El banquero Leopoldo Castillo Bozo se encuentra en el centro de una acusación penal por defraudación de un cliente residente en Miami que involucra un banco suizo.
Casto Ocando | @cocando
El banquero venezolano Leopoldo Castillo Bozo enfrenta actualmente un proceso judicial penal en República Dominicana por la comisión de presunto fraude que implica un cliente venezolano residenciado en Miami, y un banco suizo a través del cual se realizó la transacción que está en el centro de la disputa, de acuerdo a papeles judiciales filtrados a Primer Informe.
El proceso judicial, que comenzó en enero de 2021 como una demanda privada, se convirtió en octubre de ese año en una acción penal según el Código penal de República Dominicana, que puede significar tiempo en prisión si el tribunal encuentra méritos suficientes en las evidencias presentadas hasta ahora.
El proceso penal no sólo afecta a Castillo Bozo sino a su asociada Sonia Margarita Salata Morín, que también es señalada como co-partícipe en el presunto fraude. Como tercera entidad demandada está BBA Capital VBA, propiedad de Castillo Bozo.
El banquero venezolano Leopoldo Castillo Bozo, propietario de Castillo Holding Corp, en República Dominicana.
El demandante es Teófilo Mata, empresario y abogado venezolano que reside en Miami.
La demanda está centrada en la presunta “comisión del crimen de abuso de confianza, tipo penal previsto y sancionado por el artículo 408 del Código Penal dominicano”, y exige “la reparación de los considerable daños y perjuicios, morales y materiales, sufridos por el acusador”, de acuerdo a los documentos judiciales.
De acuerdo a la exposición de motivos de la querella, en noviembre de 2016 Mata le transfirió un monto de $900,000 desde su cuenta en el entonces banco Mercantil Commercebank, de Miami, a una cuenta controlada por Castillo Bozo en la entidad EFG Bank AG con sede en Ginebra, Suiza, para la apertura de una cuenta a nombre de la entidad Mave Business Group Corp. Según la querella, Castillo Bozo se había comprometido a usar ese dinero para gestionar la apertura de una cuenta en el EFG Bank AG a nombre de Mave Business Group Corp.
Primera página de la querella penal contra Leopoldo Castillo Bozo, Sonia Margarita Salata Morín y BBA Capital VBA, en una corte de Santo Domingo, República Dominicana.
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La cuenta en el banco suizo nunca se abrió y el dinero se esfumó sin dejar rastro.
De acuerdo a la querella, Castillo Bozo usó “el ardid de una supuesta conveniencia para un empresario de su nivel, de mantener presencia financiera en la banca europea, y de que él, como banquero profesional, podía conseguirle una tasa de interés atractiva”.
La querella abunda en mensajes enviados por Castillo Bozo y su asociada Sonia Margarita Salata Morín, donde se detallan los modos y la estrategias del presunto fraude.
Sonia Margarita Salata Morín, asociada de Leopoldo Castillo Bozo, señalados de presunto fraude en una corte penal de República Dominicana.
Una vez que tuvo lugar la transferencia de los $900,000, los mensajes describen el constante esfuerzo por parte de Castillo Bozo y Salata Morín para posponer indefinidamente la apertura de la cuenta.
Tras numerosos intercambios por correo electrónico y a través de la aplicación de chat Whatsapp, en febrero de 2018, 15 meses después de la transferencia, Mata exigió la devolución del dinero. Pero tal devolución nunca se produjo.
Luego de varios intentos por recuperar la transferencia, Mata introdujo la querella a principios de 2021. Durante un proceso inicial de conciliación, realizado ante la Fiscalía del Distrito Nacional con sede en Santo Domingo, Castillo Bozo negó taxativamente haber recibido nunca la transferencia de los $900,000.
Mas tarde, durante otro intento conciliatorio, Castillo Bozo admitió que recibió el dinero pero argumentó que los fondos se habían perdido en una transacción de compra de bonos de Pdvsa.
La defensa de Castillo Bozo ha introducido numerosos recursos desde que se inició el proceso, pero los abogados demandantes han criticado las jugadas legales como tácticas dilatorias para confundir y abrumar al juez del caso.
El demandante busca no sólo la recuperación de la cifra inicial, sino una cantidad similar por daños y perjuicios, para un monto total de $1.8 millones, según documentos de la corte. Adicionalmente, está solicitando a la corte sentenciar tanto a Castillo Bozo como a Salata Morín con penas de prisión de 5 años para el primero, y 3 años para la segunda.
Documento que oficializa la apertura de un proceso penal contra Leopoldo Castillo Bozo, Sonia Margarita Salata Morín y BBA Capital VBA.
Las sentencias, sin embargo, pueden ser apeladas en tribunales superiores de República Dominicana.
Primer Informe no pudo obtener una reacción de los demandados, pero según las fuentes familiarizadas con el caso, hasta ahora los acusados han negado haber cometido fraude alguno en perjuicio del demandante, y han presentado una amplia serie de recursos judiciales ante la corte.
Sin embargo, se espera que el caso concluya en la venidera audiencia del 19 de diciembre de 2022, cuando se producirá una sentencia final, según las fuentes familiarizadas con la disputa legal.
