El mes de febrero de 2021, Rafael Darío Ramírez Carreño, exministro de Petróleo del difunto expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, lanzó acusaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, del que también formó parte, y negó que tuviera intenciones de regresar a Venezuela.
En una entrevista al diario español ABC comentó: «Si yo estuviera hoy en Venezuela, me encarcelarían sin juicio como han hecho con más de cien trabajadores de Pdvsa y 400 dirigentes de la oposición. De hecho, acaban de allanar mi casa en Caracas».
Según Ramírez, Maduro convirtió a Venezuela en una dictadura, pero si Chávez todavía gobernara, todo sería diferente.
El exministro señaló: «En esos diez años, no tuvimos capacidad de superar el modelo, pero entregamos a Maduro un país con suficientes recursos para salir adelante y lo dilapidó. Tuvimos errores, pero llevamos al país por la prosperidad durante muchos años».
En distintas entrevistas a los medios de comunicación el exministro se ha limitado a comentar que tiene residencia en Europa, aunque no ha explicado bien dónde. Distintas fuentes lo ubican en un palacete en Italia, pero también en Mónaco.
El antes zar petrolero de Venezuela viaja supuestamente al menos una vez al mes a Montecarlo, barrio de Mónaco, para realizar transacciones económicas personales y no perder una visa del principado.
Algunos suponen que Ramírez asesoró en secreto, en temas petroleros, al equipo del autoproclamado «presidente interino» venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por algunos países.
Pero las acusaciones de Ramírez contra Maduro, son para muchos irónicas, sobre todo viniendo de un exministro petrolero del que todavía no se desvanecen las dudas sobre su implicación en gigantescas tramas de corrupción, al igual que su exviceministro de Energía venezolano, Nervis Villalobos Cárdenas, a quien Suiza se ha negado a otorgarle tanto a él, como a su familia, un permiso de residencia.
El Tribunal Administrativo Federal de Suiza informó que rechazó conceder la residencia a Villalobos Cárdenas, por considerarlo una amenaza para la seguridad pública y un riesgo a la reputación del país europeo.
Villalobos estuvo preso en España y es solicitado por la justicia de Estados Unidos, acusado por supuesta corrupción y blanqueo de capitales.
Historia
Rafael Darío Ramírez Carreño fue embajador de Venezuela ante la ONU. Ocupó este cargo desde el 26 de diciembre de 2014. El 5 de diciembre de 2017 escribió por su cuenta Twitter: “Debo informar que ayer, 4 de diciembre de 2017, he renunciado, a solicitud del Presidente de la República, a mi cargo como Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU. Se me ha removido por mis opiniones, me mantendré, pase lo que pase, leal al Comandante Chávez!”.
Antes de ser embajador se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Soberanía Política, después de once años como ministro de Energía y Petróleo, y diez al frente de Petróleos de Venezuela. El alto directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, negociador de los convenios de la Faja del Orinoco, responsable de las relaciones con Cuba, ex vicepresidente del Área Económica del gabinete ministerial, acumulaba hasta el 2 de septiembre de 2014, una cuota de poder que solo superaba el presidente Nicolás Maduro, gracias a que tenía el manejo de los ingresos provenientes del petróleo.
A finales del mes de julio, Ramírez suspendió una reunión en Nueva York con representantes de la banca internacional, aunque se informa que mantenía conversaciones con diferentes expertos financieros para buscar alternativas a la crisis económica venezolana.
En febrero de 2016, la Asamblea Nacional acordó abrir una investigación contra Ramírez por presuntas irregularidades administrativas. Ocho meses después, en octubre, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1648, que contiene 105 páginas en las que se detalla la investigación que concluye que entre 2004 y 2014 se generó un daño patrimonial superior a 11 mil millones de dólares.
El 9 de marzo de 2017 pidió ante la ONU la integración de potencias que están surgiendo en Latinoamérica. “Para Venezuela un eventual Consejo ampliado podría ser integrado por un total de 25 a 26 miembros, incluyendo los cinco miembros permanentes actuales, seis posibles nuevos miembros permanentes y 15 miembros electos o no permanentes”, indicó.
El 8 de mayo de 2017 publicó en el portal web Aporrea un artículo titulado La línea roja en el que cuestiona al gobierno venezolano por la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. También asegura las diferencias de la situación política del año 1999 de la actual: “Existe un riesgo, puesto que la situación política y la correlación de fuerzas son completamente distintas a las que prevalecían en el proceso constituyente de 1999. Debemos impedir que se produzca un retroceso”.
