Un
hombre clave para entender cómo funcionan los entresijos del chavismo en
Venezuela se mantiene casi siempre oculto. Es “El invisible”, “el que nadie lo
ve”. A pesar de orbitar durante largos años en la llamada revolución bolivariana
—antes encarnada por el difunto presidente Hugo Chávez, ahora por su sucesor,
Nicolás Maduro— nuestro hombre en la sombra es ahora un capitalista acérrimo.
De
todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es
de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir
los «principios de la revolución».
Lejos
del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las
políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir
negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales,
tener cuentas en bancos suizos, comprar
casa con piscina en Madrid y viajar en jets
privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de
armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante
casi dos décadas de gobierno chavista.
El
invisible. «El que nadie lo ve». Así identificó el propio Hugo Chávez en el
programa Aló
Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002
al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela
(hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la
campaña electoral que le dio la victoria en 1998.
El
mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que
hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el
gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos
puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999);
Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y
Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).
Pero
no por «invisible», Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de
la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que
ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública,
incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ
o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el
propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de
radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un
monosílabo.
Así
se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales
durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo
expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una
investigación
del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre
el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba
a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad
bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen
organizado.
Además
del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de
Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al
militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de
Interior, Justicia y Paz (MIJP), a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y
Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos,
detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de
EEUU.
Según
el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas
venezolanos habrían manejado fondos en España «procedentes presuntamente de
sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen
venezolano».
Aquella
investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera
después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera
administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a
los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de
alimentos, construcción y al lobbismo que a la defensa de los valores de «la
revolución» que vio nacer.
Con
el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como
empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años
mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del
principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de
Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de
Chávez comenzaron mucho antes.
Cuatro
memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza,
provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios
Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario
español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano
devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado.
Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas
en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro. El
gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre
estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza.
Este
perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence”
(DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de
potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords
financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un
banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.
El
memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera
Borjas, propietario de 33 % de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del
65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en
Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También,
dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el
19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la
fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el
HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de
capitales.
En
el CBH describen a Aguilera Borjas como «un cliente de calidad, que no
representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser
desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las
que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales.
Aunque
el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio
de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando
transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.
Otro
memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es
el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad
bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas.
Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez
Parra, con 35%, como «los únicos dos accionistas» de la firma. Ambos son
conocidos por la institución «desde hace años» a través del portador Upson
Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es
identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto
Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he
visitado muchas veces en Caracas”.
El
informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH)
y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto
Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e
italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe
que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron
las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades
españolas e italianas que la firma representa”.
El
documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca.
Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como
«interlocutores representando a las sociedades italianas y españolas frente a
las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas,
como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y
mantenimiento de las líneas”.
El
memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros
financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte
Terrestre», cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por
Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien
sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.
El
documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su
cuenta del CBH «los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del
trabajo hecho en Venezuela». Aclara que se trata de «una cuenta de recepción de
los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas».
Esta información es ratificada en un memo del
07/05/2012.
La
empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su
nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en
2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía
de radares, reveló El
País de España
en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su cuenta en
la Banca Privada de Andorra,
destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial
de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó
que existe un «presunto acto de corrupción» tomando en cuenta “la gestión
estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el
régimen”, indica el documento citado por el diario español.
La
descripción de los documentos del CBH coincide
con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015,
que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) «CAB
(Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros
procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en
septiembre del mismo año».
Inversiones
Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en
el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria
(registrada
en Madrid)
y Constructora Girardot 53 (en
Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y
Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un
convenio
con
cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf,
formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la
línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el
pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones
de euros por «asesoría», «apoyo comercial» o «representación», según el informe
Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).
En
los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de
calidad”, el
Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra
la
prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las
mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era
cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte
caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra
según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos
presentaban apenas 50% de avance.
Tras
una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El
Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución
suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones
del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza
contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal
Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que «como usted sabe, no
podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la
existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.
Pérdidas y facturas millonarias
En
el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase
media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra
domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como
intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano
para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco
suizo CBH.
Fue
registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones
($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde
gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos
inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos
de agencias y comisiones.
Aguilera
Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al
comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social
de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en
el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la
composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30%
de las acciones.
Entre
el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de
la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar
contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De
acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas
acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84
veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH
presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre
compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.
Hasta
2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el
13 de noviembre de ese año
Aguilera, el importador
El
mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de «los muchachos del 4 de
febrero», «un rebelde», «un alzado» y un «revolucionario», al que ordenaba
encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló,
Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto
dentro como fuera de Venezuela.
