En la Caracas oficialista y discreta, donde los negocios con el Estado se tejen a media voz y en oficinas sin ventanas, Rosa Gisela Olivis Peña de Gray ha logrado construir una red empresarial que se extiende más allá de las fronteras venezolanas. Desde su ONG, pasando por su entramado de empresas registradas en Panamá, hasta operaciones inmobiliarias en Madrid, su nombre aparece vinculado a una constelación de intereses que orbitan en torno al poder chavista, especialmente en el sector militar.
Casada con el empresario australiano Clifford Ross Gray, Olivis no solo ostenta el título de presidenta de la Fundación Huellas de Bondad —una organización de fines supuestamente sociales— sino que también figura como directora de al menos tres compañías panameñas: Latimex Corporation SA, JM Mercantil Supply Inc. y Corporation Visloy SA. Es también fundadora y accionista de Corporación Graysam C.A., una contratista autorizada por el gobierno de Nicolás Maduro para importar y distribuir uniformes, ropa industrial y maquinaria, especialmente para organismos de defensa.
La expansión de su emporio ha seguido un patrón que se repite con precisión quirúrgica en casos similares del chavismo: empresas espejo, clientes estatales, entramado familiar y adquisiciones inmobiliarias. En 2014, Olivis compró un ático de lujo en el exclusivo barrio de Salamanca en Madrid, por 455.000 euros, a través de una cuenta bancaria en Miami. No fue la única: otros socios del mismo grupo adquirieron propiedades en el mismo edificio mediante estructuras opacas con sede en paraísos fiscales como Barbados y Panamá.
Pero lo que distingue el caso de Olivis no es únicamente su rol como empresaria. Su nombre aparece conectado a un grupo compacto de socios que han mantenido negocios cruzados, compartido direcciones fiscales, abogados y, sobre todo, contratos con organismos públicos venezolanos. En esta red destacan figuras como Yanori Bernal Vargas, Ambar Yohana Quiroga Mata, Roda Saab Ganam y Félix Ramón Hernández, todos vinculados a empresas como Representaciones Felther, Lanzallamas 12 RL, Inversiones Villaber, Venservice y la ya mencionada Graysam.
Las compañías del grupo han sido proveedoras habituales de instituciones como el Ince Militar, el IPSFA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, alcaldías oficialistas, Bolipuertos, e incluso la Fundación Misión Madres del Barrio. Es un ecosistema bien ensamblado que les ha permitido acceder a millonarios contratos bajo esquemas de asignación directa o licitaciones preferenciales, muchas veces a través de sus filiales en el extranjero.
La historia de Rosa Olivis también se entrelaza con la de Samantha Gray Quintero, excandidata a alcaldesa de Chacao y figura fugaz de la política venezolana. En una entrevista concedida en 2008, Gray reconoció que fue Olivis quien propició su relación con Clifford Gray, el empresario australiano y actual esposo de Rosa. Desde entonces, ambas mujeres han sido más que familia política: han sido socias en al menos cuatro empresas. Gray, por su parte, ha sido descrita por Olivis como una hija, una amiga y una confidente.
El grupo empresarial que gira en torno a Olivis Peña de Gray también ha sido salpicado por denuncias públicas de corrupción y abusos más graves. Algunas fuentes la señalan como socia del mayor general Giuseppe Yoffreda Yorio —exdirector de Corpovex— en presuntas operaciones de reclutamiento y explotación de jóvenes con fines sexuales, que habrían tenido como escenario liceos y universidades del país. Estas acusaciones, aunque no han sido judicializadas hasta el momento, forman parte de un informe informal filtrado desde círculos cercanos al chavismo y reseñado por medios digitales opositores.
Además, se les atribuye la propiedad encubierta de la aerolínea Turpial Airlines, que habría aprovechado la salida del país de las aerolíneas internacionales para establecer una red de vuelos triangulados a través de terceros países como Curazao, Panamá o Barbados, generando jugosas ganancias a empresarios vinculados al régimen.
Con nacionalidad venezolana, acceso a divisas en el exterior y una red corporativa que abarca al menos tres países, Rosa Gisela Olivis Peña de Gray representa un caso paradigmático del nuevo empresariado bolivariano: aquel que, lejos de los reflectores, convierte la cercanía al poder en un instrumento de acumulación y protección. Siempre en segundo plano, pero siempre en el centro del negocio.