El tribunal conjunto de justicia de Aruba, Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y Sint Maarten rechazó la pretensión del gobierno arubeño para desconocer una decisión previa, que le prohíbe enviar a centros de detención a los emigrantes venezolanos y de otras nacionalidades que solicitan protección internacional.
La sentencia correspondiente fue emitida por el tribunal colegiado en virtud de una apelación formulada por el ministro de Trabajo, Integración y Energía, Glenbert Croes, contra una sentencia dada en primera instancia por una corte de la isla, en marzo de 2022.
Este juicio comenzó cuando un emigrante venezolano, de 35 años de edad, acudió al Poder Judicial de la antilla para exigir su libertad. El hombre había entrado a la isla en calidad de turista, en abril de 2019. En agosto, una vez vencido el permiso de permanencia otorgado a los visitantes, solicitó una medida de protección internacional.
Todo parecía marchar con normalidad para este emigrante, hasta que se topó con un punto de control policial, en enero de 2021. Luego de ese incidente, el ministro Croes emitió una orden para que el venezolano fuese internado en un centro de detención, mientras se definía su estatus migratorio.
La corte de primera instancia falló a favor del venezolano y, además, sentó un criterio según el cual estos procedimientos de privación de libertad no pueden ser aplicados, al menos, hasta que no se aclare debidamente el alcance de una ley invocada por el gobierno arubeño para estos casos.
La norma, denominada Ordenanza Nacional de Admisión y Expulsión, contiene un artículo según el cual las autoridades ejecutivas pueden ordenar la detención de una persona cuya expulsión ha sido decidida, siempre y cuando este individuo suponga “una amenaza para el orden público, la paz o la seguridad públicas”.
Este procedimiento ha sido cuestionado por organizaciones de protección de derechos humanos, como Amnistía Internacional, que incluso ha asignado responsabilidad al Reino de los Países Bajos por el trato conferido a los venezolanos en sus antiguas colonias del Caribe.
En este contexto, el juzgado que conoció la apelación del gobierno arubeño dictaminó que las privaciones de libertad a los venezolanos solicitantes de protección internacional constituyen “una grave vulneración de la libertad personal”.
Las disposiciones de la referida ordenanza, añadió la sentencia, “no establecen un fundamento explícito para crear una facultad para imponer una medida privativa de libertad”.
La corte, además, indicó que el espíritu de la ordenanza en cuanto a la detención era asegurar la inmediata deportación de las personas, y no “limitar indefinidamente la libertad”.
Detención sin base
Según el abogado Malcolm Hassell, la decisión de la corte conjunta confirma que “no hay base legal para detener a las personas mientras solicitan asilo”.
Este litigante asistió al venezolano en el recurso que intentó ante el juzgado de primera instancia. Dijo que su representado huyó de Punto Fijo hacia la antilla en 2019, ante lo que describió como una persecución por agentes de la policía judicial.
Este venezolano se trasladó posteriormente a Colombia, indicó Hassell. No obstante, el proceso judicial continuó debido a la apelación formulada por el gobierno arubeño.
Hassell cree que, desde 2019, el gobierno de Aruba ha detenido a aproximadamente cincuenta solicitantes de protección internacional. La mayoría de ellas, venezolanas.
Con esta sentencia, todas esas acciones pueden ser revocadas.
Escape de Curazao
Tres venezolanos se evadieron de un centro de detención para inmigrantes ilegales, inaugurado en noviembre por el gobierno de Curazao.
La ausencia de estos hombres fue constatada el domingo 15 de enero, de acuerdo con Curacao Chronicle.
Los hombres presuntamente huyeron hacia Koral Specht, una urbanización al suroeste de la capital Willemstad.
Anteriormente, los inmigrantes en situación irregular eran recluidos en un complejo de barracas, lo que suscitó denuncias de organizaciones de derechos humanos. La construcción de la nueva instalación fue financiada por el gobierno neerlandés.
Javier Ignacio Mayorca
Crónicas del Caribe
