Al escuchar la
historia de los cinco trinitarios que estuvieron en una prisión venezolana por
más de dos años es inevitable pensar que se trata de una película o de un caso
propio del documental-docudrama británico “Preso
en el extranjero”. Hay otra referencia un poco más lejana, pero que quizás venga
al caso. A finales de los años setenta, cuando Venezuela era el destino añorado
por los latinoamericanos víctimas de las dictaduras militares y del caos
económico de sus países, el Ministerio de Turismo de la época impuso el lema
“Venezuela, un país para querer”. Cuando el 25 de noviembre de 2016 los
trinitarios salieron hacia su país, después de dos años de incertidumbre en la
sede principal de la policía política del régimen de Nicolás Maduro, no podrían
suscribir ese lema. El gobierno de Nicolás Maduro se encargó de recordárselo
durante el tiempo que pasaron en prisión.
A principios de
2014, llegaron al país para tramitar el visado que los llevaría a una
peregrinación en La Meca. Dominic Pitilal, Andre Battersby, Charles Wade, Asim
Luqman y Leslie Deslie estaban hospedados, junto con sus familiares, en el hotel
Plaza Palace ubicado en Sabana Grande, un área comercial de Caracas, en pleno
auge de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro en marzo de 2014.
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y el Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) allanaron sus
habitaciones en respuesta a unas denuncias anónimas donde se advertía que un
grupo de extranjeros vivían ilegalmente en el país; según se describe en el
expediente judicial.
En el allanamiento
se incautaron aparatos electrónicos, una insignia con la inscripción de la
Policía Municipal de Chacao, 66 pasaportes, una guerrera color verde con un
emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Patriota, ropa e implementos de
marca 5.11 que son usualmente utilizados para estrategias tácticas y dinero en
efectivo (tanto de moneda extranjera como local). Los trinitarios siempre
aseguraron que les quitaron un aproximado de 100 mil dólares; sin embargo, en
las actas el monto era mucho menor.
Entre los aparatos
electrónicos obtenidos se habló de un teléfono celular propiedad de Dominic
Pitilal que contenía un vídeo y fotografías donde supuestamente se podía
observar a él y a sus compañeros en una práctica de tiro en el polígono de la
Policía Nacional. Esta grabación
fue utilizada por las autoridades para encerrarlos en los cuarteles generales
del Sebin, en El Helicoide, y llevar a juicio a los cinco extranjeros, junto con
otros tres venezolanos, por el delito de terrorismo.
De terroristas a intrusos
El día que se
cumplieron dos años, seis meses y 25 días de aquel allanamiento y detención de
los turistas, la juez del tribunal 12 de Juicio,
María Eugenia Núñez, a la 1 de la madrugada del 15 de octubre de 2016, encontró
a los ciudadanos de Trinidad y Tobago culpables de espionaje indiciario y
agavillamiento y les impuso una pena que coincidía exactamente con el tiempo que
llevaban encarcelados. Recibieron su boleta de excarcelación, pero no fue sino
hasta un mes y medio después, a finales de noviembre de 2016, cuando los
funcionarios del Sebin los dejaron en libertad para su posterior deportación.
Durante el juicio los
trinitarios no fueron acusados de terrorismo y asociación para delinquir sino
del delito plasmado en el artículo 137 del código penal venezolano: “cualquiera
que, indebidamente, haya levantado los planos de las fortificaciones, naves o
aeronaves de guerra, establecimientos, vías u obras militares, o que con tal
objeto se hubiere introducido clandestinamente o con engaño, en los lugares
prohibidos al acceso público por la autoridad militar, será castigado, con
prisión de tres a quince meses.”
Los abogados defensores
afirman que la decisión de cambio de delito fue una maniobra de la fiscalía para
dejarles libertad después del fallo y no admitir que se equivocaron imputando a
cinco inocentes. “Surgió mucha presión internacional, la Embajada de Trinidad y
Tobago asistía a todas las audiencias. De haber sido acusados de terrorismo iban
a pasar su vida en prisión”, explica el abogado Germán
Ponte.
La juez encargada del
destino de los musulmanes fue la misma que, el 12 de mayo de 2015, prohibió la
salida de Venezuela de 22 directivos de diferentes medios de comunicación en el
país, como consecuencia de la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, primer
vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y miembro de la actual
Asamblea Constituyente, por presunta difamación agravada y continuada contra los
periódicos El Nacional, Tal Cual, y la página web La
Patilla. También se encargó del caso de Gilberto Sojo, diputado suplente de
la parlamentaria Dinorah Figuera por el estado Aragua ante la Asamblea Nacional
y dirigente de Voluntad Popular por la parroquia San Agustín, quien permaneció
en la sede del SEBIN durante dos años. Actualmente María Eugenia Núñez es juez
superior.
Despertando de la pesadilla
Cuatro de los cinco
trinitarios fueron recibidos el 24 de noviembre de 2016, entre lágrimas y
abrazos, por sus familiares en el Aeropuerto Internacional de Piarco, la
principal terminal de ese país. “Gracias por el apoyo. Fue muy importante para
nosotros, sobre todo porque nos encontrábamos solos allí, sintiéndonos
desanimados y abandonados. Fue una experiencia terrible. La mayor parte del
tiempo, no teníamos ninguna comida, pero qué es comida sin libertad. Aunque no
fuimos maltratados brutalmente de ninguna manera”, expresó uno de ellos, Asim
Luqman, al Daily Express a su llegada.
La defensa denunció en
diversas ocasiones a la Defensoría del Pueblo en Venezuela que no se le estaba
proporcionando atención médica a los detenidos. Los trinitarios han instruido a
sus abogados para apelar por no estar de acuerdo con la sentencia. “Hay
contradicciones en la sentencia. Una condena no puede ser un capricho del juez.
La prioridad de ellos es que se haga justicia, por eso agotaran las instancias
legales en el país para luego hacer las respectivas denuncias internacionales”
explica el abogado Javier Mayorca.
El quinto del grupo que
no salió a reencontrarse con sus seres queridos ese día fue Charles Wade. Al
llegar a Trinidad y Tobago desde Venezuela, junto con sus otros cuatro
compañeros, fue tomado en custodia por la policía de ese país. Wade estaba
imputado por cometer fraude al momento de compra de un vehículo en el año 2013 y
tuvo que pasar un par de días más en prisión hasta que se le concedió liberación
bajo fianza; según reportó el medio Daily Express.
El jefe del frente
islámico en Trinidad y Tobago, Umar Abdullah, luego que este caso saliera a la
luz, solicitó a su Gobierno establecer relaciones diplomáticas con Arabia
Saudita, para asegurar que los musulmanes locales no tengan que viajar a
Venezuela para solicitar la visa para atender el Hajj, una peregrinación anual a
La Meca que es obligatoria en su religión. Una medida que, según Abdullah,
evitaría que se repita la historia que hoy condena a Venezuela.
Tomado de Venezuela, La Meca de las pesadillas