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Maracaibo,
Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria: En estas cinco ciudades, tan dispares
como equidistantes entre sí sobre un eje costero que va de oeste a este a lo
largo de 1.300 kilómetros, se encuentra un puñado de pequeñas empresas que
tienen como denominador común haber recibido pagos de una compañía con sede en
los lejanos Emiratos Árabes Unidos: Kaloti Jewellery International Company
Limited, de Kaloti Jewellery Group.

Se
trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización
de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una
fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos
(DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios
estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una
amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, en base a todas
evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el
caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las
alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una
importante certificación de su principal refinería.

¿Por
qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las
cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un
instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de
una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela, todos sin aparente
relación con el sector aurífero?

Las
inusuales transacciones entre Kaloti y sus contrapartes venezolanas, en las que
mediaron bancos extranjeros que operan en jurisdicciones de «alto riesgo»,
levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por
su acrónimo en inglés), la unidad de inteligencia financiera del Departamento
del Tesoro de Estados Unidos que investiga pistas en el sistema bancario
relacionadas con lavado de dinero, crimen organizado y terrorismo.

La página de Kaloti define a la compañía como “sinónimo de calidad y pureza”.

La
filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés
Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con
el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que
tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la
investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti
transfirió al menos seis pagos a dos particulares y tres compañías registradas
en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4
kilos de oro, según el promedio de la cotización del metal en esos años. Una
cifra que podría lucir intrascendente ante los montos y volúmenes del mercado
internacional del oro, pero que en realidad se suma a las miles de operaciones
que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de
América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos de FinCEN.

De
hecho, las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por
el Departamento del Tesoro estadounidense totalizan miles de transferencias por
un valor de 9.300 millones de
dólares, realizadas entre 2007 y 2015 a través del sistema financiero
internacional. Uno de cada cuatro de los SAR recogidos en la filtración están
relacionados con el comercio del oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de
reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a
través del comercio de oro. 

Que
un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro
norteamericano no es una buena noticia, pero no necesariamente es indicativo de
algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a
enviar a la FinCEN informes que indiquen si se «sabe, sospecha o tiene alguna
razón de sospechar» que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso
objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales, pero alertan a las
autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la
corrupción, el crimen organizado y el financiamiento del terrorismo. En los FinCEN Files no está sino una mínima fracción de la
totalidad de los millones de informes emitidos durante los años
analizados.

Si
bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas
en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos
internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos”
como Curazao y Guyana -ambos fronterizos con Venezuela, por el norte y el este-
justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el
gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de
Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la
moneda y, por lo tanto, el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares
venezolanos a dólares.

Aunque
el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como «comercialización de
oro» por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte ni de
las empresas venezolanas ni de los particulares involucrados. En los balances
aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta
de lingotes dorados provenientes de Venezuela ni a Kaloti ni a ninguna otra
compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional
Import Genius.

Las
transferencias de Kaloti por concepto de “comercio de oro” a empresas
venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación por
decreto del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de
minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011, e instaurado
definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales
estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental,
masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por
ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las
reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país eran más inciertas. El Banco Central de Venezuela (BCV) es el organismo
que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país.

Las
empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como
identificación fiscal, registro de empresa, y reporte de importación de
mercancía con su correspondiente registro en aduana. Dos de las cinco compañías
aparecen además en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque en la
actualidad figuran como inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en
todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y sede física a partir de
la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y
algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también las
dificultades que pueden enfrentar los bancos de Estados Unidos, ubicados en la
primera línea de prevención del lavado de dinero pero a mucha distancia de sus
investigados, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso.

Una
de las irregularidades que con más frecuencia reportan los ejecutivos de
cumplimento de los bancos a la FinCEN, en casos relacionados con Kaloti, es que
la compra y venta de oro no parece ser la actividad regular de los beneficiarios
de sus transacciones. Asoman que los movimientos bancarios sospechosos se
inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y
organizaciones como Global Witness. 

Pero
en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas se encuentra una particularidad.
Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y
desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones
entre comercializadoras de oro extranjeras que se valieron del control de cambio
en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por
el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin proponérselo.

Una deuda de pescado

Cuando
vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su
empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería
extranjera le estaba transfiriendo los más de 100.000 dólares correspondientes
al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado?
“Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el
First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y, nueve años más tarde, el
nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado
Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una
transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la
comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.

La comercializadora de pescado Inversiones Rosu recibió dinero de Kaloti en 2012. Por dos transferencias de un total de 109.452 dólares le cerraron la cuenta.

Según
el reporte de actividad sospechosa de marzo de 2012, en referencia a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de
Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo
dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa
pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando la
entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de
«comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.

El
banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos
Roston, Rafik y Ali Saab Saab, se dedicaba a la industria pesquera y operaba
cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la costa del Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank
de Miami explicó que las 
transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable
propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo
que el cliente “no pudo proporcionar documentación para respaldar las
transacciones”.

