Por Maibort Petit
Una vez más el juez del Distrito Sur de Texas, Gray Miller sorprendió con una sentencia extremadamente ligera contra el excontratista de CITGO y PDVSA, Roberto Rincón Fernández protagonista de una de las tramas de corrupción más escandalosos y millonarios de los últimos tiempos. El sujeto, acusado de corrupción, lavado de dinero recibió una condena de 18 meses de prisión de los cuales ya sirvió 7 meses, esto hace que una de las cabecillas de la banda criminal que expolió millones de dólares del erario público venezolano, haya salido casi ileso tras haber cometido sus crímenes.
Roberto Rincón Fernández fue arrestado junto a su socio Abraham Shiera, también condenado por el juez Gray Miller, en diciembre de 2015 y formuló su admisión de culpa el 16 de junio de 2016 al aceptar que fue responsable de un plan para asegurar corruptamente contratos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y de CITGO.
El contratista corrupto se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y un cargo por ofrecer información falsa en su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2010. El juez ya había impuesto una sentencia monetaria personal a Rincón, quien aceptó el decomiso.
Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham Shiera se asociaron para ofrecer y proporcionar equipos y servicios a PDVSA a través de sus compañías.
Rincón admitió que, a partir de 2009, él y Shiera acordaron sobornar y ofrecer otras cosas de valor a los analistas de compras de PDVSA para asegurarse de que sus empresas fueran incluidas en los paneles de licitación de la estatal, lo que les permitió ganar lucrativos contratos. También reconoció haber sobornado a otros funcionarios de PDVSA para asegurarse de que sus empresas se incluyeran en las listas de proveedores y se les priorizaran los pagos por encima de otros proveedores.
Del mismo modo, Rincón dijo que, deliberadamente, no informó en su declaración de impuestos federales de 2010 más de USD 6 millones en ingresos por dividendos extranjeros que recibió de una corporación venezolana de su propiedad.
El expediente Rincón-Shiera se amplió tras las acusaciones en contra de otros participantes en la la trama de corrupción en la cual se pagaron sobornos a funcionarios de la petrolera estatal por montos superiores a los mil millones de dólares entre los años 2009 y 2014. Ambos demandados se declararon culpables de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) de EEUU, destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
Rincón y Shiera suministraron información al gobierno norteamericano en el marco del acuerdo de cooperación para bajar sus sentencias. Gracias a los datos entregados por los dos sujetos corruptos a la fiscalía estadounidense, el gobierno logró ubicar y embargar unas 730 cuentas bancarias, la mayoría en en bancos de Suiza y Panamá, en la que aparecen involucrados funcionarios de Pdvsa y otros supuestos empresarios que hacen vida económica en los EEUU y que están vinculado al enorme esquema de corrupción. También ha emitido nuevas demandas y órdenes de captura contra otros indiciados.
La acusación del gobierno de los Estados Unidos dice que las empresas de Shiera y Rincón fueran colocadas en los paneles de licitación de Pdvsa, lo que permitió obtener contratos lucrativos de energía con Petróleos de Venezuela, que por lo general cotizaban con un abultado sobreprecio causando un daño patrimonial a Pdvsa que aún no ha sido calculado.
Rincón y Shiera gozaron de libertad condicional tras haber pagado sendas fianzas de cinco millones y un millón de dólares respectivamente.
Rincón pasó sus días preso en su mansión de 7.1 millones de dólares ubicada en el rico vecindario de The Woodlands en Houston, mientras que Shiera estuvo en su lujosa residencia en Miami.
Durante su periodo en libertad provisional, los dos acusados permanecieron detenidos en sus hogares bajo supervisión y con la imposibilidad de salir salvo por necesidad médica o religiosa y para asistir a citas con su abogado u otros funcionarios judiciales, según establecen las dos órdenes dadas a conocer por la corte en agosto de 2016.
Rincón pagará su condena en una cárcel de mínima seguridad en Texas.