Durante la autodenominada Revolución Bolivariana, el sector oficial de la alimentación ha sido fuente de innumerables escándalos en torno a contratos incumplidos, putrefacción de cargamentos, importaciones sobrevaloradas o ficticias y pérdidas millonarias. Pero esa relación de fracasos para la colectividad vino como un período de aprendizajes para funcionarios individuales que llegaron a sus cargos sin mayor experiencia. Fue el caso de Juan Carlos Salazar Labana, que pasó de burócrata a empresario privado, con un pie en Venezuela y otro en Miami.
A los pocos meses de irse de la administración pública, en 2015, Salazar Labana despegó su carrera empresarial en Venezuela con Alimentos Salaba C.A. que dos años después cambió de nombre a Corporación Salaba C.A. con representación en Florida. Su nombre es parte de los hallazgos de Miami Nostro, una investigación conjunta entre Armando.info y el Miami Herald donde se sistematizaron los datos de más de 120.000 funcionarios venezolanos adjudicados con cargos públicos entre 2007 y junio de 2022, y luego cruzados con los registros de la División de Corporaciones de Florida.
Los primeros nombramientos en la Gaceta Oficial revelan a Salazar Labana en los convulsionados años de transición política cuando Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela en 2013, luego del fallecimiento de Hugo Chávez. El funcionario fue miembro del comité de contrataciones públicas de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos S.A. (Pdval). Luego formó parte de la directiva de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA, también llamada CASA) y, finalmente, ocupó el cargo de vicepresidente de Comercialización de la Red de Abastos Bicentenario S.A., otra cadena de establecimientos al detal del gobierno socialista que fracasó y que se privatizó de la noche a la mañana, reconvertida en las Tiendas CLAP.
Tuvo el tino de no salir retratado en público y cuidó sus pasos en un campo minado por los escandalosos contratos incumplidos, además, de pérdidas multimillonarias en dólares que por años golpearon a la administración oficialista. Salazar Labana confirmó a Armando.info su paso por el complejo sistema de contrataciones del Estado venezolano y la creación de su propia empresa bajo la marca Salaba “en diciembre de ese año [2015]”.
Esta pronto reflejó en los nombres de sus clientes -el Banco del Tesoro, Pdvsa Gas Comunal y la red de Mercados de Alimentos (Mercal)- la importancia de mantener buenos contactos en el gobierno, aunque el empresario asegura que “nunca trabajé con el Ministerio de Alimentación” tras su salida de la institución.
Un pequeño puerto, dos grandes contratos
Aunque su relación con el Estado amainó temporalmente, luego adquirió otras formas. Salazar Labana construyó un pequeño holding de cuatro compañías: Corporación Salaba C.A., Inversiones Salaba C.A., Salaba C.A. Corporation y Salaba Corporation, estas dos últimas registradas en Miami.
En 2019, el exfuncionario firmó dos contratos con el municipio Francisco Javier Pulgar -entonces liderado por el alcalde oficialista Luis Roberto Urbina-, del sur del Lago de Maracaibo, para negociar la carne del cangrejo azul local a través de Corporación Salaba C.A., (registrada en 2015). Esta empresa, junto a Inversiones Salaba C.A., (registrada en 2018), aparecen inscritas con el objeto de dedicarse a la importación, exportación, logística y comercialización de productos agrícolas. Ambas están habilitadas como contratistas del Estado, aunque tienen un objeto tan amplio que pueden hacer casi cualquier actividad económica sin limitaciones.
Desde el pivote del emprendimiento, la venezolana Corporación Salaba C.A. mudó sus operaciones a ese abandonado sector agrícola y pesquero del estado Zulia, una minúscula zona del occidente del país que registra alrededor de 40.000 habitantes, con comunidades rurales que se dedican principalmente a la siembra de plátano, pero ven en la pesca una oportunidad de trabajo que nunca cristaliza, ni siquiera en los momentos de promesas eufóricas que hizo el chavismo. El rescate del pequeño muelle del caserío conocido como Puerto de Santa Rosa, es de vez en cuando un leitmotiv para los políticos que buscan ganar votos en la zona.
