Es necesario remover de inmediato al perito judicial de la subasta de CITGO, Robert B. Pincus y reiniciar la venta de las acciones de PDV Holding Inc. Así lo reiteraron las partes de Venezuela — la República, PDVSA, PDVH y CITGO— las cuales denunciaron la existencia de graves conflictos de interés que comprometen la integridad y la imparcialidad del proceso.
A través de una Moción renovada para descalificar al perito judicial y sus asesores, Weil, Gotshal & Manges LLP y Evercore Inc., los abogados de la República Bolivariana de Venezuela y la Junta ad hoc de Petróleos de Venezuela S.A., junto con PDV Holding Inc. y CITGO Petroleum Corp., argumentan de que sus intereses financieros (los de Pincus) y relaciones con postores, especialmente Elliott Investment Management L.P., y tenedores de Bonos PDVSA 2020, comprometen su imparcialidad.
Ante la corte, detallaron las extensas relaciones financieras lucrativas que los asesores mantienen con Elliott y los tenedores de bonos, lo cual viola el estándar de imparcialidad de los oficiales judiciales según la ley.
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La moción para descalificar al perito judicial de la subasta de CITGO
El 5 de noviembre de 2025, Brendan Patrick McDonnell, abogado de la República Bolivariana de Venezuela y de Petróleos de Venezuela S.A., remitió al juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Delaware, Leonard P. Stark, una comunicación en la que sus representados se unen a PDV Holding Inc. y CITGO Petroleum Corp.
Siguiendo las instrucciones del Tribunal, los abogados de las Partes de Venezuela, el perito judicial, Elliott/Amber y Contrarian/Red Tree, se reunieron y resolvieron todas las cuestiones relativas a las partes censuradas en la versión pública del escrito inicial sellado de las Partes de Venezuela en apoyo de su moción renovada para descalificar al Perito Judicial y a sus asesores.
Acusaron que Weil y Evercore, mientras actuaban como «brazos del Tribunal» con inmunidad judicial, mantenían relaciones comerciales extensas, crecientes y altamente lucrativas con postores clave y partes interesadas, notablemente Elliott Investment Management L.P. y los tenedores de los Bonos PDVSA 2020. Se alega que los asesores percibieron más de USD 100 millones en honorarios de estas partes en conflicto desde que comenzaron a asesorar al perito judicial.
Las partes de Venezuela sostienen que estos conflictos de interés violan los estatutos federales que exigen la recusación judicial tanto por la apariencia de parcialidad como por la existencia de un interés financiero en una de las partes. Además, la moción presenta evidencia de una influencia indebida real y, en respaldo, citan una comunicación interna en la que un socio de Weil instaba a su equipo a tratar favorablemente a Elliott para proteger futuras oportunidades de negocio.
La moción acusa a los asesores del perito judicial, Robert B. Pincus, de ocultar estos vínculos a través de divulgaciones tardías, parciales y engañosas, que solo salieron a la luz tras una deposición jurada de un representante de Elliott.
Como remedio, las partes de Venezuela exigen la anulación completa del proceso de subasta de CITGO, la supresión de todo el trabajo realizado por el perito judicial y sus asesores, así como el reinicio del procedimiento con un nuevo perito y un equipo de asesores sin conflictos.
El antecedente
La subasta de CITGO está circunscrita al caso Crystallex International Corp. contra la República Bolivariana de Venezuela que cursa en el Tribunal para el Distrito de Delaware. Un proceso de venta judicial de la propiedad indirecta de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en CITGO Petroleum Corporation.
A tal efecto, el tribunal nombró a un perito judicial para diseñar y ejecutar este proceso de venta, a saber, Robert B. Pincus, quien, a su vez, contrató a Weil y Evercore como sus «expertos en la materia». Según las órdenes de la corte, tanto Pincus como sus asesores, son considerados «brazos del Tribunal» y gozan de inmunidad judicial.
Tal condición les impone el deber de actuar como oficiales judiciales neutrales y objetivos, sujetos a los mismos estándares éticos que un juez, específicamente las normas de recusación establecidas en la ley. Enfatizan que la dependencia del perito judicial de Weil y Evercore es casi total, al extremo de que estos lideran negociaciones, realizan presentaciones en el tribunal y, en ocasiones, persuaden a Robert B. Pincus de cambiar sus propias inclinaciones iniciales sobre las ofertas.
Conflicto de intereses: vínculos financieros con postores
La moción detalla extensas y lucrativas relaciones financieras entre Weil y Evercore, por un lado, y Elliott y los tenedores de Bonos PDVSA 2020, por el otro, que se desarrollaron simultáneamente a su papel como asesores neutrales en el proceso de venta.
Relaciones con Elliott Investment Management
Weil: se alega una relación comercial creciente y exponencial con Elliott. Desde 2023, Weil representa a Elliott en más de una docena de asuntos. Los ingresos de Weil provenientes de Elliott aumentaron de aproximadamente USD 300 000 en 2023 a casi USD 1.25 millones en 2024, y superaron los USD 3.1 millones solo en la primera mitad de 2025. Además, cinco abogados de Weil que representaban Pincus, también representaron a Elliott en otros asuntos.
Evercore: esta firma recaudó USD 8.9 millones de un grupo ad hoc de acreedores del cual Elliott es el segundo miembro más grande. Además, inició una nueva representación de otro grupo ad hoc en cuyo comité directivo participa Elliott, de la cual Evercore espera recibir una tarifa única de USD 6 millones y USD 175 000 mensuales.
Relaciones con tenedores de Bonos PDVSA 2020
Weil: la relación con los tenedores de Bonos PDVSA 2020 es descrita como aún más lucrativa. Desde 2021, Weil cobró más de USD 62 millones de los bonistas y sus afiliados, además de USD 12.8 millones de grupos ad hoc que incluyen a dichos bonistas. Identificaron a al menos 21 socios de Weil que asesoraron al perito judicial también han representado a los bonistas.