El 9 de julio de 2017 escribió en su cuenta Twitter: “Agredieron a mi familia dos disociados: Gabriel Manzano y Tatiana Low. Los pusimos en su sitio. Se escudaban en un niño. Actuará la justicia”, luego de que estas personas lo confrontaran en un restaurante situado en Estados Unidos por estar comiendo en un lugar lujoso, pese a la situación de crisis política y económica en Venezuela.
El 10 de enero de 2018 cuestionó en su columna de opinión del portal web Aporrea el uso en Venezuela de la moneda virtual Petro porque, a su juicio, no es constitucional.
El 25 de enero de 2018, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, dio a conocer la aprehensión de Ramírez y solicitó la activación de alerta roja internacional para que se facilitara su captura. Sus cargos se resumen en peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir durante el periodo en el que estuvo al frente de Pdvsa.
El 23 de marzo de 2018 fue señalado por Walid Makled -acusado por tráfico de drogas y legitimación de capitales- de estar relacionado con envío de drogas hacia Estados Unidos.
Posteriormente Ramírez afirmó que el Gobierno de Nicolás Maduro vendió parte de Pdvsa a los chinos, al entregarles 9,9% adicional de las acciones de la empresa mixta Sinovensa, lo que suma un total del 49,9 % de las acciones a favor de los asiáticos. “Debió pasar por la Asamblea Nacional (AN) o la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), porque Pdvsa no está facultada para ceder participación suya en ningún proyecto. Esto es una privatización. Esto ya paso en Petromonagas con Rosfnet”, destacó el ex ministro de Energía y Petróleo de Hugo Chávez, que presidió la estatal entre 2004 y 2014.
La noche del 2 de septiembre de 2014 en el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro marcó el punto final a la trayectoria de Rafael Ramírez en el Ministerio de Petróleo y Minería (antes Ministerio de Energía y Petróleo) y en la presidencia de Pdvsa, doble rol que jugó durante la última década y desde donde ejecutó las acciones para poner los ingresos petroleros a disposición del proyecto político del fallecido presidente Hugo Chávez. Aunque no quedó fuera del Gobierno, porque fue designado ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Soberanía Política, el hasta ese momento el hombre más fuerte de la economía venezolana, deja entonces de tener la llave de la caja fuerte de Venezuela.
Ramírez, ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes en 1989, recibió en octubre de 2013 la designación como vicepresidente del Área Económica, en sustitución del para ese momento ministro de Finanzas, Nelson Merentes. Desde entonces el funcionario con más tiempo en el gabinete, con el récord de más años continuos en Pdvsa, responsable de misiones como Gran Vivienda Venezuela, tomó las riendas de la economía venezolana con la promesa de derrotar el dólar paralelo.
El 22 de enero de 2014, Ramírez, como directivo del Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) anunció una serie de medidas alrededor del tipo de cambio, entre ellas que los boletos aéreos y el cupo viajero pasaban a un sistema de banda delimitado por el dólar Sicad. Además, enfatizó que el presupuesto de importaciones del país para ese año sería de $42 mil millones, ni más ni menos. De inmediato, analistas y líderes de la oposición lo acusaron de ejecutar una devaluación de la moneda.
“Esto no es una devaluación, es un sistema cambiario distinto que tiene bandas y el Estado sigue utilizando su tasa preferencial y la capacidad que tenemos de ingresar divisas a la nación”, no tardó en salir a aclarar el ministro ese enero, cuando ya se rumoraba acerca de su posible salida de Pdvsa, donde sería sustituido por el presidente de Citgo, Nelson Martínez.
Pero más que concretarse su cambio, parecía que el vicepresidente del Área Económica se convertía en una figura imprescindible para el Gobierno de Maduro. El 14 de junio de 2014, en un encuentro organizado por la firma Lazard Asset Management, se reunió en Londres con 50 representantes de la banca internacional de inversión, a quienes afirmó que la tasa de cambio a Bs 6,30 por dólar es muy bajo. También reconoció la necesidad de ajustar el precio de la gasolina. Incluso antes de ese encuentro en la capital de Inglaterra, parecía inminente la aplicación de medidas económicas.
