La presidenta del Tribunal Supremo de la isla rechaza una solicitud de hábeas corpus mientras González Infante enfrenta la posibilidad de extradición a los EE. UU. tras más de cinco años de detención.
El caso de Juan Carlos González Infante, ciudadano venezolano acusado de tráfico de cocaína y lavado de dinero, se ha convertido en un enigma legal en las Islas Caimán, donde lleva más de cinco años detenido sin haber sido extraditado. La presidenta del Tribunal Supremo, Margaret Ramsay-Hale, rechazó reste martes su solicitud de hábeas corpus, destacando que, aunque González Infante ha pasado un tiempo prolongado en prisión, su apelación contra la extradición sigue su curso legal.
González Infante, de 62 años, llegó a las Islas Caimán el 30 de mayo de 2019, pilotando un avión privado. Apenas unos días después, el 4 de junio, fue arrestado bajo sospecha de contrabando de oro y lavado de dinero. Las autoridades lo colocaron en prisión preventiva, a la espera de un juicio que culminó en marzo de 2020, cuando fue absuelto de los cargos, junto con otros acusados.
Sin embargo, para el venezolano, las dificultades legales no terminaron con esa absolución. En noviembre de 2019, Estados Unidos solicitó su extradición para enfrentar cargos relacionados con tráfico de drogas, conspiración para importar más de 100 kilos de cocaína y lavado de dinero, en conexión con actividades supuestamente cometidas entre 2006 y 2007. Tras varios retrasos, en noviembre de 2020 un tribunal caimanés falló a favor de la legalidad de la extradición, remitiendo el caso al gobernador, quien en marzo de 2023 ordenó la entrega de González Infante a las autoridades estadounidenses.
Desde entonces, el caso de González Infante ha sido una sucesión de apelaciones y solicitudes de fianza denegadas. La defensa del presunto narco venezolano ha argumentado que su prolongada detención preventiva es una violación de sus derechos, y en junio de 2024 presentó una solicitud de hábeas corpus, que fue desestimada. Ramsay-Hale subrayó que el derecho de apelación le sigue siendo accesible, y que, por tanto, la liberación no era una opción viable bajo el argumento de detención ilegal.
La defensa de González, encabezada por el abogado Ben Cooper, KC, sostiene que su cliente no está en condiciones de ser extraditado ni juzgado en EE.UU. Cooper argumentó que González padece Alzheimer y demencia vascular, lo que afecta su capacidad para enfrentar un juicio de manera justa. Según su equipo legal, el sistema penitenciario estadounidense no le brindaría el tratamiento médico adecuado, poniendo en riesgo su vida y bienestar.
Cooper también señaló que González ha experimentado un grave deterioro cognitivo y emocional durante su tiempo en prisión en Caimán, lo que lo ha llevado a sufrir depresión y riesgo de autolesiones. Esto, en opinión de la defensa, debería ser un factor determinante para evitar su extradición.
Las graves acusaciones desde EE.UU.
David Perry, KC, representando a las autoridades estadounidenses y al gobernador de las Islas Caimán, presentó un argumento contundente a favor de la extradición de González. Perry destacó la gravedad de los cargos, que incluyen la conspiración para importar 100 kilogramos de cocaína a Estados Unidos y el lavado de dinero para un cartel de drogas con vínculos en Venezuela y Colombia. Según Perry, estos son delitos extremadamente serios que merecen ser juzgados en los Estados Unidos.
Perry también cuestionó los informes médicos presentados por la defensa, argumentando que el equipo legal de González buscó opiniones de expertos que ya habían sido rechazadas en instancias judiciales previas. Afirmó que estos informes plantean preguntas sin respuesta y que un juicio es el lugar adecuado para determinar si González está en condiciones de ser juzgado.
El noviembre de decide
La próxima audiencia se ha fijado para el 14 de noviembre de 2024. En esta audiencia, se espera que el Departamento de Asistencia Jurídica comparezca ante el tribunal para aclarar las razones detrás de los aplazamientos y para ofrecer una solución que permita avanzar en el proceso de extradición. La jueza Richard ha dejado en claro que no se pueden permitir más retrasos injustificados, ya que el caso está empezando a afectar la imagen internacional de las Islas Caimán.
Si se confirma su extradición, González sería extraditado a Estados Unidos este mismo año. Mientras tanto, el presunto narcotraficante continuará su encierro en la prisión HMP Northward, donde ha permanecido desde 2019.
González infante enfrenta cargos de narcotráfico y lavado de dinero que podrían condenarlo a una larga condena.
Tomado de Juan Carlos González Infante: Un narco venezolano atrapado en las Islas Caimán