Evercore: las cifras para Evercore también son sustanciales. Desde 2021, recibió aproximadamente USD 75 millones por trabajos para clientes afiliados a los tenedores de Bonos PDVSA 2020 y espera recibir decenas de millones más. Directamente de los bonistas, recibió USD 15.5 millones, con millones adicionales pendientes en honorarios de éxito contingentes.
Entidad AsesoraCliente en conflictoIngresos/honorarios reportadosWeilElliott Investment Management~1.25M (2024), >USD 3.1M (1S 2025)WeilTenedores de Bonos PDVSA 2020 y afiliados>USD 62 millones desde 2021WeilGrupos Ad Hoc (incl. Bonistas)USD 12.8 millones adicionalesEvercoreGrupo Ad Hoc (Elliott miembro clave)USD 8.9 millones recaudados + USD 6M y USD 175k/mes esperados de un nuevo encargoEvercoreTenedores de Bonos PDVSA 2020 y afiliados~USD 90.5 millones recibidos desde 2021, con decenas de millones más esperados
Evidencia de influencia indebida activa
La moción presentada por Venezuela considera una prueba irrefutable el hecho de que los conflictos de interés, no solo crearon una apariencia de parcialidad, sino que se tradujeron en una defensa activa de los intereses de un cliente.
Se remiten a un correo electrónico del 24 de junio de 2025, donde Jeffrey Saferstein, co-jefe del Departamento de Reestructuración de Weil, transmitió al equipo del perito judicial la «frustración» de Elliott con el cronograma del proceso. En el correo, Saferstein advirtió a sus socios: «Detestaría que ellos [Elliott] no quisieran trabajar con nosotros». La moción interpreta esta comunicación como una instrucción directa para favorecer a Elliott con el fin de proteger una lucrativa relación comercial, lo que demuestra que el conflicto infectó activamente el proceso.
Ocultamiento y divulgación engañosa de los conflictos
En la moción, las partes de Venezuela acusan al perito judicial y a sus asesores de un incumplimiento sistemático de sus obligaciones de divulgación.
Ausencia de divulgación inicial: el perito y sus asesores no revelaron ninguna información sobre estas relaciones a la República de Venezuela ni a PDVSA.
Divulgación parcial y engañosa: en marzo de 2025, tras una solicitud de PDVH y CITGO, los asesores proporcionaron una lista supuestamente «completa» de encargos. Esta lista, designada como «Altamente Confidencial», solo mencionaba un breve encargo terminado de Weil con Elliott en 2024 y ninguno para Evercore.
Falsedad directa: el 4 de septiembre de 2025, Weil afirmó falsamente a los abogados de CITGO y PDVH que «ni Weil ni Evercore ha[n] tenido ningún encargo con ninguno de los postores que han participado desde el inicio del período del postor inicial.
Revelación forzada: la verdad comenzó a emerger el 9 de septiembre de 2025, cuando el asesor general adjunto de Elliott, Michael Turkel, admitió bajo juramento en una deposición que Elliott mantenía relaciones comerciales vigentes tanto con Weil como con Evercore. Solo después de esta revelación el Tribunal ordenó una divulgación más completa.
Fundamento jurídico para la descalificación del perito judicial
La moción argumenta que la descalificación es obligatoria bajo dos secciones distintas de 28 U.S.C. § 455.
§ 455(a) – apariencia de parcialidad: sostiene que un «observador laico razonable y objetivo», al conocer los millones de dólares en honorarios que los asesores recibían de los postores y partes interesadas, cuestionaría razonablemente su imparcialidad. El escrito enumera una serie de decisiones del perito judicial que considera inexplicables si no es a través del prisma de este conflicto, tales como:
Otorgar exclusividad a Elliott en 2024.
Recomendar ofertas de Elliott y Red Tree (afiliada de un bonista) que desviaban valor a los bonistas.
Presionar a otros postores para que llegaran a un acuerdo con los bonistas.
Rescindir abruptamente el acuerdo con Gold Reserve para recomendar una oferta «no solicitada» de Elliott que incluía un pago a los Bonistas.
§ 455(b)(4) – interés financiero: Weil y Evercore tienen un «interés financiero en […] una parte en el procedimiento». Esto se basa en su papel como «asesores» y «participantes activos en los asuntos» de Elliott y los Tenedores de Bonos PDVSA, así como en el hecho de que sus intereses comerciales y financieros —los millones de dólares en honorarios pasados y futuros— podrían verse «sustancialmente afectados por el resultado del procedimiento». Se argumenta que esta causal de descalificación no puede ser renunciada.
Solicitud: anulación y reinicio de la subasta de CITGO
Dado que el proceso fue diseñado y ejecutado por asesores con conflictos de interés fundamentales, las Partes de Venezuela concluyen que el proceso está fatalmente viciado y es insanable.
Argumentan que el tribunal debe:
Descalificar inmediatamente al perito judicial, a Weil y a Evercore.
Anular todas las actuaciones y recomendaciones previas, incluyendo las ofertas de Elliott y Gold Reserve, puesto que son producto de negociaciones contaminadas.
Suprimir todo el trabajo producido por el equipo del perito para garantizar que no influya en futuras deliberaciones, citando precedentes legales (In re Kempthorne).
Reiniciar toda la subasta de CITGO desde el principio con un nuevo Perito Judicial y asesores que estén libres de conflictos.
La moción concluye que cualquier inconveniente causado por el retraso es superado por la necesidad imperativa de proteger la integridad del proceso judicial y la confianza pública en el sistema.
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