Cuatro días después de que se conociera de esa reunión en Londres, salió del Gobierno el ministro de Planificación, Jorge Giordani, quien de acuerdo con versiones de prensa se oponía a las medidas propuestas por Ramírez. En una carta que se hizo pública el 18 de junio de 2014, Giordani lanzó unas líneas en contra del presidente de la estatal petrolera: “Lamentablemente las cosas fueron tomando un nuevo rumbo con la desaparición física del Comandante Chávez y el comportamiento de las instituciones que se encontraban bajo su control como PDVSA y el BCV, comenzaron a aparecer signos de independencia que se agravaban con la caída de los aportes al fisco fruto del actuar independiente del gobierno central de PDVSA, guiada por sus intereses y problemas particulares, al unísono que se tomaban decisiones de gasto público ajenas a un control presupuestario”.
Después del despido de Giordani, la máxima autoridad de Pdvsa parecía ostentar el poder absoluto del área económica. Pese a que el presidente de Cencoex, era Alejandro Fleming, Ramírez se presentaba como la voz decisoria en materia cambiaria. A la par abrió varios frentes de debate público, entre ellos la posible venta de Citgo en Estados Unidos
Pero ocurrieron dos hechos que no pasaron por debajo de la mesa. Víctor Aular, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa, salió de la directiva de Cencoex, y esta dependencia del Ejecutivo pasó a ser conducida por la Vicepresidencia de la República. Entonces se daba como un hecho que Ramírez se convertiría en el segundo del Gobierno. Pero Maduro aún tenía una sorpresa.
Al hasta ese momento hombre fuerte de la economía venezolana, se le vio con el rostro “rojo rojito” (frase que él mismo popularizó para referirse a la Pdvsa chavista) cuando el presidente anunció que la vicepresidencia del Área Económica sería conducida por el ministro de Finanzas, Marco Torres; y que Asdrúbal Chávez, el primo del fallecido mandatario, era partir de ese momento el titular de Petróleo y Minería. Maduro agradeció a Ramírez en medio de aplausos, quien ni siquiera dejó escapar una sonrisa cuando el Presidente informó sobre su designación como ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente de Soberanía Política. Para rematar la faena, se anunció que Eulogio Del Pino sería el nuevo titular de Pdvsa. Tanto Chávez como Del Pino lo acompañaron en su gestión de 10 años en la estatal petrolera.
De esa forma, en una misma noche Ramírez perdió el ministerio, la presidencia de Pdvsa y, más importante aún, la llave de la caja fuerte de un país en crisis económica. Además, quedaron en el aire las conversaciones con la banca de inversión y la posibilidad de un aumento de la gasolina, porque como dijo Maduro casi en su cara: “Se quedarán esperando por las medidas económicas. Ya esas las tenemos trazadas. Algunos quieren ponerle agenda a uno”.
Pero ¿de dónde viene Ramírez? ¿Qué le permitió llegar a acumular tanto poder en el área económica? Esta es una historia larga de contar, pero que podemos comenzar por un episodio que marcará la historia de Venezuela.
En noviembre de 2006, Rafael Ramírez, presidente de Petróleos de Venezuela, se dirigió a los trabajadores de la corporación estatal, reunidos en asamblea, para decirles: “Venimos aquí a hablar de política”.
Faltaba exactamente un mes para la elección presidencial del 3 de diciembre de 2008, cuando Ramírez se despojó de las prácticas gerenciales y asumió su papel como dirigente del PSUV: “A ningún gerente, a ningún funcionario público del Ministerio de Energía y Petróleo, a nadie de ninguna nómina, a nadie de nuestros componentes militares, (le debe quedar) una pizca de duda: la Nueva PDVSA está con el presidente Chávez”.
La empresa, responsable de 90% del ingreso en divisas de la nación, calificada por Chávez como una “caja negra”, difícil de auditar, antes y después de la campaña del 98, se convirtió en el brazo financiero del proyecto político del chavismo.
Después del fracasado paro petrolero y de la cirugía corporativa que extirpó a la gerencia de PDVSA, Ramírez abonó el terreno para involucrar a la empresa en la gestión de las misiones sociales del gobierno y en los planes de radicalización de la revolución bolivariana que al año siguiente 2007 fracasaron en las urnas al votarse la propuesta de reforma constitucional.
