Una exgobernadora de Puerto Rico fue arrestada el jueves 4 de agosto por cargos de soborno relacionados con el financiamiento de su campaña 2020.
En relación con esto, un asesor político de la exgobernadora y el presidente del banco internacional también se declararon culpables de participar en el esquema de soborno.
“El presunto esquema de soborno llegó a los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones de gobierno”, dijo el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia está comprometido a responsabilizar a aquellos que creen erróneamente que existe un estado de derecho para los poderosos y otro para los débiles. Nadie está por encima del estado de derecho”.
Según la acusación formal, desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la entonces gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, de 62 años, de San Juan, presuntamente participó en un plan de soborno con varias personas, entre ellas Julio Martín Herrera Velutini, Frances Díaz, Mark Rossini, y John Blakeman para financiar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced, informó el Departamento de Justicia.
“Las acciones criminales de los acusados en este caso dan un golpe al corazón de nuestra democracia y erosionan aún más la confianza de nuestros ciudadanos en sus instituciones de gobierno”, dijo el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico. “Nuestra determinación de llevar ante la justicia a aquellos a quienes el público les encomendó servir con integridad y que violan esa confianza se mantiene firme. Igualmente firme es nuestra resolución de enjuiciar a aquellos que buscan usar su riqueza y poder para enriquecerse a expensas de un gobierno honesto. Elogio la dedicación y el arduo trabajo del personal encargado de hacer cumplir la ley y los fiscales en este caso, así como a las personas dispuestas a presentarse y cooperar”.
Herrera Velutini, de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana residente en Londres, Reino Unido, era propietario de un banco internacional que operaba en San Juan. Díaz, de 50 años, de Puerto Rico, fue director ejecutivo y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini. Rossini, de 60 años, de Madrid, España, fue un ex agente especial del FBI que brindó servicios de consultoría a Herrera Velutini. Blakeman, de 53 años, de Puerto Rico, es un consultor político que trabajó en la campaña 2020 de Vázquez Garced.
“La corrupción pública se manifiesta de muchas maneras diferentes”, dijo el agente especial a cargo Joseph González de la oficina local del FBI en San Juan. “Aquellos que se involucran en esta conducta ilegal a menudo creen que están por encima de la ley o se engañan a sí mismos creyendo que se trata de un delito sin víctimas y, por lo tanto, no están haciendo nada malo. Nuestro mensaje es y ha sido claro. La corrupción pública erosiona la confianza de la gente en nuestras instituciones y alimenta el malestar social. Como máxima prioridad para el FBI, dondequiera que surjan denuncias de corrupción pública, investigaremos. Nadie está por encima de la ley y la víctima de este crimen, el Pueblo, merece algo mejor”.
Según la acusación, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernador de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo Comisionado a elección de Herrera Velutini. La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de un soborno y, en febrero de 2020, tomó acción oficial para exigir la renuncia del Comisionado A de la OCIF y, en mayo de 2020, designar al Comisionado B de la OCIF, ex consultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini, quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Velutini. A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de $300,000 a asesores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.
La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones primarias de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el Funcionario Público A, ofreciendo fondos en apoyo de la campaña del Funcionario Público A a cambio de que el Funcionario Público Asistira a la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF. en condiciones favorables a Herrera Velutini. Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como representante del Funcionario Público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI. Como se señala en la acusación formal, el testigo actuó bajo la dirección del FBI durante este período de tiempo y en realidad no sirvió como intermediario ni actuó en nombre del Funcionario público A. En agosto de 2021,
Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos. Estaba previsto que Vázquez Garced compareciera el jueves 4 de agosto ante el tribunal federal en el Distrito de Puerto Rico. Si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
En relación con esto, el departamento también anunció las declaraciones de culpabilidad de dos personas en relación con los esquemas para sobornar a Vázquez Garced y al funcionario público A.
Según documentos judiciales, en marzo, Frances Díaz se declaró culpable de conspirar con Herrera Velutini y otros para sobornar al funcionario público A. Díaz fue, hasta febrero de 2022, director ejecutivo y presidente del banco internacional propiedad de Herrera Velutini. En marzo, John Blakeman se declaró culpable de conspirar con Herrera Velutini y Rossini para sobornar a Vázquez Garced, y con Herrera Velutini para sobornar al funcionario público A.
Tanto Díaz como Blakeman enfrentan hasta cinco años de prisión. Sus audiencias de sentencia aún no han sido programadas. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Muldrow para el Distrito de Puerto Rico y el Agente Especial a Cargo Joseph González de la Oficina Local del FBI en San Juan hicieron el anuncio.
La Oficina de Campo de San Juan del FBI está investigando el caso.
Los abogados litigantes Ryan R. Crosswell, Erica O. Waymack y Nicholas W. Cannon de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia y el fiscal federal adjunto Seth A. Erbe de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico están a cargo de la acusación en el caso. Los miembros de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia también brindaron asistencia con la investigación, incluidos los abogados litigantes Margaret Leigh Kessler y D. Zachary Adams, y la jefa interina de la Unidad de Integridad Bancaria, Molly Moeser.