Alí
Saab Saab aseguró, en una entrevista hecha para esta nota el 23 de septiembre de
2020, que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país
de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación
por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de
una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina,
narcotráfico y bandas criminales.

Los
propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún
tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás
hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa
transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”.

En
una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las
sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales.
«Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y
agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y
polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen
faenas de pesca en aguas de Guyana, Surinam e incluso Guayana Francesa, con
licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos
puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”.

El SAR señala que Inversiones Rosu operaba cuatro embarcaciones desde Güiria, en el oriente venezolano, para realizar faenas de pesca en aguas de Guyana, Surinam y del sur de la Costa Atlántica hasta Brasil. Foto: Gregorio Marrero/Armando.info.

Saab
Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas
de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin
nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos
costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta.
Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco,
que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los
mismos».

Descartan
asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. «No existía relación con
esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana,
que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que
nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción
pesquera».

Derecho de autor

Un
caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana,
Amolca C.A, una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas
y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín -capital del departamento de
Antioquia, en Colombia- empujada por la crisis generalizada de Venezuela,
aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un
pequeño edificio, tan discreto como desvencijado, del este de la ciudad.

En
un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean
Bank de Miami reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con
algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas de “alto riesgo”, como Emiratos Árabes
Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la
historia del cliente.

El
SAR reporta que en diciembre de 2011 la empresa, propiedad de Rafael Angel
Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez, recibió un pago único de
9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de
la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva
York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”.
Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida
desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial
muy diferente a la editorial.

En
su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A,
le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank -un banco de inversionistas
venezolanos en el sur de Florida- un depósito de casi 10.000 dólares por parte
de una “joyería
internacional”.

La sede en Caracas de Actualidades Médico-Odontológicas Latinoamericanas apenas funciona para recepción de correspondencia. La editorial se mudó a Medellín el año pasado. Foto: Lisseth Boon.

En
diciembre de 2011, relata, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir
algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de
autor, por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la
Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el
acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía, como los de
alimentos y medicinas.

“Aquella
transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una
persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar
compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera
debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que
hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en
una carta enviada a los redactores de este reportaje, con fecha del 21 de
septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos
Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran
divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que solo fue
derogada en 2019.

La
propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no
consecutiva que se efectuó hace nueve años. Asegura que no conserva detalles de
esa transacción, de modo que no puede informar sobre la identidad de la persona
en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante
cheque o transferencia bancaria: “Con la mudanza, se desecharon muchos
documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está
completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo
relación ni con Haig’s International ni con Kaloti.

La necesidad de “honrar compromisos” llevó a los directivos de Amolca a comprar divisas en el mercado negro. Nunca supieron, según afirman, que Kaloti estaba detrás de todo.

¿Por
qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de
conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada
como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el
sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad
aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado
Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias
oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la antigua antilla
neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano
promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. Sin embargo, como más adelante se verá, los propios ejecutivos de Haig’s niegan haber tenido ese interés. 

Un apartamento y la banca clandestina

Un
esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de
salud especializado registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia,
extremo noroccidental del país.

En
un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 destaca la suspicacia
del Century Bank en torno a la familia propietaria de la clínica zuliana, José
Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla
Parra, así como también sobre el emisor de la transacción, Kaloti Jewellery
International de Dubái. En el documento sus oficiales de cumplimiento informan
que la operación resultaba «una actividad que no está en línea con su actividad
habitual» y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no podían presentar
documentación que la justificara.

Según
el reporte del banco donde se analizaban los movimientos, no quedaba claro el
objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de ese centro para
el tratamiento de cáncer, realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti
desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el
Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era, de nuevo, el «comercio de oro»
por parte de Haig’s International.

Hacia
2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba
con 25 años de experiencia en
comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró
relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o
la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando
que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un
pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como
un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer
equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación
geográfica”.

Estas
operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor  o IVTS (por las siglas en inglés de
Informal Value Transfer System) que se maneja fuera del sistema bancario
convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras
entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”.  Se trata de un mecanismo o red de
personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un
tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío de
remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas
venezolanas en cuestión salvo por un detalle: según las evidencias por ahora
disponibles, no estaban al tanto de que formaban parte del sistema de
intercambio.

Por
la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser
muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos. 

Las
severas restricciones que impuso desde 2002 el régimen cambiario en Venezuela derivaron en el surgimiento de un mercado negro de divisas, un espacio de compra y venta ilegal de dólares, principalmente, que
no solo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público, a pesar de las
penas previstas por la la Ley de Ilícitos Cambiarios que el chavismo promulgó en
su oportunidad. También permitió a venezolanos anónimos tener acceso a
dólares y plegarse a esquemas de operaciones poco transparentes y al menos
cuestionables, como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los
bancos que reportaron a la FinCEN.

