La subasta de CITGO es el campo de batalla donde conglomerados industriales y empresas mineras y petroleras, mantienen una guerra a cuchillo con los tenedores de bonos y pagarés venezolanos para hacerse de propiedad del principal activo de Venezuela en Estados Unidos. Ponerle la mano a la refinería es su esperanza de conseguir resarcir las deudas que en las administraciones chavistas han acumulado contra ellos por años, bien por impagos o expropiaciones.
La insolvencia de Venezuela ha llegado a tales límites que todo aquel con quien el régimen mantenga una deuda busca ubicarse en los primeros puestos de la larga fila de acreedores que aguardan por su dinero. Los tribunales federales de Estados Unidos son el escenario donde grupos de acreedores se dan cita día a día buscando la ejecución y pago de sentencias y laudos a su favor.
El objetivo es el embargo de propiedades que Venezuela en EE. UU., entre ellas las acciones de PDV Holding Inc. (PDVH), propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y portadora de las acciones de CITGO Petroleum Corporation, cuya subasta se ha convertido en un verdadero enigma en razón de saber si se concretara o no.
Entre estos acreedores se encuentra Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC, un fondo que agrupa a tenedores de la deuda venezolana que exigen que su deuda sea resarcida con CITGO en manos de PDVH, pues esta es el alter ego de PDVSA y Venezuela y, por tanto, en ella se pueden cobrar la deuda.
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La demanda de Gramercy
El caso de la minera canadiense Cristallex abrió la puerta para que más acreedores de Venezuela esgrimieran la tesis del alter ego en las cortes estadounidenses y reclamaran en activos venezolanos el pago de sus deudas.
Por ello, Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC presentó el 29 de julio de 2024 en el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, una demanda contra PDV Holding Inc. Con ello aspira la ejecución de dos sentencias emitidas por el Tribunal para el Distrito de Columbia que reconocen y ejecutan laudos arbitrales finales emitidos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la Venezuela. La jurisprudencia o, dicho de otra manera, lo válido para unos también lo es para otros, llevó al fondo de bonistas a argumentar ante el tribunal que PDVH es un alter ego de PDVSA y, por ello, PDV Holding Inc. es responsable ante los demandantes del pago del monto total de las sentencias.
PDVH pide trasladar la causa a otro tribunal
En los tribunales de EE. UU. se libran peleas a cuchillo para lograr ver resarcidas las deudas que Venezuela les mantiene.
El 9 de agosto de 2024, PDV Holding Inc. retiró la demanda que en su contra entabló Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC del Tribunal del Condado de Harris y solicitó su traslado al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
El pedido se hace con base a estipulaciones del Código de los Estados Unidos y la demandada explica que la remoción aplica porque la corte de destino propuesta tiene jurisdicción federal original y de diversidad. Sostiene que el Distrito Sur de Texas es el lugar donde la acción está pendiente.
Sostiene PDV Holding, que en virtud de que aún no ha recibido la demanda en su contra, la solicitud de traslado se encuentra a tiempo. Advierte que la presentación de este aviso de remoción no tiene por objetivo renunciar a la defensa, objeción o argumento disponible del caso y se reserva el derecho de modificar o complementarlo cuando lo considere conveniente.
PDVH no es Venezuela
PDV Holding Inc. insiste en que los reclamos de Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC son contra Venezuela y no contra PDVSA ni ella misma. Sostiene que la pretensión del demandante de romper el velo entre PDVSA y PDV Holding no aplica.
Debido a que el deudor del demandante es Venezuela, también debe romper el velo entre PDVSA y Venezuela para recuperar los activos de PDV Holding, lo cual en su visión no es suficiente porque el deudor es, en efecto, Venezuela y no la empresa petrolera.
Alega PDVH que la demanda en su contra plantea “una cuestión sustancial de derecho federal en cuanto a si la conducta de Venezuela puede imputarse a PDVSA en este procedimiento. Según la teoría del caso de la demanda, la solicitud de reparación del demandante solo puede concederse si su invocación de la preclusión colateral (una cuestión de derecho federal) es adecuada”.
Bonistas versus empresas acreedoras
Volviendo al primer planteamiento de esta nota, los bonistas, con Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC a la cabeza, batallan para que el tribunal de Delaware le de prioridad a sus pagos. Son el grupo de tenedores de bonos que tiene garantías de pago con acciones de Citgo.
Lo cierto es que tampoco la tienen fácil los tribunales y una decisión que acepte la priorización de pago a bonistas, estrecharía aún más los montos disponibles de la subasta de CITGO dirigidos a satisfacer los requerimientos del resto de los acreedores.
No hay que olvidar que CITGO está valorada en USD 13 000 millones, mientras que los reclamos de todos los acreedores totalizan USD 21 300 millones. Ni hablar de cómo se pondría el panorama se siguen adicionando exigencias, toda vez que la deuda externa de Venezuela es de unos USD 150 000 millones.
Gramercy Distressed Opportunity Fund LLC mantiene una lucha el intento de interrumpir el litigio que mantiene en Texas y Nueva York para cobrar la deuda que con ella tiene Venezuela. Obviamente, en esa dirección apunta la acción de PDVH descrita en esta reseña.
Entretanto, el gestor de la subasta de CITGO designado por el tribunal pidió al juez que impida que los acreedores que ya participan en la venta, presenten causas ante otros tribunales de Estados Unidos.