, James E. Boasberg, para detener las deportaciones, fue presuntamente ignorada, y los individuos venezolanos fueron trasladados a una megaprisión en El Salvador.
American Oversight argumenta que el DOJ violó la FOIA al no responder a su solicitud de registros dentro de los plazos legales, al negar indebidamente el procesamiento acelerado y al retener ilícitamente información de vital interés público. Consideran que la información solicitada es crucial para esclarecer si funcionarios del gobierno desafiaron una orden judicial federal, lo que a su juicio plantea serias dudas sobre la integridad del gobierno y genera un interés mediático excepcional.
La reunión clave y la directiva presidencial
14 de marzo de 2025, Emil Bove —entonces fiscal general principal adjunto asociado— y Paul Perkins —fiscal general adjunto asociado—, convocaron una reunión con abogados de la Oficina de Litigios de Inmigración (OIL) del DOJ.
Durante la reunión, Bove informó a los abogados que los aviones que transportaban a individuos para ser expulsados bajo la AEA despegarían durante el fin de semana «sin importar qué». De manera crítica, les indicó que debían considerar ignorar cualquier orden judicial que intentara prohibir dichas expulsiones.
El 15 de marzo de 2025, el presidente Trump emitió la Proclamación N.º 10903, que invocaba la AEA. La proclamación acusaba al Tren de Aragua de perpetrar una «invasión o incursión depredadora» contra Estados Unidos, supuestamente con el apoyo del régimen de Maduro.
La proclamación ordenaba al fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional «aprehender, restringir, asegurar y remover» a todos los ciudadanos venezolanos mayores de 14 años, no naturalizados ni residentes permanentes legales, que fueran miembros del Tren de Aragua, designándolos como «Enemigos Extranjeros». American Oversight señala que el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela, lo cual es un requisito de la AEA.
Las expulsiones, la orden judicial y las consecuencias
El 15 de marzo de 2025, ciudadanos venezolanos detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Texas, fueron sacados de sus celdas, encadenados y embarcados en aviones. A ninguno se le dio la oportunidad de demostrar que no era miembro del Tren de Aragua.
Los aviones permanecieron en la pista durante horas y se informó que muchos pasajeros entraron en pánico y suplicaron información, la cual no fue proporcionada.
El mismo día, el juez, James E. Boasberg, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, emitió una orden de emergencia para que el gobierno «no renunciara a la custodia de los hombres».
Según la demanda, algunos funcionarios gubernamentales involucrados en la operación ignoraron la orden del juez Boasberg. Los aviones volaron primero a Honduras y luego a El Salvador.
Los pasajeros venezolanos fueron transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megaprisión en El Salvador que la demanda dice es conocida por la tortura de sus reclusos.
El 16 de marzo de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en dos casos separados (Trump v. J.G.G. y A.A.R.P. v. Trump), prohibió las expulsiones bajo la proclamación y determinó que la Cláusula de Debido Proceso de la Quinta Enmienda requería una notificación mayor de la que se les había dado a los detenidos.
Denuncia de irregularidades y nombramiento judicial
El 24 de junio de 2025, Erez Reuveni, entonces subdirector interino de la OIL, presentó una denuncia de informante en la que detallaba la presunta mala conducta de Emil Bove y otros funcionarios, incluyendo la orden de Bove del 14 de marzo de ignorar posibles órdenes judiciales.
El 25 de junio de 2025, durante su audiencia de confirmación para un puesto en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, se le preguntó a Bove sobre las acusaciones. Respondió que «no recordaba» haber instruido a los fiscales federales a desafiar las órdenes judiciales.
La solicitud de información (FOIA) y la respuesta gubernamental
El 15 de julio de 2025, American Oversight presentó solicitudes FOIA a tres agencias para obtener los mismos registros. La demanda se centra exclusivamente en la solicitud dirigida al DOJ.