Sobre ese horizonte la empresa privada de Salazar Labana ha aparecido como gran benefactor, comprometido con la recuperación económica de la zona a través de una alianza estratégica con el gobierno municipal. El exfuncionario firmó dos contratos con el alcalde Urbina, quien dejó el cargo por motivos de salud en febrero de 2021.
Fue en agosto de 2019 cuando Corporación Salaba C.A. recibió la concesión para la prestación de servicios turísticos, transporte lacustre de pasajeros, de carga, de pesca y comercialización de las especies piscícolas. Un mes después, también obtuvo el permiso de 20 años para operar en la captura del cangrejo azul y comercializarlo “con las empresas especializadas en su procesamiento industrial”, según especifica el contrato de concesión legal. Este documento dejaba abierta la oportunidad de ampliarse a la pesca de otras especies y dedicarse a diversas actividades en el municipio, porque, además, recibió en comodato un galpón de acopio, un parque de atracciones, la sede del Consejo de Pescadores y los muelles de carga.
Al respecto, Salazar Labana confirmó que en el contrato de concesión del Puerto Santa Rosa de Lima se comprometió como empresa “a realizar inversiones correspondientes para recuperar dicho muelle y ponerlo operativo con la pesca de cangrejos, en alianza con los pescadores de la zona que se encontraban en total abandono desde hace más de cinco años”. Además de las mejoras en infraestructura general y reactivar la economía pesquera del lugar, la empresa de Salazar Labana se comprometía a entregar a la alcaldía 2% de las ganancias por la comercialización del producto pesquero y de los diferentes servicios contratados.
Un detallado plan de negocios al que tuvo acceso Armando.info describió la operación comercial de la Corporación Salaba C.A. en el sur del Lago tras la firma de los contratos de concesión. El primer paso fue la construcción de una infraestructura de base a través de los consejos comunales y de pescadores de la zona, ejecutada cuando financió la recuperación de un galpón para almacenar las especies capturadas y la dotación a los lancheros con cuatro motores para sus embarcaciones, según reseñó El Pitazo.
Salazar Labana propuso equipar una flota de 30 lanchas, con dos personas en cada una y centros de almacenamiento para el cangrejo azul. Oscar Pantaleón, representante del Consejo de Pescadores del lugar, comentó en esa noticia local que la carga de la especie sería trasladada desde el galpón recuperado “hasta Puerto Concha, en el municipio Colón, [sur del Lago] donde otra empresa privada se ocuparía de descarnar”.
Esta otra empresa es AQA Mar, señalada en el plan de negocios de Salazar Labana de ser una de las plantas con la que trabajaría como proveedor.
El mecanismo propuesto por Corporación Salaba C.A. resultó ser atractivo para los pescadores. De vivir en condiciones empobrecidas, sin gasolina para echar a andar sus motores, actividad productiva o seguridad, podrían pasar a cobrar 800 dólares mensuales cada uno. En estos momentos en Venezuela esa cantidad representa cerca de 50 salarios mínimos.
Un crustáceo estratégico
Con la lógica extractivista del régimen venezolano, sediento de divisas, la especie acuática no podía pasar inadvertida. A principios de 2022, Nicolás Maduro comentó durante una transmisión en la televisora oficial que “el mejor cangrejo azul del mundo se produce en Venezuela, en el Zulia ¡Es una exquisitez!”. En esa emisión entrevistaron a un representante de AQA Mar, una de las principales empresas procesadoras y exportadoras que tiene su planta en Puerto Concha, estado Zulia, otra localidad del sur del Lago con mejor pronóstico económico que los caseríos vecinos y un atractivo impulsado por el turismo, así como la pesca.
Aunque es un producto de exportación del que poco se habla, el cangrejo azul es un recurso que se da con abundancia en el Lago de Maracaibo y tiene gran valor gastronómico, apreciado en Estados Unidos. Si bien el mercado potencial es enorme y fuera de las fronteras venezolanas el producto se cotiza al alza, aún tiene que remontar las dudas sobre sus estándares sanitarios, sobre todo después de un incidente que ocurrió en 2018 cuando una carne de cangrejo azul procedente de Venezuela intoxicó a nueve personas en Maryland, sobre la costa este de Estados Unidos. Expertos en el área han advertido los riesgos de la sobreexplotación del cangrejo azul en la región zuliana, donde calculan una decena de empresas procesadoras trabajando con unas maneras que no promueven ni la vigilancia ni el control.