La toma de control y de poder dejó daños colaterales. El paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003 provocó pérdidas por más de $13 mil millones a la industria, según los balances de la propia PDVSA. Además, más de 20 mil trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo o fueron despedidos. La pérdida de capital humano se tradujo en una caída de la producción y en la pérdida de competitividad, lo que a su vez impactó negativamente la fortaleza financiera de la corporación energética estatal. Entró en vigencia un nuevo slogan: “La Nueva PDVSA es roja, rojita”, sentenció Ramírez.
Con esas palabras, que luego Chávez reivindicaría y haría parte del argot revolucionario, Ramírez, el ingeniero mecánico egresado de la Universidad de los Andes en 1988, primo segundo de Ilich Ramírez, el terrorista Carlos El Chacal, trazaba una nueva línea de su historia en la industria petrolera, que empezó siete años antes de la mano del entonces ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque.
Rodríguez Araque, en la época de la guerrilla venezolana, fue un cercano amigo de Rafael Darío Ramírez Coronado, un contador público y miembro de una familia cafetera en Trujillo, quien simpatizaba con la lucha armada.
Ramírez Coronado y Maritza Carreño de Ramírez tuvieron tres hijos varones, entre otros a Rafael Darío, quien durante su época de estudiante universitario, primero como cursante de Física Pura y luego en ingeniería mecánica, entraría en contacto con miembros del Partido de la Revolución Venezolana, cuyo brazo legal era el Movimiento Ruptura. Adán Chávez, profesor de la escuela de Física de la ULA, exgobernador del estado Barinas y hermano del fallecido ex presidente Hugo Chávez, también militaba en esa organización política.
En 1999, Ramírez llegó a las oficinas de PDVSA acompañando a Rodríguez Araque. En la sala de reunión se encontraban funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, entre ellos Víctor Poleo, exviceministro de Electricidad: “Alí nos los presentó como su presidente del Ente Nacional del Gas (Enagas)”, organismo que fue creado ese año tras la promulgación de la Ley de Gas.
Así el ahora presidente de Enagas regresaba a una empresa del Estado. Su pasantía la realizó en Sidor. Luego fue seleccionado por Intevep para participar en un proyecto de crudos pesados. “Me metí en la Faja, en San Tomé, en Paraguaná y en Maturín y trabajé dos años en campo haciendo guardias nocturnas, pero en algún momento entré en conflicto con la cultura de PDVSA, heredada de las transnacionales… no se discutía, se imponían los criterios, lo cual generaba problemas de opinión”, contó Ramírez a la periodista Mariana Párraga, para el libro Oro Rojo.
Tras renunciar a Intevep, fue empleado como proyectista en una empresa contratista del sector energético, Inelectra.
Ramírez vivió fuera de Venezuela hasta 1995, entre Estados Unidos y Francia. En ese lapso se casó con Beatrice Sansó, hija de la exmagistrada Hildegard Rondón de Sansó y de Benito Sansó.
“Cuando Chávez ganó las elecciones decidí que quería trabajar para el nuevo gobierno, pero no tuve una oferta hasta que Alí Rodríguez fue nombrado ministro de Energía y Minas y mi papá fue designado comisario de PDVSA, una figura muy importante en ese momento porque prácticamente no se sabía nada de la corporación”, relató para Oro Rojo.
Dentro del chavismo, Rafael Ramírez es una pieza que no encaja en ninguna de las tendencias que lo conforman. “Se acomoda mucho. A veces es pragmático y otras veces radical”, dice un consultor del sector financiero que lo conoció en los tiempos de la emisión de bonos de la corporación.
Su éxito radica en que se anticipaba a los deseos de Chávez. Cumplió las órdenes con disciplina militar desde que llegó a Enagas. Pero en la torre de La Campiña (sede de PDVSA en Caracas) comenzaba a labrarse el conflicto. En 2002, el ex Presidente decide cambiar la directiva de PDVSA. Designa a Gastón Parra Luzardo como presidente de la empresa y a Ramírez como director externo. La alta gerencia rechazó los nombramientos. En respuesta, Chávez oficializó los despidos, nombrándolos uno a uno, luego de sonar un pito, en una alocución televisada.
Se produjo el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y las nuevas autoridades de PDVSA despidieron a 30 gerentes identificados con Chávez. Pero el 13 de abril, militares leales restituyeron el presidente en al poder y se abrió un paréntesis de precario equilibrio que se saldó con el nombramiento de Rodríguez Araque en PDVSA, mientras Ramírez ocupaba el Ministerio de Energía y Minas.
