Mientras el gobierno de Rafael Correa le ofrece asilo a Edward Snowden, acusado de espionaje por el gobierno estadounidense y pedido en extradición a Rusia, donde se encuentra actualmente, en agosto del año pasado el gobierno compró a una compañía israelí, pero registrada en Estados Unidos, equipos
de interceptación y escucha de llamadas y comunicaciones por teléfono celular.
La inversión total fue mínima, 5,5 millones de dólares, si se compara con la capacidad de los equipos. Obtuvimos en exclusiva los documentos que soportan toda la operación.
Los equipos fueron vendidos por una compañía constituida para esta transacción, llamada 500 Smart Solutions LLC., registrada en el estado de Delaware (EE. UU.) y dirigida por Gabriel Guecelevich. El representante del gobierno ecuatoriano en la transacción fue Pablo Romero Quezada, secretario nacional de Inteligencia. El equipo es calificado como “Sistema semi activo interceptor GSM y Sistema pasivo de vigilancia”.
Las capacidades del sistema interceptor de llamadas de teléfonos móviles son descritas por Guecelevich con lujo de detalles: clonan los celulares en tiempo real sin el acceso físico a la tarjeta SIM y sin necesidad de la cooperacion del operador; identifica llamadas entrantes y salientes, cambia de ruta las llamadas salientes y las envía a otro destino e intercepta mensajes de texto (SMS) a la entrada y salida.
Así mismo, el operador del sistema es capaz de definir el remitente de SMS, puede desconectar las llamadas interceptadas, soporta USSD -cualquier tipo de servicio telefónico que requiere de la combinación de teclas * y #-, no requiere la inserción de la SIM en el sistema de monitoreo, es capaz de operar en redes 3G, intercepta hasta 4 llamadas simultáneamente y monitorea los teléfonos en diferentes redes al mismo tiempo es capaz de interceptar eficazmente todos los teléfonos disponibles en el mercado.
Por si fuera poco también bloquea comunicaciones de teléfonos previamente especificados, ningún SMS o llamada telefónica podrá ser recibidas ni discada por los aparatos bloqueados mientras todos los otros celulares en el área siguen con comunicación normal. El sistema es capaz de realizar continuamente un servicio de localizador de aparato (objetivo) en cualquier canal deseado e incluye un dispositivo portátil para teléfonos UMTS (3G) que permite determinar la localización de los teléfonos por medio de indicaciones visuales y de audio, además de permitir la operación encubierta.
Sorprendentemente el sistema sería capaz de activar el micrófono del teléfono con el fin de escuchar el audio en las proximidades del mismo, graba las llamadas, tiene dispositivo de rastreo que se puede ocultar en un bolso o mochila «portátil y pequeño, de aspecto inocente» y permite la detección del objetivo con la señal de llamada en silencio. Puede trabajar desde un automóvil a una distancia de 250 metros, tiene un receptor de identidad para llamadas entrantes, puede clonar un teléfono y descifra encripción A5.1 y A5.2 en tiempo real, entre otras muchas capacidades.
El pago
Guecelevich solicitó inicialmente un pago de 50.000 dólares por la conducción de programas pilotos para determinar la operatividad de los sistemas. Después en oficio del Secretaría Nacional de Inteligencia ecuatoriana (Senain), con el identificador D-S-0031-2013, Romero Quezada informó a Guecelevich la decisión de la Secretaría de adquirir “el referido equipamiento” por 526.500 dólares.
En otro oficio secreto, identificado como SENAIN-CINF-S-135-2012, Jose Miguel Delgado, quien funge como Coordinador General de Infocomunicaciones y Proyectos Especiales de Senain, pregunta a Guecelevich si su empresa esta en disposición de proveer “aeronaves UAV” (vehículos aéreos no tripulados). La partida asignada para la compra por el gobierno ecuatoriano fue de 5,5 millones de dólares.
Entre los documentos obtenidos se encuentran también reportes de monitoreo de redes sociales y comentarios de periodistas y ciudadanos del común críticos de Rafael Correa y Nicolás Maduro, realizados por la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Mientras tanto, el gobierno ecuatoriano renunció unilateralmente y de manera irrevocable al Tratado de Preferencias Arancelarias con Estados Unidos (Atpdea). El miércoles, legisladores estadounidenses habían advertido que bloquearían la renovación de las preferencias si Correa concedía asilo político a Snowden. El programa caducaba el próximo 31 de julio.
El secretario de Comunicaciones, Fernando Alvarado, señaló que Ecuador ofrecía a los Estados Unidos los 23 millones de dólares anuales de los que se beneficiaba con el ATPDEA para «brindar capacitación en derechos humanos para ayudar a combatir tortura».
El 58 % de las exportaciones no tradicionales ecuatorianas tienen como destino Estados Unidos. Generan 400.000 empleos en un país de 14 millones de habitantes. Ecuador era el único país andino que continuaba con el sistema de preferencias, creado como apoyo en la lucha contra el narcotráfico, puesto que Colombia y Perú ya tienen acuerdos de libre comercio, y Bolivia fue excluida en 2008.
Con esta decisión se perjudican los productores de productos claves como las flores, atún y brocoli. El 97 % de la producción de brócoli, por ejemplo, se exporta a Estados Unidos. Los productores son monocultivadores de la región indígena de la Sierra central, que incluye las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, Carchi y Chimborazo.
Rafael Correa ha tomado una decisión que perjudica a todo el pueblo ecuatoriano por defender a los «adalides de la libertad de expresión», Julian Assange y Edward Snowden. Mientras tanto no solo pasó su ley «mordaza» a la prensa, sino que irónicamente es culpable del mismo pecado que denunció Snowden: el espionaje del gobierno a sus ciudadanos.