Trabajadores y expertos rechazan la intención del gobierno por ser jurídicamente inviable e inconveniente en lo económico. Pero además, el correísmo –que en su momento hizo lo mismo con Sacha y Auca- ahora se rasga las vestiduras, en plena definición de un clave proceso electoral.
¿Un tiro en el pie o autoboicot del propio Gobierno? La semana pasada se habría dado una reunión del Comité de Licitaciones, pero no se concretó el acuerdo. En todo caso, se espera que este miércoles haya una nueva reunión.
Vista de parte del Campo Sacha, bloque 60 en Orellana
Gobierno mueve sus fichas: Sacha a cambio de $1.500 millones
En estos días hay varias señales que revelan el interés del Gobierno por entregar este importante campo en concesión. El consorcio formado por las empresas Petrolia (Ramiro Páez) y Amodaima (Benhe Cheng) ofreció un adelanto de $1.500 millones a cambio de la entrega del campo Sacha. Lo hicieron el 15 de noviembre del año pasado, a través de una hoja de registro. Se trata de una operación parecida a la polémica entrega que ejecutó el Gobierno de Rafael Correa, con el Campo Auca, en 2015.
La propuesta del consorcio es la siguiente:
Entre tanto, el 25 de noviembre del 2024, la Subsecretaría de Administración de Contratos de Hidrocarburos y de Áreas Asignadas remitió un Informe de conveniencia de la delegación.
En este se indica que Petroecuador presenta “limitaciones de su presupuesto”, lo que no permite la asignación de mayores recursos para inversiones en explotación de bloques.
Desde entonces todo se ha acelerado:
El 23 de diciembre, se publicó en el Registro Oficial el acuerdo ministerial 40, emitido por la ministra de Energía Inés Manzano, con relación a la conveniencia de la “delegación del campo Sacha” a empresas “estatales o sus subsidiarias”.
En este se pide también que Petroecuador devuelva al Ministerio de Energía dicho campo.
El 13 de febrero, renuncia el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, quien no habría estado dispuesto a la firma de la entrega. El Ministerio debía entregar informes de evaluación de riesgos en esta operación.
Enseguida se coloca en el cargo a una persona sin perfil de economista (ingeniero comercial y de sistemas), pero afín al gobierno: Luis Alberto Jaramillo Granja, quien trabajó en la empresa Cartonera, parte del grupo Noboa.
Nombramiento de José Julio Neira, hombre de confianza del presidente Daniel Noboa, como su representante, dentro del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), responsable de la entrega. Una vez convocado una reunión del Comité se tomaría la decisión final.
Ilegalidad, inconveniencia y opacidad
Luis Calero, experto petrolero considera que el Gobierno no debería buscar la privatización de este campo tan importante y que le genera al año unos $2.000 millones al país y $1.700 millones si se le restan los $300 millones de gastos de operación.
Explica que este es un negocio en marcha, por lo que el Gobierno tiene al menos dos preguntas qué hacerse antes de tomar una decisión:
¿Puedo hacerlo, es decir tengo capacidad legal para entregar el campo en concesión o para privatizar su gestión? y
¿Es conveniente hacerlo en el tema económico?
La respuesta de Calero es que no es jurídicamente viable ni rentable para el Estado. Explica que el acuerdo ministerial 40 emitido por la ministra Inés Manzano es “una sumatoria de barbaridades jurídicas”.
Empezando por el hecho de que el artículo 2 de la ley de Hidrocarburos, en el cual se basa el acuerdo, no existe. Este artículo fue reformado o reemplazado cuando el Gobierno de Guillermo Lasso emitió una nueva normativa. Pero la Corte Constitucional la declaró inconstitucional.
Adicionalmente, dice Calero, que en ninguna parte de la Constitución, ni de la ley de Hidrocarburos, ni de la ley de Empresas Públicas, se establece la posibilidad de que Petroecuador devuelva un activo al Ministerio. Al no existir tal disposición, los funcionarios públicos están impedidos de proceder de esa manera.
Solo con estos dos puntos ya se hace inviable avanzar en la entrega.
Lo que sí deja en claro Calero, es que el Gobierno busca un “crédito simulado” al más puro estilo de lo que hizo Rafael Correa, junto con Jorge Glas en 2015 con el campo Auca.
Ellos obtuvieron $1.000 millones que debieron pagarlo a través de una alta tarifa de producción y que se lo sigue pagando.
Más transparencia
De otro lado, Jorge Luis Hidalgo, experto en temas energéticos, considera que Petroecuador tiene un campo precioso que es Sacha, con un potencial enorme. Lamentablemente, la empresa estatal ha sido el botín de todos los políticos de turno, no tiene balances ni la confianza de inversionistas, por eso es positivo que vaya a un concesión.
Sin embargo, advierte que esta debe ser transparente y permitir que varias empresas privadas compitan por conseguir el contrato.
Advierte que al momento: “Lo que se sabe es que hay mucha reserva se está manejando bajo siete llaves”, dice.
Hidalgo opinó que la postura sindicalista de oponerse a que vaya a manos privadas, tampoco es la mejor, pues no permiten aprovechar el potencial a través de un buen administrador.