Los abogados de la demanda han presentado una lista de 52 evidencias, incluyendo documentos, comunicaciones y mensajes que el demandante mantuvo desde 2016 tanto con Castillo Bozo como con Salata Morín. También ha solicitado la comparecencia en la corte de testigos claves como Oswaldo Armitano Angulo, un ejecutivo que trabaja para Castillo Bozo y tiene su residencia en Santo Domingo; y Verónica Salata, hermana de la imputada Sonia Margarita Salata Morín.
También será presentado el testimonio de la esposa del demandante, Ana Teresa Mata Fábrega, residente de Miami que ostenta la nacionalidad norteamericana, que “explicará sus conversaciones y su relación con la actual pareja de Leopoldo Castillo Bozo (Verónica Salata), la cual intervino tratando de buscar una solución amigable al conflicto”, que al final resultó infructuosa.
Un personaje controversial
Castillo Bozo es un empresario que no ha estado ajeno a la controversia y a las acusaciones de corrupción en su nativa Venezuela, de donde salió hace más de una década luego de que fuese acusado por la Fiscalía Nacional de usar la identidad de numerosas personas sin su consentimiento, para realizar operaciones financieras como compra de bonos de la deuda venezolana y de otros países, de las cuales se benefició de forma significativa.
En 2012, el Departamento de Estado suspendió su visa norteamericana bajo la sección 212(a)(3)(B), que define a personas que mantienen cualquier tipo de relación con “actividades terroristas”.
Luego de residir varios años en República Dominicana, Castillo Bozo obtuvo la nacionalidad dominicana. Pero en una publicación llegó al extremo de decir que era dominicano, natural de la localidad de Licey, en la parte norte del país.
Esta publicación de 2017 clama la nacionalidad dominicana de Castillo Bozo y su supuesto origen en la provincia de Licey, en el norte de República Dominicana.
Más recientemente, Castillo Bozo ha estado en el centro de diversas acusaciones y señalamientos por parte de organismos y entidades internacionales.
La organización de periodismo de investigación del crimen organizado y la corrupción OCCRP definió a Castillo Bozo como “uno de los muchos brokers financieros vinculados al corrupto mercado de bonos y cambio de divisas durante los 2000s”, en un investigación que reveló al menos 10 cuentas controladas por Castillo Bozo en el banco suizo Credit Suisse.
Una de las cuentas llegó a acumular unos $125 millones entre 2007 y 2015. La más reciente de las cuentas tenía un balance en 2016 de 19.4 millones de francos suizos, unos $19.7 millones al cambio actual.
Otra investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación conocida como los Papeles de Panamá, incluyó a Castillo Bozo con numerosas corporaciones registradas en localidades como Islas Vírgenes, Aruba, Panamá, República Dominicana y el estado de Delaware, en Estados Unidos, incluyendo el BBA Bank N.V., que terminó siendo clausurado en 2016.
Según la investigación de ICIJ, Castillo Bozo tenía “una estructura empresarial secreta en las Islas Vírgenes, conformada por tres compañías” con las que “los empresarios navegaban con destreza en las nuevas aguas de la política venezolana, de la mano de (altos funcionarios chavistas como) Alfredo Peña, Juan Barreto, Eduardo Mannuit y Aristóbulo Istúriz”.
En 2018, Castillo Bozo se vio envuelto en escándalo legal en Manhattan, cuando su ex esposa Gilda Castillo lo demandó para reclamar su parte en una propiedad de $15 millones que ambos compartían en la Gran Manzana, hasta que Castillo Bozo la abandonó y salió del país “con su amante y millones de los bienes del matrimonio”, según la demanda publicada por el New York Post.
La ex esposa dijo en la demanda que la intención de Castillo Bozo era “liquidar todos los activos (del matrimonio) en Estados Unidos, dejar a su esposa e hijos desamparados, y continuar la vida con su amante”.
Al año siguiente, en 2019, otro escándalo estalló en Panamá que implicaba cuatro aseguradoras controladas por empresarios venezolanos, entre ellas Seguros BBA y Seguros Banvalor, firmas controladas por Castillo Bozo.
La Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá estableció ocho sanciones contra las aseguradoras de Castillo Bozo por incumplimiento de normas anti-lavado, y emitió multas de hasta $250,000 contra las empresas.
Tras la decisión del gobierno panameño, Castillo Bozo presentó una medida de arbitraje internacional en la que busca un compensación de $10 millones por la liquidación forzosa de su empresa aseguradora en Panamá, pero aún no se ha emitido una decisión al respecto.
Contratos cuestionados en Dominicana
En 2020, la firma Castillo Holding Company S.A., controlada por Castillo Bozo, formó parte de un consorcio junto a otras dos empresas que recibió un importante contrato para la construcción de 50 estaciones de inspección y revisión vehicular por parte del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La decisión provocó críticas en República Dominicana. La periodista de investigación Nuria Piera se preguntó por qué el Intrant adjudicó una concesión multimillonaria a tres compañías que son nuevas en el mercado, incluyendo una presidida por un hombre buscado por la Interpol y acusado de fraude en Venezuela.
La adjudicación al Consorcio de Inspección Técnica del Caribe, fue cuestionada además porque el consorcio había sido creado 10 días antes de la licitación, y porque Castillo Holding Company S.A., que controlaba el 70% del consorcio, “no figura con operaciones en el país”, y registra “activos por 280 millones de pesos (unos $5.1 millones), y deudas por 227 millones (unos $4.17 millones), lo cual representa casi el total de sus bienes”, de acuerdo medios dominicanos.
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