El cerco internacional contra el entramado financiero del chavismo acaba de sumar un actor clave: Suiza. El 5 de enero de 2026, el Consejo Federal helvético ordenó el congelamiento inmediato de todos los activos ubicados en territorio suizo vinculados a Nicolás Maduro y a personas asociadas a su círculo cercano, una decisión que tendrá vigencia inicial de cuatro años.
La medida fue anunciada oficialmente por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE) y no es un gesto simbólico: se trata de una acción preventiva de alto calibre, diseñada para impedir la transferencia, ocultamiento o dispersión de activos que las autoridades suizas consideran potencialmente adquiridos de forma ilícita.
Contrario a lo que el régimen venezolano ha intentado instalar como narrativa, Suiza no vincula formalmente esta decisión ni a la captura de Maduro ni a la discusión sobre la legitimidad de su salida del poder. Así lo subrayó el Consejo Federal: “Las razones detrás de la caída del Sr. Maduro del poder no juegan un papel decisivo en la congelación de activos bajo la Ley Federal de Asistencia Internacional”.
El punto clave es otro: la existencia de una “caída del poder” abre la puerta a que, en el futuro, el Estado venezolano o autoridades judiciales internacionales reclamen activos presuntamente obtenidos mediante corrupción, lavado de dinero o abuso de poder. La congelación actúa entonces como una medida cautelar para preservar esos fondos.
Según fuentes citadas por Reuters, la orden alcanza a 37 personas, entre ellas exfuncionarios, testaferros y figuras clave del aparato financiero del chavismo, muchas de las cuales no estaban incluidas en las sanciones suizas previas.
La autoridad afirmó que la congelación no se aplica a los miembros del actual gobierno venezolano, lo que sugiere que Berna está delimitando con precisión quirúrgica a los beneficiarios del sistema previo, no al aparato estatal en transición.
Base legal: de las sanciones a la Ley de Activos Ilícitos
La decisión se apoya en dos pilares jurídicos suizos:
Sanciones vigentes desde 2018, impuestas bajo la Ley de Embargo, que ya incluían restricciones económicas y de viaje contra Venezuela.
La Ley de Activos Ilícitos Extranjeros (FIAA), que permite a Suiza inmovilizar bienes de origen sospechoso pertenecientes a dirigentes extranjeros, incluso sin una condena previa, cuando existe riesgo de apropiación indebida o fuga de capitales.
Este marco convierte a Suiza —históricamente un refugio financiero— en un territorio hostil para capitales opacos de origen autoritario.
¿Qué puede pasar con ese dinero? El DFAE fue explícito: “Sí futuros procedimientos legales revelan que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, Suiza se esforzará por utilizarlos en beneficio del pueblo venezolano”.
Este punto es clave. No se trata solo de bloquear cuentas, sino de abrir la puerta a procesos de restitución internacional, una tendencia creciente en Europa cuando se trata de activos vinculados a regímenes señalados por corrupción estructural.
Mientras tanto, Suiza asegura que monitorea de cerca la situación “volátil” en Venezuela, ha pedido desescalada y respeto al derecho internacional, y ha reiterado su disposición a ofrecer buenos oficios diplomáticos para una salida pacífica.
El congelamiento suizo no es un hecho aislado: es la señal de que la fase financiera del caso venezolano apenas comienza. Bancos, fideicomisos, fundaciones privadas y estructuras opacas en Europa podrían entrar pronto en el radar.
En el tablero internacional, el dinero empieza a hablar. Y esta vez, no a favor del chavismo.