A pesar de haber ganado contratos por valor de millones de dólares en diferentes países, Smartmatic parece incapaz de sacudirse acusaciones que empañan su reputación. Y la razón es bastante simple: cuanto más negocio gana, mayor es la falta de transparencia. Tomemos, por ejemplo, lo que sucedió recientemente en México, donde el gobierno planea recopilar datos biométricos para producir tarjetas de identificación. El gobierno mexicano convocó una licitación y presentaron ofertas las siguientes empresas: LATIN ID S.A. de C.V., MAINBIT S.A. de C.V.; SOLTIC S.A. de C.V.; y, el gran sonido, Smartmatic International Holding, B.V.
Smartmatic ganó la licitación para proporcionar dicha tecnología, a pesar de haber presentado la oferta más alta. Smartmatic engañó a las autoridades mexicanas, al presentarse como una empresa holandesa. Sucede que desenterré los registros de Smartmatic en los Países Bajos hace algunos años, sus actividades se describen como «comprar, desarrollar y administrar propiedades y bienes». No hay nada sobre la provisión de dispositivos biométricos allí. De hecho, Smartmatic no tiene antecedentes de haber sido contratado directamente para proporcionar dicha tecnología en ninguna parte del mundo. En Bolivia, provincia de Hugo Chávez, Smartmatic logró ser subcontratada por una empresa de Argentina, otra provincia de Hugo Chávez, llamada NEC Argentina, para recolectar datos biométricos destinados al padrón electoral. Pero incluso ese proceso se ha visto empañado por irregularidades. La prensa boliviana informa que la oferta inicial de Smartmatic fue rechazada por su participación en elecciones fraudulentas en Venezuela.
Pero las irregularidades de Smartmatic no acaban ahí. Los registros de la empresa muestran que, apenas unas semanas antes de que Smartmatic obtuviera su primer contrato en Venezuela, Antonio Mugica y el difunto Alfredo Anzola (principales de Smartmatic y Bizta), tomaron Bs. 300 millones ($ 187,000) de una subsidiaria de una entidad gubernamental venezolana llamada FONCREI. Es esta información la que probablemente habría causado la decisión de Smartmatic de ‘vender’ los sistemas de votación Sequoia para evitar una investigación adecuada de CFIUS sobre su estructura de propiedad. Al día de hoy, Smartmatic debe presentar evidencia fehaciente de haber recomprado las acciones adquiridas por el gobierno venezolano.
Luego está el problema en Filipinas, donde, una vez más, Smartmatic se tergiversó para ganar un contrato electoral. Además, se reveló que los técnicos de Smartmatic accedieron de forma remota a los servidores durante una elección regional en Mindanao.
Entonces, hay algunas preguntas simples que los ciudadanos mexicanos deberían plantear a las autoridades:
¿Por qué a una empresa que no tiene antecedentes en el suministro de tecnología biométrica se le permite presentar ofertas en una licitación pública organizada al efecto? A la luz de la pregunta anterior: ¿por qué las autoridades mexicanas han otorgado el contrato al postor con mayor y menor experiencia? Smartmatic se tergiversó alegando que es una empresa holandesa, cuando en realidad es una venezolana con conexiones sospechosas con el régimen de Chávez. Si es cierto que Smartmatic es una corporación holandesa, ¿dónde están las declaraciones de impuestos de las operaciones en ese país?