El
Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró
que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en
Caracas, en el capitalino municipio de Baruta -un coto de clase media en el sureste
de la capital venezolana- e incluso presentó la fotocopia del contrato por
3,38 millones de bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En
esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s
International V.D. de Curazao fueron mencionadas.

En el momento de las transacciones con Venezuela, Haig’s International tenía más de dos décadas en el mercado. Kaloti hizo pagos a venezolanos en nombre de este trader. Foto: Lisseth Boon/Runrunes

El
Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del
cáncer en Maracaibo, cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital zuliana. Ninguno de los
teléfonos fijos que se mencionan en su cuenta de Instagram funciona, y el último post informativo
colgado en esa red social data de septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que el instituto sigue activo, recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de Covid-19.
Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas los días 21
y 24 de septiembre de 2020 por vía de correo electrónico para este reportaje. Pero sí
se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la
familia Padilla en Caracas, que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones
de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias.

A.V.
(quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales
bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofrecido por los Padilla, quienes para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y
contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde
trabaja desde hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda
venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por
Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado.
No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo. 

Para
A.V., la sorpresa no pudo ser mayor al enterarse, ocho años después, de que
aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares había sido presentada
por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente
recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y de que su nombre aparezca
entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos. «No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig’s ni ventas de
oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los
Padilla».

El reporte alude a una transacción de 2011 por 34.976 dólares por parte de Kaloti. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao, un panadero portugués

La
historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero
portugués. En un reporte que alude a una transacción de 2011, se detalla la
transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank.
El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da
Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da
Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela.

Esa
panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto,
capital del estado Lara, y aparece registrada en el documento como Pan Norte, C.A.
Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados, se
limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao
en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad
de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010.

Otra
transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. A juzgar por
los involucrados, esta vez, una parte de 99.976 dólares saltaron de tierra firme
a una isla: de Lechería, en el estado Anzoátegui, a Porlamar, en la famosa y
ahora económicamente deprimida isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta.

El
comienzo de estos movimientos se sitúa en marzo de 2011. El monto inicial, una
vez más, partió de una transferencia de Kaloti a una cuenta personal de Jorge
Enrique Navarro Ordóñez.

En
Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica
Andrés Bello (UCAB) y como ex director de zona del Banco Provincial -marca en Venezuela del español BBVA-. Desde 2008,
según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay website oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import
Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se
ve a Navarro Ordóñez, de chaqueta y casco, escoltado por una moto de alta
cilindrada.

Navarro
Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se
trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el
23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el
estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo
Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos
pesados y equipo para uso industrial”.

Tres
elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las
transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se
mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas
y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones,
en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se
desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas
físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones
financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las
transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña
(literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos
Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro
Ordóñez.

Una
de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la
cuenta de la empresa Alidelta, con sede en el estado Nueva Esparta. Su propietario es Luis
Alexander Paredes Guillén.

Paredes
Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que
aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica
entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca, la obtención de
divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo
desconocido. 

Alidelta
es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente
del país en el año 2000. “Representamos a Colombina [empresa colombiana
productora y distribuidora de alimentos] en el oriente del país. En 2009, 2010 y
2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía
la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para
Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado, quedamos con una deuda con
Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.

Las transacciones que involucran a Orientinvest son de las más imbricadas de la trama.

La
desaparición gradual de las casas de cambio (había más de diez cuando Hugo Chávez
llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del régimen de control cambiario. Hubo
cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a
buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de
2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio. 

Fue
en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y
Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de
alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la
cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No
sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una
de las transferencias que recibió Alidelta”, añade.

Interrogado
sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una
investigación (…) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta
actividad”.

Para
este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de
Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en
Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing
Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente
Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas.

Salvo
en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses
después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao
y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos
al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron
transferencias de Kaloti hayan sido
sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes
ante la FinCEN. 

Kaloti
Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su
nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta
de respuesta enviada al ICIJ,  coordinador del proyecto FinCEN Files y socio de Armando.info en este
reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación aseguró que
“nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de
terceros o de otro tipo) en ningún momento». Aseguró además que «Kaloti jamás ha
comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha
tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del
mismo, incluido Nicolás Maduro». Puntualizó también que desde 2013 en adelante,
«Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le
diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría
estar en su cadena de
suministro”.

Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.

En reiteradas oportunidades, Kaloti negó con vehemencia haber comprado oro venezolano, como el que se extrae en minas cercanas a pueblos como Tumeremo, en el sur de Bolívar. Foto: Lorena Meléndez/Runrunes.

Los intermediarios

Como
parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas
desvinculadas del sector oro, resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas
en países que FinCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR
analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes
identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” y por concepto
de comercio de oro.

