Entre 1980 y 1982, Álvaro Uribe, entonces director de la Aerocivil, otorgó 413 registros de propiedad y explotación de aeronaves a cientos de personas y empresas. Entre ellos, a 8 vinculadas con el narcotráfico, como Martha Upegui de Uribe, conocida como la “reina de la cocaína”, y Julio Roberto Silva, un esmeraldero también relacionado con el tráfico de drogas. Para entonces, ya se conocían las actividades ilícitas de varios de ellos. El nombre de Martha Upegui de Uribe no debía pasar desapercibido para la Aeronáutica Civil, ni para su entonces joven director, Álvaro Uribe Vélez, a principios de los 80. Conocida como “la Reina de la Cocaína”, Upegui era traficante de drogas y dirigía una organización criminal en Antioquia de la mano de socios como Benjamín Herrera Zuleta, apodado el “Papá Negro de la cocaína”. En ese momento obtuvo una autorización por parte del Consejo Superior de la Aeronáutica Civil, encabezado por Uribe, para importar una aeronave. El 4 de agosto de 1982, el consejo se reunió de manera expedita de 1:30 a 3:00 de la tarde para dar luz verde a la importación de al menos 10 aeronaves. Entre ellas, un helicóptero Bell 206B para Upegui, una aeronave identificada por ser ligera y de observación (que realiza labores de reconocimiento militar aéreo). El acta concluyó con la firma de Uribe y los pormenores de los registros autorizados. Aunque varios libros sobre Pablo Escobar ubican a Griselda Blanco como su madrina, investigaciones y publicaciones ubican a Upegui como una de las primeras narcotraficantes de Antioquia, quien también habría influenciado al capo del Cartel de Medellín y a algunos narcos de Cali. Upegui también es mencionada en el libro ‘Los jinetes de la cocaína’, del periodista Fabio Castillo. Allí se señala que ella ya tenía su organización criminal para mediados de 1970. Al menos 7 años antes de la autorización de importación firmada por Álvaro Uribe. Upegui no es la única persona vinculada al narcotráfico que recibió una autorización del órgano que regula la aviación civil en el país, reseñó Cuestión Publica.
Varios capos del Cartel de Medellín tenían su propia flota de aviones a nombre de familiares, autorizada por la Aerocivil. Para entonces, era común que los narcotraficantes pusieran testaferros para registrar sus aeronaves. El 19 de noviembre de 1980, esta entidad otorgó una autorización para importar un helicóptero Messerch Mitt al comerciante Alonso de Jesús Muñoz Restrepo, sindicado de ser socio de Pablo Escobar.
El lugar de registro de propiedad de la aeronave es Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, de acuerdo con la información que nos proporcionó la Aeronáutica Civil. Este estado era uno de los destinos de distribución de narcóticos del Cartel de Medellín en Estados Unidos a principios de los 80. La operación fue dirigida por Pablo Correa Arroyave, socio de Pablo Escobar, según reveló Cuestión Pública en febrero de 2022. Una década después, en 1993, El Tiempo registró el asesinato de Muñoz en Medellín. El 31 de mayo de 2020, Daniel Coronell reveló que el 16 de junio de 1980, la Aerocivil, en cabeza de Álvaro Uribe, le autorizó a Israel Londoño la importación de un helicóptero Bell 206 de matrícula 2496. Londoño es cuñado de los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa. También autorizó un helicóptero Hughes 500D para Antonio Correa Molina, testaferro de Pablo Escobar. La matrícula de Londoño fue revocada por la misma Aerocivil en septiembre de 1983, en el marco de la suspensión de la operación de 57 aeronaves por pertenecer a narcotraficantes, como relata el periodista en su columna en Los Danieles.
Además de lo anterior, Cuestión Pública conoció información de la Aerocivil que demuestra que se registró un helicóptero HUGHES 369D de matrícula HK2487, el 5 de febrero de 1981 a nombre de Antonio Correa Molina. A este también le fue suspendida su operación.
De los registros de propiedad y explotación a los que tuvimos acceso, destacan tres más que fueron otorgados a una empresa y dos personas naturales. Que estos registros fueran concedidos durante la dirección de Álvaro Uribe, no evitó que estas matrículas fueran suspendidas en septiembre de 1983. Estaban vinculadas al narcotráfico, según la misma Aerocivil y el Consejo Nacional de Estupefacientes.
Se trató de un Helicóptero HUGHES 369D a nombre del empresario Alfonso Saavedra Cárdenas; un avión monomotor CESSNA TU206G del capitán Jorge Alberto Campillo Vélez, posterior gerente de la empresa Searca, compañía que ofrece servicios de vuelos chárter; y un avión ligero AERO COMMANDER 690B, a nombre de la empresa Aerotaxi Americano LTDA, que también contaba con el registro de propiedad de otra aeronave, de acuerdo con la información entregada por la Aeronáutica Civil a este medio. Gilberto Molina ya había sobrevivido a la primera guerra de las esmeraldas cuando recibió el registro de propiedad de un Helicóptero HUGHES 369D matrícula HK 2379. Era el 21 de febrero de 1980. Los aciagos días de violencia por el control esmeraldero en Boyacá habían mermado. Ese día la Aeronáutica civil le dio vuelo a su solicitud mientras la entidad era presidida por Fernando Uribe, asesinado días después en Medellín. Su remplazo fue Álvaro Uribe, de 27 años.
Para entonces, Molina ya era socio de Víctor Carranza en la compañía Tecminas, que explotaba minas en el municipio de Quípama en Boyacá. Posteriormente, a Molina se le vincularía con grupos paramilitares. También empezaban a tejerse las relaciones entre el narcotráfico y la explotación esmeraldífera, que unió lazos entre Molina y Gonzalo Rodríguez Gacha, capo del Cartel de Medellín.
Como Molina, su socio también estaba adquiriendo nuevos aviones “para transportar droga”, según una columna de Yohir Akerman en El Espectador. A la familia de Rodríguez Gacha, “el mexicano”, la Aeronáutica le otorgó dos registros de propiedad en 1982. Ambos fueron revocados por la misma entidad y el Consejo Nacional de Estupefacientes, según reveló Colprensa en su publicación “Suspenden operación de 57 aviones de narcotraficantes” de septiembre de 1983. Este documento fue retomado por Daniel Coronell en su columna el Vuelo Fatal.
Gilberto Molina y Gonzalo Rodríguez Gacha.
El primer registro fue el 25 de agosto de 1982, para un avión cabina bimotor modelo PIPER PA-31-350 a nombre de Justo Pastor Rodríguez Gacha, su hermano. Esto fue 18 días después de que Álvaro Uribe dejara la Aerocivil para ser fugazmente alcalde de Medellín. Menos de dos meses después, el 6 de octubre de ese mismo año, Alfonso Ramón Rodríguez Muñoz, sobrino de “El Mexicano”, obtuvo el registro para un avión monomotor modelo CESSNA T210N. El 13 de abril de 1985, a los pocos años de haberse otorgado esos registros, Molina le compró por $5 millones una propiedad de 89 hectáreas en Villavicencio al entonces coronel de la Fuerza Aérea Álvaro Baquero Calderón, fundador de Satena y exdirector de la Aeronáutica civil en 1960. Esto equivale alrededor de $271 millones a 2022, calculando la inflación. El inmueble fue bautizado como “Talavera II”.
La propiedad colindaba al norte con la base aérea militar Gómez Niño y al oriente y occidente con inmuebles del propio Molina.
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