Registros solicitados:
«Todas las fotografías, grabaciones de video y/o grabaciones de audio de la expulsión de personas a El Salvador tomadas o capturadas el 15 de marzo de 2025 y el 16 de marzo de 2025. Esto incluye —pero no se limita a— grabaciones de video de los embarques en aviones en los Estados Unidos o los desembarques de aviones en El Salvador.»
Cronología del proceso FOIA
FechaAgenciaAcción / Respuesta15 de julio de 2025DOJ, DHS, ICEAmerican Oversight presenta solicitudes FOIA idénticas, pidiendo procesamiento acelerado.18 de julio de 2025DHSAcusa recibo, niega el procesamiento acelerado y refiere la solicitud al DOJ.22 de julio de 2025ICEAcusa recibo, niega el procesamiento acelerado y refiere la solicitud al DOJ.24 de julio de 2025DOJAcusa recibo de la solicitud original (FOIA-2025-05887), niega una parte de la solicitud de procesamiento acelerado y deja la otra pendiente. Invoca «circunstancias inusuales» para extender el plazo de respuesta.25 de julio de 2025DOJAcusa recibo de la solicitud referida por ICE y, de manera confusa, instruye a American Oversight a solicitar los registros directamente al «Gobierno de El Salvador, Oficina de Registros Públicos».11 de agosto de 2025DOJNiega la parte pendiente de la solicitud de procesamiento acelerado y vuelve a invocar una extensión de plazo sin justificar las «circunstancias inusuales».12 de agosto de 2025American OversightApela administrativamente la determinación del DOJ sobre la solicitud referida por ICE.23 de septiembre de 2025DOJNotifica que está devolviendo la solicitud de ICE a su unidad interna para dirigirla a los componentes correctos del DOJ.25 de septiembre de 2025American OversightPresenta la demanda judicial, habiendo pasado más de 50 días hábiles sin una determinación sobre la solicitud original al DOJ.
Fundamentos de la demanda legal
American Oversight alega que el DOJ violó la FOIA de tres maneras distintas, agotando así sus recursos administrativos y teniendo derecho a una revisión judicial.
Cargo I: Incumplimiento de otorgar el procesamiento acelerado
La organización argumenta que su solicitud califica para un procesamiento acelerado bajo dos criterios:
Urgencia de informar al público: los registros son necesarios para informar sobre una actividad real o presunta del gobierno federal.
Integridad gubernamental: el asunto es de «interés mediático generalizado y excepcional en el que existen posibles dudas sobre la integridad del gobierno que afectan la confianza del público», específicamente, si los funcionarios ignoraron una orden judicial.
El DOJ denegó la solicitud de procesamiento acelerado.
Cargo II: Incumplimiento de realizar búsquedas adecuadas de registros
La demanda afirma que el DOJ no revisó con prontitud los registros de la agencia para localizar aquellos que responden a la solicitud FOIA de American Oversight.
Este fallo en realizar una búsqueda adecuada constituye una violación de la FOIA.
Cargo III: Retención indebida de registros no exentos
El DOJ está obligado a entregar cualquier registro no exento en un plazo de veinte (20) días hábiles.
Al no haber producido los registros ni haber demostrado que están legalmente exentos de producción, el DOJ está reteniendo indebidamente los documentos solicitados.
Además, se acusa al DOJ de no segregar la información exenta de los registros que, por lo demás, no son exentos.
Reparación solicitada
American Oversight solicita respetuosamente al tribunal que ordene las siguientes medidas:
Procesamiento acelerado: ordenar al DOJ que procese la solicitud FOIA de manera acelerada.
Búsqueda exhaustiva: ordenar al DOJ que realice una búsqueda razonablemente calculada para descubrir todos los registros que respondan a la solicitud.
Producción de registros: ordenar al DOJ que produzca, en un plazo de veinte días hábiles o según lo considere apropiado el tribunal, todos los registros no exentos.
Cese de la retención: prohibir al DOJ continuar reteniendo cualquier registro no exento.
Costos y honorarios: adjudicar a American Oversight los costos del procedimiento, incluyendo los honorarios razonables de abogados.
Otras medidas: otorgar cualquier otra reparación que el tribunal considere justa y apropiada.
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