Una
de las B/O es Haig’s Internacional, con sede en Curazao, que ordenó al menos tres
de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012
y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de FinCEN.

Archak
Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D.
aseguró que desconoce por completo las empresas venezolanas con las que aparece
vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de
respuesta para este reportaje, enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que
para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas
recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional
V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que
pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos
encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una
comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada
también chatarra de oro”.

Archak Bedrossian Liberatoscioli fue señalado en 2018 con el mote del “zar del oro”, cuando fue detenido en Curazao, a petición de las autoridades venezolanas, por supuesto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”.

Bedrossian
explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está
ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal.
“Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego
exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái
pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los
clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en
Curazao, por la aduana y vía Dubái, eran todas legales”.

El
trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la
devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York,
Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros
aprovechamos ese comercio físico del oro”.

El
director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni
usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao,
donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Cuando pagábamos en dólares, o en florines, no era en efectivo. Todo el oro comprado
se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la
aduana”.

Haig’s
International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra,
venta, procesamiento, y refinación de oro, así como su embalaje y transportación
en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000
dólares, según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad, la capital de Curazao.
Archak Archie Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde
hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente con el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de Zar del oro por parte de la prensa de la
ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Curazao, a petición de parte venezolana, por un presunto “contrabando de oro y
blanqueo de capitales”.

Curazao es considerada una jurisdicciones de riesgo por las autoridades bancarias. La Zona Franca de la isla es uno de los ejes para la trama que involucró a Kaloti. Foto: Lisseth Boon/Runrunes

Al
mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó
las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio
Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por
estafa.

La
detención de Bedrossian coincidió con la denominada Operación Manos de Metal,
que el gobierno de Nicolás Maduro lanzó en junio de 2018 para “atacar a las
mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de
Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por esa
operación se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta
vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial
que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura
instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país.

Para
el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D.
ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su
director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las
autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de
Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018.
Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte
del mundo”.

Además
de Haig’s, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con
Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por
pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de
Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de
sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del
local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de
algún logro se trata, tal y como fue el caso a finales del año pasado, cuando
una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones
de oro en Guyana: 629.000 onzas -alrededor de 17 toneladas- en 2019.

Su
nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de
transferencias sospechosas. Aún cuando el nombre de su empresa está vinculado
con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para
blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación
generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros
supervisores locales y extranjeros”.

En
respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema
de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Y Jagmohan deja
claro que 2011 fue el año del despegue de sus intercambios con Kaloti. Pero
también admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011
comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del
2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti
estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al
enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de
que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los
procedimientos del tribunal”.

En
una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por
ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta
insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN
Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas
en su prisa por cumplir con sus plazos», pues, según razona, ello podría suponer
“la ruina financiera de mi empresa”.

En
2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27
lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados
Unidos con la visa revocada, de acuerdo con un proyecto de investigación
multinacional, Mercurio, una mancha en la selva, liderado por el portal Infoamazonia y en el que participó
Armando.info, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro
venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo
designara como “oro de sangre”.

“No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral”

El
que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a
pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas
bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por
comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y
Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de
lavado de dinero, analizan expertos consultados.

“Aquí
se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no
técnicamente”, considera Frédéric Massé, investigador y experto en tráfico de
oro.

Massé
considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear
empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente
desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales
en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese ‘material
estratégico’ fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en
países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las
dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurante o
lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el
sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el
especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado.

Pero
en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las
transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange:
cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la
moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego
sería entregado a Kaloti, el comprador original.

Las
transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que
se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones
bancarias que de con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más
transacciones se registren, más fácil resulta esconder la ruta de las
transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios
para borrar la huella que permite dar con la emisión de orígen”.

El
sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos,
recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un
incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que
aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha
informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin
preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de
negocios”, agrega.

En 2016 Nicolás Maduro creó el Arco Minero del Orinoco, un extenso territorio al sur del país, que se ha convertido en una zona de crímenes y devastación ambiental. Foto: Bram Ebus

El
portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a
Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios
de Pan Norte y Orieninvest, “no eran
ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran
“completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes
aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el
destinatario, y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los
que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos
legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones
en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de
ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.

En
2015 Kaloti instaló una base de operaciones en Surinam, país con el que comercia desde hace décadas, e inauguró una refinería
conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre
la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética
extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en
junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía
de oro en Surinam.

Kaloti
también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando
se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado.

No
sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones puede ser legal. También
en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje.
En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o
pool accounts de metales preciosos, a través de las cuales corporaciones como Kaloti pueden hacer
pagos por orden de otras empresas del sector. El intercambio sería de dólares
por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal
entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un
suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”.

Esto
explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector del
oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado,
que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se
enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus
cuentas en dólares sin conocer el origen.

(*)
Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck
(ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van
Delden (Noticias Curazao) desde Curazao. 

Tomado de Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuenta

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