Cinco meses después estalló el paro petrolero y el gobierno tomó el control total de PDVSA. Al cierre de 2003, las pérdidas superaban 13.000 millones de dólares. La coyuntura fue aprovechada para aplicar a fondo la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en 2001.
En 2004, PDVSA se convertiría en el gran financista de las misiones sociales que Chávez lanzó poco antes de imponerse en el referéndum revocatorio promovido por la oposición para desalojarlo de Miraflores.
El 20 de noviembre de 2004, Rafael Ramírez fue designado presidente de PDVSA, cargo en el que fue ratificado por el presidente Nicolás Maduro, quien sucedió a Chávez luego de ganar las elecciones del 14 de Abril de 2013.
Ramírez, quien además fue ministro de Energía y Petróleo, lo que le confiere la extraña cualidad de regulador y regulado, despejó los obstáculos para aplicar la política económica. En 2005, la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, le permite a PDVSA retener las divisas que considere necesarias para desarrollar sus actividades. Paralelamente, en su papel de ministro, ordena poner fin a 32 convenios operativos que PDVSA mantenía con empresas mixtas. También ese año, se lanza el Plan Siembra Petrolera, que establece la meta de producción en 5,8 millones de barriles diarios para 2012. Objetivo que no se alcanzó.
En 2006, la “PDVSA roja, rojita”, según la definió el propio Ramírez conformaría las asociaciones estratégicas en la Faja del Orinoco y el inicio de la venta de activos en el exterior con la negociación de una refinería en Luisiana (EEUU). En tanto, el aporte social de la estatal sería de $11.993 millones, un incremento de 64,5% con respecto a 2005.
A Ramírez también le correspondió, a inicios de 2007, inaugurar la política de ventas a futuro, cuya práctica fue denunciada por la antigua gerencia, que la consideraba lesiva a los intereses de Venezuela. También en abril de ese año, se emitieron los primeros bonos de la nueva PDVSA por 7.500 millones de dólares. Pero así como crecían los empréstitos, se incrementó el tamaño de la empresa, con la creación de siete nuevas filiales.
Una de esas nuevas filiales es PDVSA Agrícola, presidida por Eglis Ramírez, quien es tío de Rafael Ramírez. Esa empresa, junto a otra filial, Bariven, se encargaría de la ejecución y procura internacional del Plan Estratégico de Emergencia para el Abastecimiento de Alimentos dentro del Territorio Nacional.
Cuatro meses más tarde, Eglis Ramírez registra la empresa Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), que realiza operativos en las calles y abre establecimientos en ciudades y pueblos del país. En junio de 2010 estalla el escándalo al descubrirse más de 121 mil contenedores con comida descompuesta.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, señaló en julio de ese año, que era poco probable que Ramírez fuese procesado. “El padre no puede responder por los hechos punibles cometidos por los hijos y a la inversa”, explicó.
El informe de actuación de la Contraloría General de la República 2013, reseña que entre las irregularidades detectadas en las compras efectuadas en 2007, 2008 y 2009 se encuentran pago de 50% de anticipo. Además, señala que hubo fallas en la nacionalización y almacenamiento por parte de PDVSA, Bariven y de la Aduana Principal de Puerto Cabello.
Un evento con implicaciones internacionales, ocurrió el mismo día del cumpleaños 44 del presidente de la corporación energética estatal, el 4 de agosto de 2007. En un vuelo privado llegó a Argentina el empresario Antonini Wilson. En una maleta llevaba oculto 800.000 dólares que no declaró en la aduana. El dinero fue decomisado, sin que mediara el propósito que se adujo: apoyar financieramente la campaña presidencial de la entonces candidata, Cristina Fernández de Kirchner. Wilson viajó a Miami donde se convirtió en confidente del FBI, cuya investigación determinó que los fondos provenían de PDVSA.
Otros eventos se convertirían en escándalos. La contratación del semisumergible Aban Pearl, que finalmente se hundió en el mar poco antes de iniciar operaciones en las costas del estado Sucre; la estafa de Francisco Illarramendi a los fondos de pensiones de trabajadores y jubilados de la industria; y el pago con sobreprecio de $403 millones a tres empresas (Derwick, Ovarb y KCT) que vendieron equipos eléctricos a Bariven, caso denunciado ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
En agosto de 2012, más de 40 personas fallecieron tras la explosión de la refinería de Amuay, evento que ocurrió en plena campaña electoral. Ramírez dirigió las operaciones de emergencia que, según voceros de la oposición, ocurrió por falta de mantenimiento, mientras el gobierno sostuvo que hubo un sabotaje a las instalaciones.
