VenePirámides
El Síndico de la quiebra de los fondos de Pancho Illaramendi, John J. Carney, en los que los Fondos de Pensiones y Ahorros de PDVSA perdieron más de USD 500 millones, demandó al conocido comisionista venezolano Moris Beracha, al Fractal Fund y otras empresas de Beracha por US$ 171 millones. Carney acusa a Beracha y sus empresas de haber recibido pagos y comisiones de los fondos de Illaramendi que no tienen una contraprestación legal y razonable que justifique los exhorbitantes pagos. Beracha es uno de los distinguidos miembros de la Cleptocracia del Siglo XXI.
También demandó a Juan Montes, Ex Director Financiero de PDVSA y de los Fondos de Ahorro y de Retiro de sus empleados, así como a Movilway S.L., una empresas de recarga de celulares pre-pagados propiedad de Beracha, por US$ 35 millones. En esta demanda Carney alega que Montes recibió, directa e indirectamente, la cantidad referida como sobornos para que Montes conviniera en celebrar operaciones de permuta altamente rentables con los fondos de Illaramendi. De la lectura de las demandas se infiere que Montes vendía bonos denominados en US$ a Illaramendi, recibiendo el precio en Bolívares al tipo de cambio oficial. Luego los fondos de PDVSA usaban esos mismos Bolívares para comprar US$ a CADIVI al tipo de cambio oficial, para comprar más bonos y repetir el ciclo. La utilidad exhorbitante era generada por el diferencial cambiario entre el tipo de cambio oficial y el paralelo de la época, del cual Montes y Beracha percibían una porción altísima. Carney alega que Beracha fue el intermediario en estas transacciones ilícitas. De acuerdo a la demanda, hay inmensa cantidad de correos electrónicos suscritos por Illaramendi, Beracha y Montes, así como movimientos bancarios, que prueban las acusaciones del Síndico.
Adicionalmente demandó a Javier Marin, Luis Lugo e Hispanic News Press, la propietaria de Descifrado.com, por más de US$ 2 millones. Acá el Síndico pretende recuperar pagos sin causa que Illaramendi hizo a estas personas.
Finalmente, demandó a Francisco Illarramendi, Maria Josephina Gonzalez-Miranda y Adela M. Illarramendi por más de US$ 300 millones. Este monto está justificado en los pagos que los fondos les hicieron y los perjuicios patrimoniales causados.
La lectura de las demandas produce escalofríos por las dimensiones de la voracidad, desparpajo y corrupción que rodean a estos personajes. Lo más lamentable es que esto sólo es la superficie de la Robolución del Siglo XXI. Este saqueo es sólo «pecata minuta» al lado de los que rodean a la presidencia de Hugo Chávez.