La defensa de Juan Orlando Hernández pidió una sentencia de 40 años, el mínimo de los delitos de la acusación. Insistió en la inocencia del expresidente y anunció que apelarán la decisión.
Renato C. Stabile, abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, pidió sentencia de 40 años para su representado al juez de la causa en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, quien se estima dictará la pena a cumplir por el expresidente de Honduras, el 26 de julio de 2024.
Un jurado declaró culpable a Hernández Alvarado el pasado 8 de marzo del presente año, por la comisión de los delitos de “conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”.
Stabile, quien remitió a Castel una comunicación el 21 de junio de 2024, en la que presentó su argumentación de su propuesta de sentencia, refirió que la pena debería limitarse al mínimo legalmente obligatorio de los delitos que, para el Cargo 1 es de 10 años, mientras que para el Cargo 2 es de 30 años.
El abogado considera que una sentencia total combinada de 40 años de prisión sería la que debe aplicarse. Cree que es menester tener en cuenta que Juan Orlando Hernández tiene 55 años, por lo que la sentencia de 40 años ya para él equivale a cadena perpetua.
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JOH es inocente y se impugnará la condena
Renato Stabile insistió ante el juez Castel en la inocencia de su representado quien es “un viejo aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas” que fue condenado injustamente.
Le recordó al magistrado que esta declaración de culpabilidad de JOH no se sustentó en la presentación de pruebas materiales, sino solo en el testimonio de narcotraficantes y asesinos hondureños. Un grupo de testigos que presentó la fiscalía que solamente buscaban venganza, toda vez que fue Juan Orlando Hernández quien los combatió y llevó a prisión.
Igualmente, Stabile informó que su representado impugnará la condena, toda vez que, como lo ha advertido desde el principio del proceso judicial, es inocente. Hernández Alvarado, puntualizó, procurará mediante todos los medios legales para que prevalezca la justicia. “Él nunca se rendirá”.
Condena sin evidencias
Renato Stabile, quien le refirió al juez Castel, que fue designado como coabogado[U1] de Raymond Colón el 23 de enero de 2024 y el juicio comenzó el 20 de febrero de 2024. Reiteró que las pruebas en contra de JOH fueron débiles o inexistentes.
“Prácticamente no hubo evidencia independiente de que Hernández recibiera dinero de narcotraficantes hondureños, ni evidencia de que alguna vez haya brindado protección a ninguno de ellos; ni video, ni audio, ni registros financieros, ni detalles de qué información policial era proporcionado, sin fechas específicas de reuniones, sobornos o asistencia, sin mensajes de texto ni registros telefónicos con Hernández, no hay evidencia de riqueza inusual ni detalles específicos”, destacó el abogado.
De lo que sí hay evidencia, según Stabile, es del trabajo de Juan Orlando Hernández para combatir el tráfico de drogas en Honduras, más que cualquier otro antes o después de él. Insistió también en el reconocimiento a esta labor del expresidente por parte de oficiales de gobierno estadounidense. “Hoy Honduras es un país que retrocede en la lucha contra traficantes de drogas”.
Narcotraficantes y asesinos como testigos para condenar a JOH
Refirió Renato Stabile al juez Castel que, en lugar de proporcionar pruebas indiscutibles de la culpabilidad de Hernández, la fiscalía subió al estrado a “líderes de cárteles de la droga notoriamente violentos” como Alexander Ardón Soriano y Leonel Rivera Maradiaga.
Precisó que Ardón aceptó “la responsabilidad de 56 asesinatos, importación de 250 toneladas de cocaína y se enfrenta a cadena perpetua más 30 años, si no recibe una carta § 5K1.1 del gobierno”.
Entretanto, Rivera, exinformante de la DEA, líder de la banda “Los Cachiros”, reconoció haber asesinado a 78 personas y haber importado a Estados Unidos de 130 toneladas de cocaína.
Los libros de contabilidad
Señaló que se presentaron nueve libros de contabilidad de drogas hallados durante una búsqueda de automóviles en 2018 por Miguel Reynoso, un policía hondureño. En dos de estos libros mayores estaban registradas las siglas “La JOH” y “Tony Hernández”, que se adjudicaron a Juan Orlando Hernández y su hermano.
Sin embargo, no se aceptaron los otros libros de contabilidad, a pesar de que todos fueron admitidos como prueba en el juicio de Tony Hernández en 2019.
“Lo que el gobierno no quería que viera el jurado era que los otros libros de contabilidad dejaban claro que “JOH” se refería a algún tipo de empresa agrícola: “pago a JOH por fumigación” (GX 250K-2-T) y “pago a JOH por desmalezado/limpieza de Río” (GX 250K-2-T)2.
Además, agregó Stabile, la fiscalía se opuso a que el jurado viera un análisis de los nombres y entidades a las que se hace referencia en los libros mayores. Uno de ellos contenía una referencia a una entidad llamada “P.S. Tecnología”.
Detalló que P.S Technologia fue investigada por la policía hondureña, la cual concluyó que tenía relación con una mujer llamada Sinia Janeth Hernández Rivera, quien tenía familiares con los siguientes nombres:
“Antonio Hernández Sarmiento” (“Tony Hernández”);
“Modesto Antonio Orellana Hernández” (“Tony Hernández”);
“Cristina Janeth Orellana Hernández” (“La JOH”)
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Tomado de Defensa de Juan Orlando Hernández pidió una sentencia de 40 años