Su primo, Diego Antonio Salazar Carreño, se convirtió en un próspero empresario dedicado a la consultoría y al sector seguro, con hobby por el canto de música popular, como la salsa y el bolero, con viviendas en Venezuela, EEUU y Europa. Sin embargo, la proyección aritmética de la calidad de vida de este hombre de negocio se atribuye a la presencia de su primo en Pdvsa.
Salazar Carreño fue detenido en Venezuela en el año 2017 por su presunta vinculación a un caso de blanqueo de capitales en la Banca Privada de Andorra. De acuerdo con reportes de movimientos y apertura de cuentas bancarias, traspasos” y otros documentos encontrados por la Fiscalía de Venezuela, Salazar Carreño está involucrado con el blanqueo de capitales a través de una red que manejó fondos milmillonarios entre 2011 y 2012, por un monto estimado de mil 347 millones 339 mil 972 euros.
Ramírez cumplió 12 años como ministro de Energía y Minas. Eso lo convierte en el funcionario más longevo de los gobiernos chavistas.
Además, fue vicepresidente del PSUV para las regiones de Oriente y Occidente, coordinó el Órgano Superior de la Vivienda y presidió el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción. Igualmente, fue responsable de la relación económica de Venezuela con Cuba.
“Ramírez maneja la caja chica y sabe dónde están enterrados los esqueletos de los desaguisados de la revolución”, aseguró años atrás un consultor financiero. “Todo este poder lo maneja como en un club donde el ministro se reserva el derecho de admisión, con mucho celo para aprobar membresías. La cola de postulantes es larga”, dijo.
Por eso son muy pocas las manifestaciones públicas a favor de empresarios en su más de una década de gestión. En una de ellas destacó la labor de las empresas Venezuela Heavy Industries C.A. y Derwick.
De la última compañía, según una demanda que introdujo el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, Otto Reich, Ramírez habría recibido soborno.
Quienes sí tuvieron entrada directa, influyendo en sus decisiones, fueron son su esposa, expresidenta de PDVSA La Estancia (brazo cultural y artístico de PVDSA); su suegra, la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Rondón de Sansó, y su cuñado Baldo Sansó.
Incluso, su esposa y su suegra, ambas abogadas expertas en derecho administrativo, representaron a la industria en casos ante tribunales nacionales e internacionales. El cuñado participó en la colocación de bonos de la petrolera, en las negociaciones de la Faja del Orinoco y en la compra de La Electricidad de Caracas a la corporación estadounidense AES.
Ramírez asumió la política exterior de Venezuela. Se mudó de La Campiña, sede de Pdvsa, a la Casa Amarilla, edificio de la Cancillería de Venezuela en Caracas. Dejó una industria petrolera con problemas de producción y con el precio del petróleo por debajo de los $95.
El hombre más fuerte de la economía venezolana, tuvo que adaptarse al cambio de escenario y funciones, sin el peso de las llaves de la caja fuerte de Venezuela.
El 26 de diciembre de 2014 fue designado embajador de Venezuela en Nueva York ante la Organización de Naciones Unidas, días antes de que el país se incorporara, el 1 de enero de 2015, al Consejo de Seguridad de la ONU.
En octubre el diario estadounidense Wall Street Journal publicó nuevas alusiones a documentos filtrados a la prensa internacional sobre negocios irregulares de la máxima compañía estatal de Venezuela. El reportaje expuso que negocios de Ramírez y Salazar estaban bajo investigación de federales de Nueva York, Washington, Missouri y Texas, agentes del Departamento de Seguridad Nacional, la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI y otras agencias, de acuerdo con fuentes del WSJ. La publicación alude a documentos que evidenciarían presuntos sobornos multimillonarios a Salazar por contratos con la estatal.
“En una oportunidad, Salazar presuntamente pagó a la policía venezolana un soborno de US$ 80.000 para que ignoraran transacciones sospechosas, según muestran transcripciones de escuchas telefónicas policiales españolas vistas por The Wall Street Journal”, expone el reportaje.
