Ramón Carretero Napolitano y sus gigantescas tramas corruptas en Venezuela

El empresario Ramón Carretero Napolitano es descrito como alguien vinculado a figuras del Gobierno de Cuba y socio oculto de Alex Saab

Alex Saab es un empresario colombiano acusado de orquestar diversas tramas de corrupción para obtener contratos del Estado venezolano, que incluyeron desde la venta de viviendas prefabricadas hasta ser proveedor de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Según un reporte de awriterwithfreedom.com, Carretero fue uno de los que acudió al abogado Ramsés Owens mientras aparecía haciendo algunos negocios con el Estado venezolano, junto a diferentes integrantes de su familia.

La idea de construir un nuevo estadio de béisbol en Caracas no llegó como promesa aislada. Forma parte de un proyecto macro denominado Parque Hugo Chávez, propuesta ambiciosa surgida en días de campaña electoral, cuando Nicolás Maduro se preparaba para medirse, tras la muerte de Chávez, frente al candidato opositor Henrique Capriles Radonski en las presidenciales de abril de 2013. Maduro ganó finalmente los comicios con una ventaja de poco más de un punto porcentual, según las cifras oficiales.

Además de este campo de béisbol (con capacidad para 36.711 personas), el parque incluye la construcción de un estadio de fútbol para 55.000 espectadores, un campo de béisbol infantil, gimnasio cubierto, la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del Sistema de Orquestas Infantiles y del Movimiento de Artes Escénicas César Rengifo; una estación intermodal de transporte (subterráneo, superficial y ferrocarril), cuatro parques comunales, una plaza, un mirador y 200 hectáreas de jardines y áreas recreativas que se conectarán con las 630 hectáreas de área montañosa que en Caracas conocen como Parque metropolitano.

Todo lo anterior en un espacio donde ya existen desde hace décadas el hipódromo La Rinconada, el campo de softbol, la estación terminal de la Línea 3 del Metro de Caracas, la estación Simón Bolívar del ferrocarril Caracas-Cúa, el Museo Alejandro Otero y el Poliedro de Caracas, recinto que ha servido de sede para buena parte de los eventos culturales, deportivos y feriales de la ciudad desde su inauguración, en 1973, aunque en tiempos de Hugo Chávez comenzó a usarse también para eventos políticos.

Las obras del parque comenzaron en agosto de 2013, tras un acto oficial encabezado por Nicolás Maduro y el alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, por ser esta alcaldía la encargada de desarrollar el proyecto; mientras que los movimientos de tierra que dieron inicio a los trabajos del estadio de béisbol ocurrieron dos meses después.

A cuatro años de aquellas acciones, hay varias certezas: se han invertido al menos 400 millones de bolívares y 30 millones de dólares aprobados por Maduro en agosto de 2013, además de 100 millones de bolívares aprobados por la Asamblea Nacional en junio de 2015; se han inaugurado cinco hectáreas del parque aunque con retrasos (el Jardín de los Primeros Pasos –en dos etapas–, un mirador y la Plaza de las Fuentes), el estadio de fútbol -con diseño de Sir Richard Rogers, premio Pritzker de arquitectura y creador del Centro Pompidou de París- apenas está en la fase inicial de movimientos de tierra y la Fundación Parque Hugo Chávez –creada por la Alcaldía de Libertador para ser el ente ejecutor de las obras– se encarga de todas estructuras proyectadas menos del estadio de béisbol Hugo Chávez, la que exhibe mayor avance.

A pesar de la visibilidad que el alcalde Jorge Rodríguez -ex vicepresidente de la República y, además de El Aissami, uno de los dos astros ascendentes del chavismo gobernante- ha mantenido en torno a la obra, el destino del estadio no lo maneja el gobierno capitalino. Es la Fundación Propatria 2000 (Fundapropatria 2000), dependiente del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, con el apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), la que contrata los trabajos a Landscape Vision Corporation S.A (Lanvicorp) para que ejecute el proyecto. Se trata de una empresa registrada en agosto de 2013 en Caracas como la sucursal venezolana de una compañía del mismo nombre creada en Ciudad de Panamá en abril de 2006.

El acta constitutiva presentada en el Registro Público panameño, cuya copia puede leerse entre los documentos del expediente mercantil consignado en Caracas, detalla sus amplios fines e intereses: “Establecer gestionar y llevar a cabo, en general, el negocio de financiamiento, inversiones y correduría en todos sus ramos, y organizar o llevar a cabo y emprender cualquier negocio, transacción u operación que comúnmente se lleve a cabo por financistas, capitalistas, promotores, suscriptores de la emisión de acciones u otros valores u obligaciones de personas, compañías, sociedades anónimas, sociedades colectivas o asociaciones, o por corredores en bienes raíces, comerciantes, fabricantes y mercaderes”.

