El régimen venezolano arrestó en las últimas horas a otras 15 personas por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada por el Gobierno de Venezuela, con lo que los detenidos suman 42 por estos hechos, informó este sábado el fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab.
“A la fecha el Ministerio Público (MP, Fiscalía) logró -junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar (en su inmoralidad delictiva) a la economía nacional, dañando a la comunidad en general”, señaló Saab en su cuenta de Twitter.
El fiscal no ofreció detalles sobre la identidad de los detenidos o qué cargos ejercen dentro de las instituciones del Estado.
El viernes, Saab anunció la detención de dos directivos de la industria petrolera, identificados como Jackeline Perico y José Lima, “adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco”, una extensa zona que alberga las mayores reservas probadas de crudo.
Ambos funcionarios, prosiguió, “serán imputados por hechos de corrupción, en donde aparecen como participantes de la trama” desarrollada en la estatal Pdvsa y en la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip).
Las detenciones más recientes corresponden a Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), así como los encargados de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). La fiscalía informó que se investigarán los “graves hechos” de corrupción en la CVG, un día después de que la Policía Anticorrupción solicitara al ente fiscal procesar judicialmente a un “conjunto de funcionarios” de este conglomerado de empresas públicas de recursos mineros, forestales y eléctricos, entre otros, ubicado en el estado Bolívar (sur).
Fuentes judiciales indicaron a la AFP que Maldonado, que antes fue director del Banco Central de Venezuela (BCV), formaba parte de una trama de corrupción conducida por el exdiputado Hugbel Roa, quien durante años fue un importante dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), ahora detenido.
El pasado 17 de marzo, la Policía Anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que “ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales”.
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez -también detenido-, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.
También integran el grupo de aprehendidos 11 empresarios que, según el fiscal, están asociados a operaciones de legitimación de capitales, procedentes de estas operaciones ilícitas en el sector petrolero y de criptoactivos.
Hasta ahora no ha sido revelado el monto del desfalco debido a que la investigación se encuentra en primera fase, pero reportes de prensa lo sitúan en al menos 3.000 millones de dólares. El diputado oficialista Hermann Escarrá habló de hasta 23.000 millones, aunque más tarde negó dicha versión.
Los acusados se enfrentan a condenas de entre 25 a 30 años, dijo el fiscal Tarek William Saab a la AFP. La pena máxima en Venezuela es de 30 años.
Además, “los bienes incautados provenientes del delito pasan a manos del Estado”, dijo Saab, que no descartó más detenciones mientras avancen las investigaciones.
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