El 17 de febrero de 2016, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y dirigente nacional del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, anunció que el poder legislativo venezolano iniciaría una investigación contra Ramírez por presuntas irregularidades administrativas durante su gestión frente a Pdvsa entre 2004 y 2014.
El 24 de junio de 2019, Ramírez solicitó a una corte de Houston anular un fallo por el que debía pagar 1.400 millones de dólares como compensación tras una demanda por fraude presentada por la compañía Harvest Natural Resources Inc.
El expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, aseguro luego que el Gobierno de Nicolás Maduro pretendía “intervenir y reflotar” a Cantv y Movilnet mediante una empresa transnacional de China.
Primos investigados
Varias agencias federales de los Estados Unidos, entre ellas la SEC (Comisión de Bolsa y Valores) y el FBI, investigan por lavado de dinero a dos gigantes de las finanzas y a varios asesores financieros que manejaron las cuentas del Luis Mariano Rodríguez, primo de Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA. Así lo afirmó en 2021 The Wall Street Journal.
Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC y varias firmas de asesoría financiera administraron cuentas de grandes sumas del “empresario” venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien está bajo investigación por su papel en supuestamente ayudar a ocultar una parte de unos 2 mil millones de dólares dentro del sistema financiero de Estados Unidos para su primo, el exministro de Petróleo venezolano Rafael Ramírez, según documentos gubernamentales revisados por WJS.
Agencias estadounidenses con apoyo de otras internacionales están examinando si Rodríguez ayudó a Ramírez a acumular fondos de cuentas estatales venezolanas a través de contratos de seguros fraudulentos de PDVSA, y luego blanqueó el dinero a través de cuentas en el extranjero.
Las autoridades están tratando de determinar por qué las firmas estadounidenses administraron más de 100 millones de dólares en valores y otros activos para Rodríguez cuando las cuentas mostraban claras señales de alerta por posible actividad de blanqueo de capitales.
Estas señales de alerta incluyen el escrutinio previo de los funcionarios reguladores y de aplicación y el hecho de que la fuente de los fondos fue Venezuela, que ha sido clasificada durante más de una década por el gobierno de los EE. UU. como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero.
Los orígenes de la investigación se remontan a casi una década. Rodríguez fue uno de varios venezolanos acusado por los fiscales y un tribunal del Principado de Andorra en 2012 de utilizar Banca Privada D’Andorra, o BPA, para lavar 2 mil millones de dólares, presuntamente obtenidos a través de seguros fraudulentos contratados con PDVSA. Los funcionarios estadounidenses dicen que los funcionarios venezolanos aprobaron contratos inflados con socios comerciales para asegurar proyectos de energía, dividiendo las ganancias. Si bien los acusados han negado las acusaciones de lavado de dinero, el caso de BPA sigue pendiente.
El supuesto entramado de lavado de dinero en Andorra fue una de las justificaciones citadas para las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra BPA en 2015. Esa sanción se levantó desde entonces, aunque la acción obligó al banco a disolverse. Esas acusaciones deberían haber disuadido a las instituciones financieras estadounidenses de administrar las cuentas de Rodríguez, dicen ex-funcionarios de cumplimiento contra el lavado de dinero del Departamento del Tesoro.
Los fondos de los venezolanos en BPA fueron congelados por la corte andorrana, pero se liberaron 200 millones de dólares, según un informe de inteligencia del Tesoro de noviembre de 2016. Poco después, Rodríguez y varios de sus asociados transfirieron 107,5 millones de dólares a su cuenta corporativa en Morgan Stanley, según el mismo informe.
Si bien la investigación del periódico estadounidense no mencionó a Diego Salazar, estos fondos serían los mismos descongelados al que fuera el operador de los seguros de PDVSA durante la administración de más de una década de su también primo, Rafael Ramírez. El desbloqueo de su cuenta fue posible gracias a las gestiones de su abogado, el ex primer ministro francés Dominique de Villepin.
Diego Salazar utilizó, para movilizar cientos de millones de dólares en BPA, empresas de maletín registradas en varios paraísos fiscales, en especial en Panamá a través del bufete Aleman Cordero Galindo & Lee, la mayoría a nombre de Luis Mariano Rodríguez Cabello y José Enrique Luongo Rotundo, primos de Ramírez, siendo el beneficiario final de todas ellas Diego Salazar Carreño, también primo de Rafael Ramírez Carreño.