Los trabajadores representados por la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleo (Antep) también advierten que la operación puede generar pérdidas de hasta $ 1.044 millones en 20 años, para el Estado ecuatoriano.
Además explicaron que no existe respaldo técnico que demuestre una supuesta incapacidad de Petroecuador para operar el Campo Sacha.
La telaraña societaria difícil de entender
De acuerdo a la narrativa oficial, Amodaimi es subsidiaria de la estatal china Sinopec y Petrolia Ecuador es filial de la canadiense New Stratus Energy.
Sin embargo, existen dudas sobre si las empresas Amodaimi Oil Company (constituida en España) y Petrolia SA, de origen canadiense, tienen la condición de empresas estatales o subsidiarias que deben tener.
Entre tanto, los trabajadores de Antep denuncian que en la Superintendencia de Compañías, estas empresas están registradas como compañías de origen privado en España.
Por lo tanto, no califican como empresas públicas extranjeras, condición necesaria para que se les pueda delegar la operación del campo Sacha, como lo determina el Acuerdo Ministerial.
En este sentido, presentaron el 5 de febrero pasado una demanda constitucional contra la concesión del Campo Sacha. Hay varios detalles que dejan dudas sobre el origen.
El origen de estas empresas se rastrea desde el 2012. En ese momento, la empresa Repsol informó que el Gobierno de Ecuador aprobó la venta de su filial Amodaimi Oil Company en Ecuador a Tiptop Energy Ltd., una subsidiaria de la compañía china Sinopec. Esta última, empresa estatal china.
Diez años después, en diciembre del 2022 la Superintendencia de Control del Poder del Mercado autoriza la concentración económica producto de la transacción entre Petrolia (New Stratus) y Amodaimi. Así, según la Superitendencia, Petrolia adquiere las acciones de Amodaimi a Repsol. Es decir ambas empresas son parte de New Stratus.
En esta operación también interviene la empresa Tiptop Energy, a la cual se la describe como una sociedad constituida bajo leyes de Hong Kong (propietaria de Amodaimi).
En esta operación no se nombra a Sinopec. Petrolia (New Stratus) estuvo en el ojo de la polémica durante el gobierno de Lasso debido a que quería que se le extienda el plazo de concesión de los campos 16 y 67, que debía pasar a manos privadas el 31 de diciembre del 2022. Esto era ilegal, según informó en su momento el gobierno de turno.
Proceso Superintendencia de Poder del Mercado
¿La quinta será la vencida?
Con esta nueva iniciativa del gobierno de Daniel Noboa, se cuentan cinco ocasiones en las que gobiernos han querido concesionar el campo Sacha.
En estos días el correísmo, desde actores políticos hasta representantes del legislativo, se rasgan las vestiduras denunciando la posible concesión del Campo Sacha. Sin embargo, parecen olvidar que la intención de la concesión de Sacha empezó durante el propio correísmo y con otros campos como Auca.
En 2015, Jorge Glas y representantes de Schlumberger firmaron acuerdo para concesionar Auca a cambio de un valor denominado activo intangible.
Es que entre 2009 y 2015, el campo Sacha estuvo en manos de un consorcio llamado Río Napo CEM, el cual estaba conformado por la empresa venezolana PDVSA y Petroamazonas. Sin embargo, pronto las promesas de PDVSA no llegaron a concretarse, sobre todo en el tema de las inversiones. Así, el ministro coordinador de Sectores Estratégicos del momento, Rafael Poveda anunció que se iniciaría la búsqueda de un nuevo inversionista. Todos los intentos por entregar este productivo campo fueron denunciados por Fernando Villavicencio.
El 2015, el régimen correísta, cerró un acuerdo (MOU) con la empresa china CERCG (China Energy Reserve Corporation Group) para la operación del campo Sacha (bloque 60), a cambio de un crédito de $1300 millones de dólares, recursos dirigidos a cubrir un tramo del déficit fiscal e indemnizar a PDVSA de Venezuela. Aparentemente buscaban hacer lo mismo que ese mismo gobierno hizo al entregar el campo Auca, otra joya de la corona, a la multinacional Schlumberger, a cambio de $1000 millones de adelanto.
Lenín Moreno también tuvo su momento para buscar la concesión. El proceso inició en 2019 y fue suspendido a inicios de 2020, durante la gestión del exministro Carlos Pérez García. El ministro, antes de salir de esa Cartera de Estado, advirtió que la concesión representaba una afectación económica para el Estado.
La tercera intentona fue a manos del ministro René Ortiz, quien buscó retomar la iniciativa, pero sin éxito.
Con la fusión de Petroecuador y Petroamazonas, la empresa estatal manejó el campo. En el gobierno de Guillermo Lasso, el anuncio de que el campo Sacha sería delegado a la inversión privada a través de un contrato de participación por 24 años. El anuncio se lo conoció durante el evento Ecuador Open for Business. En esta cuarta ocasión, las voces se levantaron al indicar la inconveniencia.
Tomado de Sacha, el nuevo autoboicot del Gobierno