La Audiencia Nacional de España autorizó el viernes extraditar a Venezuela a quien fuera enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez por un presunto blanqueo de capitales, aunque la exfuncionaria apelará la decisión y el gobierno español tendrá la última palabra. La defensa de Claudia Patricia Díaz Guillén, quien llegó a ser una de las personas de mayor confianza de Chávez y titular del fondo encargado de invertir los ingresos por las exportaciones petroleras del país, alegó en septiembre ante el tribunal español que su clienta estaba siendo víctima de una “persecución política” por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En su decisión del viernes, el tribunal español señaló que “los delitos objeto de la solicitud son ordinarios, no se advierte motivación espuria en la reclamación”. También estimó que el tribunal venezolano que solicitó la extradición de Díaz Guillén y su marido, Adrián Velásquez Figueroa, ha garantizado que el matrimonio no será juzgado por hechos distintos si son entregados.
En concreto, a Díaz Guillén se la acusa de enriquecerse ilícitamente durante los dos años que estuvo a cargo del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) y como administradora del Despacho de la República de Venezuela. También se la acusa de asociación para delinquir y blanqueo de capitales por crear empresas en Panamá que, supuestamente, le permitieron adquirir propiedades en su país y fuera de éste.
Según la investigación venezolana, esas empresas fueron creadas por Díaz Guillén y su marido, un empresario y militar que fue miembro del equipo de seguridad de Chávez, con la ayuda de Mossack Fonseca, el bufete jurídico que ayudaba a poderosos y famosos de todo el mundo a esconder sus fortunas fiscales, según reveló la filtración de los conocidos como “Papeles de Panamá”.
El abogado de Díaz Guillén, Ismael Oliver, señaló que la mujer recurrirá la última decisión de la Audiencia Nacional, que en España tramita todos los casos de extradición. Si el órgano de apelación rechaza el recurso será el Consejo de Ministros, el máximo órgano de decisión del Ejecutivo en España, el que debe dar en última instancia el visto bueno o denegar la entrega.
Ambos son también objeto de una investigación por parte de un juzgado de Madrid por la presunta compra de una propiedad en la capital española con fondos supuestamente desviados a través del entramado empresarial creado desde Panamá.