Durante años, Salazar y Baldo Sansó, cuñado de Rafael Ramírez, fueron intermediarios de los millonarios contratos firmados por PDVSA con las aseguradoras de los empresarios venezolanos Omar Farías y Víctor Vargas Irausquín. Un ejemplo de las mil millonarias pérdidas para PDVSA atribuibles a este tipo de contratos irregulares es el caso de la tragedia de Amuay y el rol de Occidental de Seguros (parte del grupo de empresas de Víctor Vargas), en el cual Pdvsa perdió mas de 1.200 millones de dólares.
Morgan Stanley llegó a sospechar que esos fondos, recibidos en 15 transferencias electrónicas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, eran parte de los fondos liberados de BPA y cerró la cuenta de Luis Mariano Rodríguez en 2017, quien trasladó los fondos a Capital Guardian Wealth Management, un asesor de inversiones propiedad en parte del empresario francés, y socio durante mucho tiempo de Rodríguez, Jean François de Clermont-Tonnerre.
En 2018, Capital Guardian LLC, una corredora bajo la misma propiedad de la anterior, fue expulsada de Finra, la autoridad autorreguladora de la industria financiera, por no pagar una multa de 125.000 dólares impuesta por facilitar lo que Finra llamó transacciones sospechosas en Venezuela, por caso diferente al de la investigación sobre Rodríguez. La expulsión significó que la empresa perdió su licencia para brindar servicios de corretaje. A raíz de esto, Clermont-Tonnerre contrató a Interactive Brokers, la agencia de corretaje en línea más grande de EE. UU., para administrar la cuenta corporativa de Rodríguez, según registros citados por The Wall Street Journal.
Los investigadores federales están investigando por qué Interactive Brokers asumió la cuenta a pesar de las claras señales de alerta existentes. También están determinando el papel de Capital Guardian, sus propietarios y una firma de asesoría financiera sucesora, Avenir Private Advisors.
Mark Coffey, quien se desempeñó como oficial de cumplimiento de Capital Guardian y Avenir, presentó una denuncia ante la SEC en 2019 luego de una investigación interna, dijeron al periódico dos abogados que lo representan.
En la denuncia, Coffey proporcionó estados financieros, correos electrónicos, mensajes de texto, registros corporativos y otras pruebas que, según él, documentan múltiples violaciones de las leyes federales de valores antifraude.
Coffey dijo que expresó sus preocupaciones con los propietarios de la firma de asesoría financiera que manejaba la cuenta en 2019, Avenir Private Advisors, sobre los honorarios que Rodríguez pagó a sus asesores financieros que eran dos o tres veces las tasas de mercado para el tamaño de su cuenta.
Alrededor de la época en que el ex oficial de cumplimiento comenzó a hacer preguntas sobre actividades de la cuenta de Rodríguez que consideraba sospechosas, los propietarios de la firma de asesoría financiera comenzaron a liquidar los 70 millones de dólares restantes en la cuenta corporativa de Rodríguez en Interactive Brokers.
Las leyes bancarias federales de EEUU requieren que las casas de bolsa y otras instituciones financieras eviten que sus negocios se utilicen con fines ilícitos examinando a sus clientes y sus relaciones y evaluando los fondos y transacciones de los clientes.
No detectar, informar y prevenir el lavado de dinero expone a los bancos y las casas de bolsa a sanciones civiles y cargos penales, incluso si los investigadores determinan que una institución no sabía sobre actividades ilícitas, pero debería haberlo sabido.
Morgan Stanley e Interactive Brokers, así como los asesores financieros de Rodríguez, aún no han sido acusados de irregularidades.
Por el momento, tampoco Luis Mariano Rodríguez (que reside en Madrid), ni Rafael Ramírez (actualmente en Roma) han sido acusados formalmente en Estados Unidos. Recientemente, Ramírez evitó ser extraditado desde Italia a Venezuela a solicitud de Maduro.
Habrá que esperar al avance de las averiguaciones que adelantan la SEC y el FBI, con el apoyo de otros organismos internacionales, para ver si en un futuro cercano Rafael Ramírez deba enfrentar también una solicitud de extradición a EEUU.
Las investigaciones se aceleran y se estrecha el cerco alrededor del ex presidente de Pdvsa.