No
cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al
sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en
2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación
de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa
NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.
Uno
de los principales clientes de esta compañía dedicada a «la dotación de insumos
y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades
institucionales, tanto públicas como privadas», ha sido el Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de
Contratistas (RNC).
Netmedical,
cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz,
en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene
cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en
la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya
enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical,
como «antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en
lobista».
En
el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la
empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo
Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros
países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución
médica en el país.
El
memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación
de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero
la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público
gracias al «deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo
que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados». Una
observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un
cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en
Venezuela.
Netmedical,
cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes
marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y
Asia. Para ello «dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una
de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social,
Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de
Venezuela”.
Agrega
que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América
Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el
número de sociedades de Netmedical le permite»obtener ventajas en los resultados
en los concursos públicos venezolanos».
Si
bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre
no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas,
según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro
indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras
que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.
A
pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical
junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero
domiciliada en Panamá.
Netmedical
no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como
República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la
fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la
prensa local entonces.
La
importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos
para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del
control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía
recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de
material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius
registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos y productos
farmacéuticos por $31.173.781 entre 2009 y 2013.
Aguilera
Borjas no fue accionista
desde los comienzos de Netmedical, registrada
con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en
pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a
la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y
exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra
25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario
con 75% de las acciones.
El
capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente
mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de
medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y
bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e
higiene doméstica”.
En el solitario piso 7 de Centro Seguros La Paz está la oficina de Netmedical en una oficina sin letreros
El capitán en Paradise Papers
El
excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del
gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de
2010 se registró en Barbados como director de la empresa
Jetcar V, Inc.
con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla
del Caribe oriental, esta «compañía internacional de negocios» tiene por
objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio
internacional.
La
existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a
la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos
del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la
industria «offshore». El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200
medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En
la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la
oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde
funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se
pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado
del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie
sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al
número 81 está vacío, sin nombre.
En la Torre Adriática de Altamira, Caracas, está la sede de la empresa Jetcar V, registrada en Barbados
Negocios que tomaron vuelo
Sobre
el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por
la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una
década.
El
ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre
de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10
viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el
Saime.
Saliendo
de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces);
Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá,
Panamá (7 veces).
Después
de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas
comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril
2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.
Con
el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces
a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para
2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.
Ha
viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece
entre sus destinos en la última década.
Tomada en el aeropuerto de Aruba el 8 de marzo 2017 por @nilo
Otras empresas “marca CLAB”
Entre
los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis
Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso
hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el
puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”,
compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva
(actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique
González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de
inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la
Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el
gobierno de Chávez.
Pero
también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos manejos
administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva,
conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal Venezolana de
Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que
comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de
inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín,
muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP,
Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de
maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho
por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge) Giordani en una reunión con el
Comandante Chávez, y estaba (Henry) Rangel Silva», ex Ministro de Defensa de
Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la
intentona golpista de 1992.
Lo
cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias
empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país,
constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de
su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle
Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios
posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se
ubican en € 28.000 al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital
española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la
cual fue creada o demuestra poca actividad
comercial.
Si
bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria – de la cual Aguilera Borjas es
su administrador desde el 24/12/2007–no ha presentado el balance general de
2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.
Desde
que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha
destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid,
dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el
ejercicio económico de 2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.
El
administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel
Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte
español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene
con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica
Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue
gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del
español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la
intermediación de otras empresas de su padre en Caracas para obtener los
contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el
informe del Sepblac de España.
Aguilera
Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es
director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre
de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de «la revolución
bolivariana», hiciera su última aparición pública.
El
vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas
registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es
director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton,
Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la
aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación,
administración e incluso entrenamiento de operadores.
En
Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21
de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de
Beaumont, un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios,
exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la
filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012,
se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones
Dirca y la entidad bancaria suiza.
Así
como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el
ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital.
Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del
centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está
domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde
se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en
Caracas.
Valle
Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera
habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de
dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza,
según registran documentos a los que tuvo acceso El
País.
Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra,
según el documento que menciona el diario español.
Otro
salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un
terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera
Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca
ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El
documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en
el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército
venezolano.
El
26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de
entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos
medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante
algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones…
que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal». En
una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no
existe ninguna investigación en su contra, que dejó de ser funcionario
público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones
bancarias son privadas.
Tomado de el exguardaespaldas de Chávez con cuentas en bancos suizos