Los trabajos que esta compañía suscribió con el gobierno panameño entre 2013 y 2014 tuvieron como instituciones beneficiarias al Ministerio de Vivienda de ese país y su puerta de salida, el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

 

No solo de PAN viven los negociados

En sus confesiones a la fiscalía de Panamá, los empresarios Carretero Napolitano, Araúz y Marciaga manifestaron que parte de las comisiones que les pedía el exdirector del PAN iban supuestamente destinadas para la campaña presidencial de los candidatos de Cambio Democrático (CD), partido al que pertenece Ricardo Martinelli, presidente de Panamá en ese entonces.

Roberto Carretero Napolitano informó que entregó cheques a la cuenta de Guardia Jaén para la campaña política, pero no especificó cantidades ni nombres de las personas a las que iban dirigidos los desembolsos.

Por estas investigaciones el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Anticorrupción, mantiene confiscado un monto de un millón de dólares de Carretero Napolitano, quien tiene una medida cautelar de casa por cárcel.

No se trata de cualquier modo, del único caso que le imputan: el 13 de julio del 2015, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación, tras noticias de supuestas irregularidades en la compra de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación del país centroamericano con fondos del PAN. En ese expediente se acusa a Roberto Carretero Napolitano como posible infractor de la comisión del delito de peculado, en su calidad de dueño firmante y beneficiario real de las 13 empresas y sociedades ligadas a las irregularidades suscitadas en la adquisición de instrumentos musicales para el Ministerio de Educación, gestionada a través del PAN, y que ocasionó desembolsos totales de 11,7 millones de dólares.

Por este caso la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el llamado a juicio para los dos exjefes del PAN entre 2009 y 2014, Giacomo Tamburrelli y Rafael Guardia Jaén, así como a la exministra de Educación, Lucy Molinar.

También se formularon cargos a los representantes legales de las sociedades que obtuvieron los contratos entre 2012 y 2013, pero “en el transcurso de la investigación se evidenció que dichas personas ejercían en función de un denominador común, es decir, el comerciante Carretero Napolitano”, indican los documentos oficiales de Fiscalía.

Lo anterior fue corroborado con documentos bancarios de dichas sociedades, en las que Roberto Carretero Napolitano figuraba como firmantes de las cuentas, y además el propio Carretero Napolitano aceptó, en su declaración de indagatoria, que dichas sociedades le pertenecían. Sobre las acusaciones en su contra, Roberto Carreteo Napolitano ha manifestado ante la fiscalía que es inocente de los cargos que se le imputan. En su defensa dijo que es un comerciante de trayectoria y reconocido en su país, y que participa en muchos actos de licitación con el Estado. Reconoció que las empresas que se investigan en este expediente en efecto le pertenecen, aunque aclaró que el representante legal de ellas es otra persona y que, debido a un manejo administrativo interno, él estaba frente a las mismas.

El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, también está siendo investigado por el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y las bolsas de comida, junto a otros hechos de corrupción, pero ha evadido a la justicia refugiándose en Estados Unidos. A los seis meses de haber entregado la presidencia abandonó Panamá (en enero de 2015) y desde entonces vive en Miami.

Otros medios venezolanos, como El Pitazo, reseñaron en 2019

«Las empresas favoritas del Presidente. Maduro presupuestó 420 millones de dólares para construir 50 gimnasios verticales. Con ese dinero se pudo haber construido entre 140 y 168 edificaciones similares.

La primera de las empresas escogidas fue la colombiana Consorcio Estructuras Metálicas Modernas, encargada de edificar 30 gimnasios. Esta compañía es propiedad de Fondo Global de Construcción y de Guillermo González Zuleta y Cía., de acuerdo con el registro empresarial de Bogotá, en Colombia. Fondo Global de Construcción le pertenece a Álex Saab, empresario colombiano sancionado por los EEUU y señalado como testaferro de Maduro.

La segunda empresa es la panameña, Landscape Vision Corporation, que construiría otros 20 gimnasios, es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martinelli.»

El Pitazo también indicó el 10 de julio de 2020

Desde 2015, Landscape es investigada por corrupción en la obtención de contratos con el Estado panameño y se le atribuye participación en un esquema ilegal liderado por su director, Ramón Carretero Napolitano, conectado con el desvío de recursos de obras públicas en la presidencia de Martilnelli. Esto no ha sido obstáculo para que el Estado venezolano mantenga sus negocios con la compañía.

El desarrollo de las obras para el levantamiento de los 50 gimnasios verticales en Venezuela se ha caracterizado por la subcontratación, hasta ahora nunca retratada, de numerosas empresas para su ejecución. La mayoría con escasas referencias sobre su experiencia en construcciones, y una de ellas vinculada a un empresario investigado por estafa inmobiliaria.

 

Fuente: El Publique