La Corte del Distrito de Columbia ha fallado a favor de Venezuela en el prolongado caso iniciado por el empresario Serafín García Armas -esposo de la ex alcaldesa de Chacao, Irene Sáez Conde-, desestimando la demanda de casi 400 millones de dólares que este había interpuesto bajo el argumento de ser ciudadano español y estar amparado por el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) entre España y Venezuela.
El dictamen, emitido en el marco del arbitraje ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), concluyó que el tribunal no tiene competencia para juzgar el caso, al determinar que se trata de un conflicto entre venezolanos, no protegido por el tratado bilateral. García Armas había alegado que sus inversiones, realizadas a través de las empresas Alimentos Frisa y Promotora Mediterránea, fueron expropiadas de forma irregular durante el auge de las nacionalizaciones impulsadas por Hugo Chávez.
Sin embargo, el equipo jurídico venezolano demostró que tanto García Armas como su hija Karina García Gruber (sobrina del contralmirante chavista, Hernán Grüber Odremán) eran ciudadanos venezolanos al momento de realizar dichas inversiones, y que, por lo tanto, no podían acogerse a la figura de inversores extranjeros según lo establecido en el TBI. La corte aceptó la tesis de que su intento de internacionalizar el caso para obtener compensación millonaria era jurídicamente improcedente.
Un historial de escándalos
El caso de García Armas, sin embargo, va mucho más allá de una disputa legal por expropiaciones. Su figura ha estado envuelta en numerosas investigaciones y denuncias por corrupción, fraude cambiario, lavado de dinero y evasión fiscal tanto en Venezuela como en el extranjero.
En los años noventa, cuando era conocido como “el rey de las frutas”, fue investigado por el Congreso venezolano por utilizar dólares preferenciales para importar productos como frutas, ajos chinos contaminados y peces de colores. Más tarde fue demandado por cadenas de supermercados como Central Madeirense y Plaza’s por vender embutidos españoles prohibidos por razones sanitarias.
El empresario también ha estado bajo la lupa en Estados Unidos, donde fue investigado por la DEA por su relación con el Ocean Bank, institución financiera que terminó bajo investigación por lavado de capitales. A pesar de ello, García Armas logró adquirir Ocean Mazda, una de las concesionarias de vehículos Mazda más importantes de Florida, junto a sus hijos Karina, Michael y Jessica García.
En Chile, las autoridades iniciaron una investigación en su contra por evasión tributaria por más de 80 millones de dólares relacionada con exportaciones de productos alimenticios con sobreprecio hacia Venezuela. La Fiscalía venezolana también lo acusa de haber cometido un desfalco por 49 millones de dólares a través de sobreprecios en importaciones y simulación de compras con empresas de maletín, en asociación con compañías chilenas como Benipaula S.A. y MSM S.A.
¿Pescar en río revuelto?
Desde su mansión en Coral Gables, Serafín García Armas intenta sumarse a la lista de empresarios que buscan cobrar indemnizaciones multimillonarias sobre los activos de PDVSA en el exterior, como Citgo, a pesar de los señalamientos que pesan sobre su historial.
Esta estrategia lo acerca a otros empresarios como Tomás Elías González Benítez y Eligio Cedeño, quienes han sido señalados por haber amasado fortunas mediante operaciones fraudulentas con el Estado venezolano y que ahora intentan beneficiarse del proceso de embargo internacional de activos venezolanos.
Según los registros judiciales, los García buscan el reconocimiento de un laudo por más de 351 millones de dólares, compuesto por:
- USD 242,4 millones para Serafín García Armas
- USD 94,5 millones para Karina García Gruber
- USD 14,4 millones para otros acreedores judiciales solidarios
Aunque los abogados de Venezuela lograron que parte del laudo fuera anulado por el Tribunal de Apelaciones de París en octubre de 2023, la parte restante seguía firme y sirvió de base para esta nueva acción legal en Estados Unidos.
Más allá del laudo: ¿justicia o impunidad?
Sectores críticos consideran que permitir estas reclamaciones sin evaluar los antecedentes de los demandantes puede abrir la puerta a que actores que participaron en el desfalco del país ahora se presenten como víctimas. En ese sentido, organizaciones civiles han pedido al tribunal que considere el extenso historial de irregularidades que rodea a García Armas.
Fuentes vinculadas al caso aseguran que este fallo podría tener efectos sobre procesos similares impulsados por otros contratistas del chavismo que han intentado judicializar disputas comerciales y contractuales recurriendo a tribunales internacionales bajo nacionalidades adquiridas.
Para muchos, no se trata solo de una batalla legal, sino de una prueba sobre si la justicia internacional puede distinguir entre verdaderos inversionistas y quienes se enriquecieron a costa del hambre y el saqueo de un país.