«El Tribunal rechazó la teoría de los seis grados de separación de Caballero, que amenazaba con etiquetar como agente terrorista a cualquiera que alguna vez hiciera negocios con Venezuela», dijeron los abogados de Gorrín.
Redacción | Miami Herald
En una victoria legal para el empresario Raúl Gorrín, un estrecho aliado del dictador Nicolás Maduro, un juez del Distrito Sur de Florida dictaminó que dos propiedades de lujo de Miami que le pertenecían no podían ser embargadas como compensación por la familia de una víctima de secuestro de la guerrilla colombiana.
La sentencia dictada el lunes por el juez de distrito Kevin Michael Moore protege una mansión de 34 millones de dólares en Fisher Island y una propiedad de 14,3 millones de dólares en Collins Avenue de los esfuerzos de Antonio Caballero por cobrar una indemnización de 140 millones de dólares, más intereses, concedida por la muerte de su padre a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace dos décadas.
Caballero había afirmado que Gorrín y su cuñado y socio, Gustavo Perdomo, habían estado blanqueando dinero para las FARC.
Gorrín pertenece a un reducido número de empresarios venezolanos de los que funcionarios estadounidenses sospechan que ganan miles de millones de dólares gracias a sus estrechos vínculos con Maduro y otros altos dignatarios del régimen socialista de Caracas.
Sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Gorrín, principal propietario de la cadena de televisión venezolana Globovisión, fue acusado en un tribunal federal del sur de Florida por su presunta participación en una trama de corrupción y blanqueo de dinero de mil millones de dólares en Venezuela y es considerado fugitivo por las autoridades estadounidenses.
Aunque Caballero alegó que Gorrín prestó ayuda a las FARC, Moore dijo en su fallo que el demandante no aportó pruebas que respaldaran esa afirmación.
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El juez consideró que «no había hechos» que sugirieran que Gorrín y Perdomo blanquearan dinero para Maduro o en beneficio de las FARC, dijeron los abogados de Gorrín.
«El Tribunal rechazó la teoría de los seis grados de separación de Caballero, que amenazaba con etiquetar como agente terrorista a cualquiera que alguna vez hiciera negocios con Venezuela», dijeron los abogados Lisandra Guerrero y Howard Srebnick en el comunicado de prensa.
Según la sentencia, Caballero no aportó pruebas sobre la cantidad de apoyo financiero que las FARC supuestamente recibieron -directa o indirectamente- de Gorrín y Perdomo y tampoco demostró cómo los empresarios ayudaron a las FARC.
«En lugar de reforzar sus afirmaciones con apoyo fáctico, el demandante se limita a citar numerosas páginas de informes periciales. Sin embargo, los informes periciales también están llenos de afirmaciones concluyentes sin apenas base fáctica», dice la sentencia.
Caballero, que vive en Estados Unidos, ha estado luchando por cobrar la indemnización que se le concedió en 2014 por la muerte de su padre en 1999 tras ser secuestrado por las FARC.
Gorrín forma parte de un grupo de empresarios venezolanos investigados por las autoridades estadounidenses en Miami desde 2016 por el presunto pago de millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno en la petrolera estatal venezolana PDVSA y el tesoro nacional a cambio de acceso a contratos energéticos y cambios de divisas que produjeron enormes ganancias.
Supuestamente desempeñó un papel central en una trama de corrupción de 1.200 millones de dólares que implicaba préstamos en bolívares adquiridos por PDVSA a empresas supuestamente controladas por el empresario venezolano Francisco Convit y que eran reembolsados casi inmediatamente por la petrolera utilizando el tipo de cambio oficial altamente favorable y exclusivo, que otorgaba enormes beneficios, según la acusación en el caso presentada por el fiscal federal del distrito sur de Florida.
Pero el principal caso contra Gorrín se refiere a las acusaciones de que supuestamente participó en una trama masiva de blanqueo de dinero para sustraer más de 1.000 millones de dólares al gobierno de Venezuela y blanquear el dinero ilícito a través de bancos estadounidenses e inversiones inmobiliarias de lujo en Nueva York y el sur de Florida, según los documentos judiciales presentados en relación con este segundo caso.
La trama de blanqueo de dinero se llevó a cabo durante un periodo de extrema penuria económica para muchos venezolanos, que han tenido dificultades para cubrir necesidades básicas como la vivienda y la alimentación bajo el gobierno socialista.
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