Ese objetivo, exportar cangrejo, es la principal razón con la que Salazar Labana explica la creación de otras dos empresas de su holding en Florida que ocurrió al mismo tiempo que negociaba y firmaba los contratos de concesión con la alcaldía zuliana. “Para la exportación de productos agrícolas como el plátano y la carne de cangrejo del Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia”, asegura, ofreciendo solo un detalle más: “hasta los momentos no hemos llegado a exportar ningún producto”.
La primera empresa registrada en Florida, Salaba Corporation, fue constituida en 2018 y entre 2019 y 2021 creó Salaba C.A. Corporation. Ninguna continúa activa.
Al mismo tiempo, el exfuncionario optó por un crédito de 320.000 dólares a través del estatal Banco de Comercio Exterior (Bancoex) en Venezuela, otro intento que hasta ahora no prospera. “No cumplimos con todos los requisitos en el momento, pero tenemos planificado solicitar formalmente el financiamiento para diciembre de este año [2022] y expandir la comercialización del cangrejo azul”, puntualizó en sus respuestas a Armando.info.
Al describir su empresa en el plan de negocios con el que solicitó financiamiento, agregó: “La corporación trabajó con la Alcaldía del municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia. Con ella se efectuaron alrededor de 10 contratos de servicios, dentro de los cuales están el asfaltado, suministro de alimentos, venta de equipos de oficina, reparación de canchas múltiples, entre otros”.
De su paso por las instituciones gubernamentales aprendió unas cuantas lecciones sobre cómo operan los procesos de comercialización en medio del doble discurso oficial. El exfuncionario bien podría ser parte de esos “emprendedores que a pesar del bloqueo y sanciones, siguen soñando por la prosperidad y la esperanza en la patria”, como dijo el entonces gobernador del Zulia, Omar Prieto, cuando escoltó un lote de cangrejo azul que sería exportado por otra empresa.
Corporación Salaba C.A. espera entrar en el mercado de exportación enviando cangrejo azul a Estados Unidos y Europa. Crédito: Plan de negocios Corporación Salaba C.A.
Proveedor, por ahora
Según los documentos obtenidos para este reportaje, Corporación Salaba C.A. se propuso atender la demanda de dos de las plantas procesadoras de cangrejo más importantes de la región, AQA Mar y Productos Marinos (Promaca), en cuanto a la logística de captura, carga y transporte, para convertirse en el principal proveedor de cangrejo azul y un intermediario imprescindible. Pero también espera entrar en el mercado de exportación, como lo confirmó para este reportaje: “Estamos en proceso para exportar carne de cangrejo posiblemente a Estados Unidos y a Europa”.
Para finales de 2021, la operación de Corporación Salaba C.A. estuvo calculada en 200 kilogramos diarios de la especie como máximo. Pero si llega a incrementar la flota a lo que pronosticó en el plan de negocios, la captura aumentaría a 6.000 kilogramos diarios y 120.000 kilogramos al mes, que cubrirían con excedentes la demanda de 80.000 kilogramos mensuales que exigen sus clientes. El precio unitario fue calculado entre 1,5 a 1,7 dólares por kilogramo “y fluctúa al alza en los siguientes años”, menciona el documento empresarial.
De manera adicional, la empresa propuso realizar “un aporte social” para la comunidad donde montó su sede, calculado en 6.000 dólares mensuales distribuidos entre el consejo comunal, la escuela cercana a la sede de la empresa y el Centro de Diagnóstico Integral (CDI), tres instituciones que dependen del Estado y que han quedado condenadas al olvido.
Con una concesión a 20 años que “prescinde del acto de licitación de conformidad con la aplicación del Decreto de Emergencia Económica y prescinde de la autorización del Concejo Municipal en lo que se refiere al comodato ordenado”, Corporación Salaba consiguió mantenerse entre dos aguas: la que le otorga la revolución y los dividendos del capitalismo.
Tomado de Un negocio agarrado de las tenazas del cangrejo azul